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Guerrero, México, agosto 2023 — David Juarez / Zuma Press / ContactoPhoto

Las personas desaparecidas en México: una tragedia humana que no dejará de clamar por justicia y verdad

Las personas desaparecidas tienen derecho a ser buscadas efectivamente y a que se proporcione verdad, justicia y reparación


En las últimas semanas, la desaparición de personas ha vuelto a tomar centralidad en el escenario político en México. Dos temas han hecho volver los ojos hacia esta herida dolorosa que sigue cobrando víctimas a lo largo de toda la geografía nacional: la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas y los ataques infundados del presidente López Obrador contra el prestigioso Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que representa legalmente y acompaña a familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, desde 2014.

Antes de cualquier argumento, es necesario entender que la desaparición envía a familias enteras —y particularmente a las mujeres— a un limbo dolorosísimo del que no se sale hasta que se sabe el destino de la persona. En esa zona gris, no sabes si tu esposo, tu hija, tu hermano, viven o murieron; si están esclavizados por el crimen organizado, fueron víctimas de ejecución, están siendo torturados o son víctimas de explotación sexual. Si duermen en el frío, si han comido, si te llaman en silencio, o si sus cuerpos esperan en una de las miles de fosas clandestinas que hay en la geografía nacional. Merced a la histórica inefectividad y complicidad con el crimen de las fiscalías, que lleva a una impunidad casi segura, la investigación por cuenta propia y la búsqueda de la persona querida desaparecida se vuelven el eje de la vida de las familias. En este espacio de no-vida permanecen decenas de miles de familias en México.

Este amor y este dolor ha impulsado a centenares de familias en búsqueda a conformar movimientos, organizaciones y colectivos que reclaman búsquedas efectivas e investigaciones diligentes; que han desarrollado métodos de búsqueda en terreno con recursos propios; que ocupan el espacio público para nombrar a quienes les faltan; que han hecho incidencia política y legislativa y que se han convertido involuntariamente en un termómetro moral y político del país.

En este panorama, el actual gobierno federal ha echado a andar algunas de las instituciones y herramientas clave establecidas en la Ley General de Desaparición, impulsada por el movimiento de familiares y que entró en vigor en enero de 2018. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda, comisiones estatales y centros de identificación humana para hacer frente a la grave crisis forense. Otras herramientas que serían fundamentales —como el Banco Nacional de Datos Forenses— siguen sin instalarse, y la coordinación entre fiscalías y comisiones de búsqueda, así como el funcionamiento real de las herramientas siguen siendo un reto. Continuamente se registran desacuerdos entre las familias y las autoridades de distintos niveles, debidos mayormente a la falta de diligencia de los funcionarios y al traslado de las responsabilidades de búsqueda e investigación a las familias. Ellas nunca quitan el dedo del renglón, pues se juegan vida y esperanza en ello.

El más reciente encontronazo se originó tras presentar el Gobierno Federal su Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas. El paso presentado hasta ahora fue una especie de depuración del registro de personas desaparecidas tras señalar el propio presidente que las cifras de desaparición están infladas para perjudicar a esta administración. De las 110 mil personas registradas, se calificó como “confirmadas como desaparecidas” a solamente 12 mil, y localizadas a 16 mil, mientras que el resto quedó en otras categorías debido a falta de información atribuible exclusivamente a las autoridades (fiscalías y comisiones de búsqueda).

Las familias se manifestaron firmemente contra este censo por varias razones: por el método para realizarlo, al que calificaron de opacoinsensible y revictimizante; porque las categorías usadas para determinar quién sí es “desaparecidoconfirmado” y quién no se crearon sin una base técnicaapegada a la ley general y, sobre todo, porque percibieron que la finalidad era volver a desaparecer a sus familiares —esta vez de las cifras oficiales— a la luz del final de sexenio. La indignación de las familias llevó al Gobierno federal a rectificar, precisando que no dejarán de buscar a las otras 92 mil personas desaparecidas.

