Monolito en el cementerio de La Serena que recuerda a los 15 fusilados por la Caravana de la Muerte — Simón Díaz-Cuffin / Wikipedia
La justicia chilena condena a un ex jefe del Ejército por el fusilamiento de quince personas
La orden para que actuara la “Caravana de la muerte” por casi un mes quedó impresa en un documento escrito y firmado por Pinochet que el general Arellano Stark guardó por décadas
Le llamaron el “general del nunca más” luego que como comandante en jefe del Ejército de Chile divulgara un documento en el que reconocía los crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet, pidió perdón por las violaciones a los derechos humanos durante esos 17 años y repitió como mantra: “Nunca más”. El general Juan Emilio Cheyre publicó en 2004 el documento “Ejército de Chile: el fin de una visión” y se ganó los aplausos de los gobernantes de entonces y de todos los sectores políticos. Pero hace 20 años el general omitió y negó después, su participación en un episodio conocido como la “Caravana de la muerte” en su paso por la ciudad chilena de La Serena, que dejó una estela de quince personas fusiladas sin juicio previo. Hace menos de una semana, el general Cheyre, el jefe del Ejército que dijo “nunca más” fue condenado por la Corte Suprema como cómplice de los asesinatos de los 15 fusilados por su adhesión al gobierno socialista de Salvador Allende.
Unas tres semanas después del golpe de Estado que derrocó a Allende, el general Augusto Pinochet citó en su despacho al también general Sergio Arellano Stark y le encomendó la misión de recorrer el país para “acelerar los procesos” contra los detenidos en las regiones, principalmente los líderes locales de la izquierda. Arellano Stark conformó un comando y a bordo de un helicóptero Puma comenzó a viajar por Chile de sur a norte, revisando los antecedentes de los prisioneros, seleccionando nombres y ordenando sus ejecuciones sumarias, muchas veces antecedidas de largas sesiones de torturas. El viaje de la aeronave finalizó con más de 75 personas acribilladas, y sepultadas clandestinamente.
Una de los lugares por donde pasó la comitiva militar fue la nortina ciudad de La Serena, donde el entonces teniente Cheyre era jefe de la unidad de inteligencia del Ejército y también ayudante del jefe del regimiento local. Arellano Stark presentó sus órdenes y los oficiales del Ejército le entregaron las nóminas de los dirigentes izquierdistas que estaban en los calabozos, muchos de ellos ya destrozados por las torturas a los que habían sido sometidos. El fallo de la Corte Suprema que condenó a Cheyre emitido el jueves pasado dice que Cheyre fue el oficial que entregó los nombres de quienes debían ser ejecutados y que desde el primer momento supo la suerte que correrían las personas seleccionadas, no solo porque participó en las reuniones preparatorias sino también que como jefe de la unidad de inteligencia estaba al tanto de quiénes eran las personas detenidas.
Hecha la selección, los militares sacaron de las cárceles a las quince personas designadas, las llevaron maniatadas y vendadas en un camión hasta el polígono del regimiento donde los esperaban los fusileros. Fueron acribillados por fuego de ametralladoras, varios de ellos recibieron un tiro de gracia en la cabeza y los cuerpos enseguida fueron llevados al cementerio local para ser sepultados en una fosa común, sin marcas, si lápidas, sin señas. Recién en los años 90 fue localizado el lugar y exhumados los quince cuerpos, que sometidos a autopsias y análisis forenses comprobaron lo que ya se sabía: todos los cuerpos presentaban múltiples impactos de balas.
La orden para que actuara la “Caravana de la muerte” por casi un mes quedó impresa en un documento escrito y firmado por Pinochet que el general Arellano Stark guardó por décadas. De hecho, fue una de las principales piezas probatorias para llevar al fallecido dictador ante la justicia, luego de ser liberado desde Londres donde estuvo bajo arresto durante 501 días por una orden de captura internacional emitida por el juez español Baltasar Garzón. Pinochet fue acusado de los crímenes, despojado de su fuero parlamentario pues era senador vitalicio según la Constitución de entonces, pero no llegó a ser condenado ya que falleció en diciembre de 2006.
La suerte del también ex jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre fue distinta. Cuando todavía era teniente en el regimiento de La Serena recibió a un pequeño niño de dos años cuyo padre argentino y madre mexicana fueron acribillados en la cordillera por una patrulla militar
La suerte del también ex jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre fue distinta. Cuando todavía era teniente en el regimiento de La Serena recibió a un pequeño niño de dos años cuyo padre argentino y madre mexicana fueron acribillados en la cordillera por una patrulla militar. El oficial jefe de Cheyre le ordenó entregar al niño a un convento, donde fue recuperado mucho después por la familia argentina del menor de edad. Unos 30 años después, Ernesto Lejderman inició una querella por el asesinato de sus padres. Pero el nombre de Cheyre no era conocido.
El presidente socialdemócrata Ricardo Lagos se vio ante la necesidad de nombrar a un nuevo comandante en jefe del Ejército. Sus asesores le recomendaron al general Cheyre, que mostraba —dijeron— “una hoja de vida intachable”. En marzo de 2002, Lagos puso las presillas a Cheyre y quedó investido como jefe del Ejército. Un año después estalló el caso del niño Lejderman, y el jefe militar fue citado por la justicia como “testigo”. Al no quedar involucrado, Cheyre inició su blanqueo, primero con el documento crítico a los crímenes de la dictadura y luego con sus sentencias del “nunca más”.
Ya estaba en retiro cuando dos sobrevivientes de las torturas a las que fueron sometidos en la unidad militar de La Serena apuntaron a Cheyre. El general negó toda participación, pero comenzaron a aparecer los testigos de los crímenes de la “Caravana de la muerte” y ahora fueron militares de baja graduación los que apuntaron hacia el general. En 2016 un juez investigador ordenó por primera vez el arresto del ex alto oficial, y en 2018 el magistrado Mario Carroza emitió una sentencia de tres años y 1 día como “encubridor” de los crímenes de la “Caravana de la muerte”.
Cuatro años después, el 2022, la sentencia fue confirmada por una Corte de Apelaciones. Pero por entonces una jueza especial asignada a una Corte Marcial también ordenó el arresto de Cheyre, ahora por malversación de fondos público mientras era jefe del Ejército. El fraude es por unos 150 mil euros, según determinó la magistrada Romy Rutherford.
El jueves pasado, la Corte Suprema corrigió la sentencia original por la causa “Caravana de la muerte” y Cheyre pasó de “encubridor” a “cómplice”, y su pena de cárcel aumentó a cinco años y 1 día. El general del “nunca más” no pudo escapar de la justicia.
Madrid –
