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López Obrador y la candidata Claudia Sheinbaum — Luis E Salgado / Zuma Press / ContactoPhoto

Inicio de las campañas electorales en México: guerra sucia, medios y bukelización

Los mentideros políticos dicen que, ante la derrota segura, la oposición buscará la anulación de los comicios, y que pretenden anclarse en todo tipo de acusaciones


La campaña electoral para las elecciones de 2024 en México inició formalmente el pasado 1 de marzo. El arranque ha sido intenso y han comenzado a decantarse las posiciones de los dos polos contendientes de una manera mucho más marcada que en las semanas anteriores, no sólo en cuanto a contenidos sino también en cuanto a tipo de propaganda.

El botín electoral es enorme, y eso explica la ferocidad que ha mostrado la alianza derechista PRI-PAN-PRD a pesar de la obviedad de que no tienen posibilidad de disputar la titularidad del Ejecutivo. Además de la Presidencia de la República, se renovarán las dos cámaras legislativas, 8 gubernaturas más la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 31 congresos locales, ayuntamientos en 29 entidades federativas y las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Cualquier espacio ganado es un logro para una clase partidista que ha visto escaparse un poder que otrora fue hegemónico. Todo parece valer en estos momentos, y la variedad de intereses interviniendo nos entrega a un panorama de desinformación, campañas negras y bukelización del discurso.

La tensión comenzó a elevarse el 30 de enero con la publicación en simultáneo de tres reportajes en medios internacionales que abordaban —con distintos matices, desde la duda hasta la afirmación— la posibilidad de que un colaborador del hoy presidente AMLO hubiera recibido dinero de un cártel del narcotráfico en 2006. Los reportajes tenían como origen la misma filtración de la DEA y carecían de la solidez necesaria para abordar una acusación de este calado en pleno año electoral.

Analistas coinciden en que la animadversión entre la DEA y el hoy presidente mexicano nació en la absolución del oscuro general Cienfuegos, aprehendido en Estados Unidos por esa agencia y entregado para ser investigado a México, que lo exoneró luego de presiones de los militares. Como represalia por la aprehensión, López Obrador habría emitido una disposición legal para limitar la acción de los agentes estadounidenses en territorio nacional mexicano. La publicación de los reportajes obtuvo respuesta del presidente, quien acusó a uno de los periodistas de ser peón de la DEA y denunció intervencionismo.

No es que sea extraño que los periodistas trabajemos a partir de alguna filtración, y eso no nos hace en automático peones de nadie. Pero decidir trabajarla requiere una valoración, por parte del medio y del periodista, de las intenciones de quien filtra y de la existencia de medios de prueba independientes para corroborar lo que nos ofrecen. Máxime cuando el origen de la información está en fuentes anónimas o en testigos protegidos, que muchas veces acomodan sus testimonios pensando en complacer a quien los protege o en fabricar versiones donde ellos buscan exculparse de hechos delictivos.

Los embates no pararon ahí. El 22 de febrero, López Obrador exhibió en su conferencia matutina habitual un requerimiento de información de The New York Times para otro reportaje que informaba que Estados Unidos indagó acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente de México. Además de llamar al medio calumniador, López Obrador dio a conocer el número telefónico de la periodista y posteriormente afirmó que, por encima de las leyes que prohíben la difusión de esta información, está la dignidad de su cargo. En un país que es uno de los más letales en el mundo para ejercer el periodismo, la acción presidencial desató la desaprobación de una buena parte del gremio periodístico.

A esto se sumó otra publicación del Wall Street Journal, acusando que la influencia de los cárteles había crecido durante este sexenio. Luego vino una pieza con pretensiones de reportaje presentada por el comunicador Carlos Loret de Mola, conocido por su participación, entre otros episodios que ponen en duda que siga algún código deontológico, en el montaje de la detención de una presunta banda de secuestradores en conjunto con García Luna, un exfuncionario panista sentenciado en Estados Unidos por ligas con el crimen organizado. La pieza mostraba a un narcotraficante, hermano de un político del opositor Partido de la Revolución Democrática, señalando una supuesta financiación al hoy presidente por parte de un cartel distinto al señalado por la DEA.

La derecha opositora, que ya entró de lleno al uso de propaganda negra con la integración de un viejo conocido en estas estrategias al cuarto de guerra de Xóchitl Gálvez, aprovechó la ocasión para activar sus ejércitos de bots promoviendo el hashtag #NarcoPresidente en más de 10 ocasiones. Los mentideros políticos dicen que, ante la derrota segura, la oposición buscará la anulación de los comicios, y que pretenden anclarse en este tipo de acusaciones.

Gálvez, desde una posición muy baja en las encuestas, ha decidido ir a la ofensiva con lo que se le ponga delante. La empresaria y política ha comenzado a prometer acciones cuya única coherencia parece ser explotar las fallas y debilidades del gobierno actual, sobre todo en seguridad pública. Eso sí, sin que haya dicho una palabra de la responsabilidad de los partidos que la postulan en la grave crisis de violencia en la que está sumido el país. Baste recordar que su correligionario, el expresidente Felipe Calderón, es quien inició con la llamada Guerra contra el Narcotráfico, y que varios de sus exfuncionarios están acusados de corrupción o de vínculos con el crimen.

La derecha, en voz de Xóchitl, recalca que ella acabará con la política obradorista llamada “Abrazos, no balazos” e insiste en que sí hará pagar al crimen. Otro día promete “cuidar al Ejército”. Luego señala que construirá una mega cárcel de alta seguridad con tecnología de punta. Al otro día firma con sangre (literalmente) que continuará con los programas sociales instaurados por el presidente.

Mientras tanto, la candidata oficialista Claudia Sheinbaum continúa con una campaña que navega sobre la popularidad del mandatario: a la manera de AMLO, presentó 100 promesas electorales; sigue anunciando que profundizará la llamada “Cuarta Transformación”; y comienza a señalar que le imprimirá su propio estilo al movimiento gobernante, sin que esté tocando temas que sean controversiales para el actual jefe de Estado.

Hasta este momento, no han merecido atención y seriedad los temas que son más decisivos en materia de justicia. La reforma de las fiscalías, el desmantelamiento de las complicidades entre la clase política y el crimen que domina regiones enteras del país, la creciente participación del Ejército en la vida pública, las desapariciones de personas, los ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas. Son temas que cotidianamente lastiman la vida de las personas y la calidad de la democracia, y que la terca realidad se encargará de recordar, aunque no vayan de acuerdo con las conveniencias y los tiempos electorales. Tal y como está pasando en este mismo momento con el caso Ayotzinapa.


Madrid –

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Editorial

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