General Ricardo Yañez, director de Carabineros
Un jefe policial chileno será juzgado por violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2019
Esta es la primera vez que un jefe policial podría ser juzgado estando en el ejercicio de su cargo. “Voy a seguir trabajando hasta que las condiciones así lo permitan”, dijo el general Yáñez
Como balde de agua fría cayó en la policía chilena y el gobierno de Gabriel Boric la acción de un fiscal que investiga las violaciones a derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante el llamado “estallido social” de 2019, quien solicitó a la justicia la formalización del actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y otros dos ex altos oficiales.
Los tres han sido acusados de “omisión ante apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y de homicidio” en el actuar de la policía en las calles —sobre todo en Santiago, la capital chilena— a partir del 18 de octubre de 2019, que dejó un saldo de una treintena de muertos, más de 12.500 personas heridas y atendidas en hospitales públicos, más de 400 personas con traumas oculares (dos de ellas con pérdida total de visión), y al menos 475 denuncias ante las fiscalías en contra de carabineros por torturas, golpizas, agresiones sexuales y desnudamientos, entre otras vulneraciones.
El ahora jefe policial durante la rebelión social de 2019 estaba a cargo del dispositivo de orden y seguridad en las calles de la ciudad, y disponía entre otros recursos bajo su mando de tropas especiales antimotines, armadas de escopetas de perdigones, escudos e implementos para la lucha cuerpo a cuerpo. Las llamadas Fuerzas Especiales de Carabineros además cuentan con carros lanza agua, carros lanza gases, buses de transporte de detenidos y una red de cuarteles para mantener a los detenidos antes de entregarlos a tribunales.
Casi todas las denuncias por torturas indican que estas se produjeron en los carros policiales o en los cuarteles, durante las movilizaciones sociales en las calles o durante el toque de queda. Junto al general Yáñez, el fiscal Xavier Armendáriz y la fiscal Ximena Chong apuntan también contra el retirado general Mario Rozas, quien fue director general y jefe directo de Yáñez, y el subdirector Diego Olate, hoy también retirado.
La justicia los acusa de “omisión” pues permitieron que las fuerzas desplegadas en las calles actuaron como si hubiesen estado “fuera de control” y usaron su armamento de manera sistemática, con disparos a la altura de la cabeza y producir la pérdida de ojos. Siete veces Yáñez ha sido citado a declarar ante la fiscal Chong en calidad de inculpado. Las veces que ha ido se ha acogido a su derecho al silencio. Y ha sido hermético.
“Los jefes policiales no pueden alegar desconocimiento sobre lo que sucedía en las calles con los perdigones disparados a los ojos o los abusos contra las personas en las comisarías. Pero tardaron semanas, incluso meses en corregir o rectificar el actuar represivo; ya el daño estaba hecho”, dice una activista de una organización de derechos humanos y que ha trabajado con los abogados que han presentado denuncias, recopilando datos y testimonios. Y añade: “El gobierno de Piñera tampoco se hizo cargo de estos crímenes y abusos, pese a que ese mismo año se conocieron cuatro informes sobre la situación de derechos humanos, todos dando cuenta de las vulneraciones”. La referencia es a los contundentes informes que calificaron de “masivas” violaciones cometidas por las fuerzas policiales o de las Fuerzas Armadas consignadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de DDHH, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
El impacto político
La solicitud ante las cortes realizadas por los fiscales para que los jefes policiales sean juzgados por su responsabilidad en las vulneraciones contra los manifestantes de octubre de 2019, impactó como un terremoto de alta intensidad en todas las esferas del Estado chileno. Se produjo cuando Chile vive una crisis de seguridad pública derivada de crímenes de fuerte connotación, la actuación de organizaciones de crimen organizado dedicadas al narcotráfico y la trata de personas —migrantes sobre todo— y la presencia de mayor armamento en las calles.
El gobierno de Gabriel Boric ha aumentado considerablemente el traspaso de recursos a las policías, modernizando sus equipos, aumentando las dotaciones de personal y vehículos, mejorando la infraestructura policial, y elevando las capacidades para el combate a la criminalidad. Al mismo tiempo, el gobierno ha reforzado la recuperación de espacios públicos invirtiendo en luminarias, mejorando las coordinaciones de los equipos municipales de seguridad ciudadana y multiplicando los programas sociales para aislar a la delincuencia. El presupuesto nacional para la seguridad pública creció sobre el 5 por ciento para este 2024. Pese a todo ello, la sensación de inseguridad se mantiene en la población.
Parte importante de estas gestiones gubernamentales se han realizado por el trabajo cercano del gobierno con la jefatura de Carabineros, y en particular con su general director, Ricardo Yáñez. El Gobierno y Yáñez han invertido recursos y tiempo para recuperar la imagen de Carabineros, un cuerpo militarizado que tuvo hace cinco años un bullado caso de corrupción que involucró a más de 200 efectivos policiales y la salida de más de 40 altos oficiales. La imagen de la institución volvió a caer con el asesinato y encubrimiento de un líder mapuche y luego con el propio “estallido social”.
Esta es la primera vez que un jefe policial podría ser juzgado estando en el ejercicio de su cargo. “Voy a seguir trabajando hasta que las condiciones así lo permitan”, dijo el general Yáñez el jueves, cuando se reunió vía telemática con el cuerpo de generales de la institución, integrado por unos 40 altos oficiales. Pero la presión se ha hecho sentir y son pocos quienes apuestan a que pueda mantenerse en su puesto si es que la justicia acepta iniciar el juicio.
En el gobierno, la primera reacción fue de cautela, a la espera de los pasos de la justicia. “Hay una solicitud de formalización. Nosotros esperamos la audiencia de formalización para tomar cualquier decisión como gobierno. Nuestro interés es que la institución de Carabineros pueda seguir funcionando”, dijo la ministra portavoz, Camila Vallejo.
A su vez el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, precisó la postura gubernamental: “En Chile el respaldo es a las instituciones, no a las personas. Hemos tenido un trabajo de coordinación, de colaboración con el general Yáñez en el transcurso de estos dos años, valoramos ese trabajo, pero también valoramos la autonomía de otros poderes del Estado”.
Como una señal de normalidad fue interpretada la llamada telefónica que hizo el presidente Gabriel Boric al cuestionado jefe policial, develada por el abogado de Yáñez. “Las conversaciones privadas no se comentan públicamente, a nosotros nos corresponde que las instituciones funcionen”, dijo el gobernante, para añadir que no hay que tener dudas “de que estamos atentos a esto”, y reiteró que el gobierno seguirá trabajando con la institución para mejorar los problemas de seguridad pública, eso “es primera prioridad”, remató.
Las fuerzas que apoyan al gobierno se mostraron divididas, mientras los sectores socialdemócratas coincidían con la derecha para manifestar su apoyo al jefe policial, el Frente Amplio y el Partido Comunista pujaron por su salida.
Pero al final todos, el general, el gobierno y los partidos políticos y sus parlamentarios ganaron tiempo. Desde tribunales se informó que la formalización del jefe policial —no hay dudas que eso sucederá— se hará en mayo. Mientras el general seguirá en la cuerda floja.
Madrid –