El otro episodio ha sido la acusación, desde la propia conferencia matutina del presidente, de que los abogados del jesuita Centro Pro están obstaculizando la resolución del caso Ayotzinapa para dañar al gobierno. López Obrador ha afirmado, basado en conjeturas forzadas, que los abogados representan tanto a víctimas como a presuntos victimarios de la desaparición forzada buscando su liberación, que impiden que los familiares se comuniquen directamente con gobierno y medios de comunicación y que en otros sexenios fueron complacientes con los gobiernos.

La historia y trayectoria del Centro Prodh, nacido de la Teología de la Liberación y con un camino de casi cuatro décadas, desmienten las acusaciones. Han sido firmes acompañantes del movimiento de familiares en búsqueda, de las mujeres sobrevivientes de tortura sexual en Atenco, de la testigo clave de la masacre de Tlatlaya, de las indígenas Jacinta, Alberta y Teresa, de las indígenas sobrevivientes de tortura sexual Valentina e Inés, entre otros episodios de graves violaciones a derechos humanos. Su labor les ha valido hostigamiento, calumnias y espionaje que no ha sido esclarecido.

Los abogados del Centro Prodh han aclarado —y es meridianamente claro para quien se tome la molestia de leer sus comunicados— que la exigencia ha sido que las fiscalías realicen investigaciones de manera exhaustiva y diligente, poniendo los derechos de las víctimas en el centro, no privilegiando líneas de investigación porque sean convenientes y no descartando los hilos que sean incómodos. Se han opuesto al uso de la tortura para obtener confesiones —práctica sistemática en México— y han exigido que la prueba firme y científica sea el tamiz para las líneas que se siguen. Y esto ha llevado a que se toquen responsabilidades no solamente del crimen organizado, sino de las autoridades, incluyendo al poderoso Ejército mexicano.

Las propias familias de Ayotzinapa han salido a desmentir los señalamientos contra el Centro Pro y, tras nueve años de búsqueda, a tener que afirmar su propia capacidad de agencia, precisando que son ellas quienes deciden el rumbo de sus acciones y que las ONG les acompañan en la parte técnica y personal. Han señalado que ven estas acusaciones presidenciales como un intento para separarlos de su defensa y para desviar la atención de una de sus exigencias centrales: que el Ejército entregue la información que aún retiene sobre los hechos y que niega que exista, a pesar de las evidencias de lo contrario. Una de las madres ha señalado: “Que nos digan que no hay avances, que no hay nada, pero que no descalifiquen o busquen culpables de la falta de resultados(…) cuando el culpable de todo son las fuerzas armadas”. Lastimosamente, no es la primera ocasión que se ha chocado por este tema, y las familias han señalado que estos ataques acaban defendiendo en los hechos la versión fabricada por el gobierno anterior.

Es claro que la relación de la actual administración con el movimiento de familiares en búsqueda está severamente lastimada, lo que es verdaderamente lamentable pues los únicos que ganan son los sectores que han llevado al país a ser un camposanto. No hay duda de que la mermada oposición al Gobierno ha intentado instrumentalizar las fallas en la búsqueda de las personas desaparecidas y seguirá intentándolo con todo cinismo. Pero las familias no son ingenuas, saben bien el papel que han jugado esos partidos —desde iniciar la llamada “Guerra contra el narcotráfico” hasta mantener las complicidades locales con el crimen— y han rechazado contundentemente el oportunismo político. Su horizonte no es otro que encontrar a quien les fue arrebatado.

Con todo y estos episodios, las obligaciones del Estado en cuanto a desaparición permanecerán. Las personas desaparecidas tienen derecho a ser buscadas efectivamente y a que se proporcione verdad, justicia y reparación. El reto es inmenso, complejo y será de largo aliento, pero también ineludible para reparar a un país roto y adolorido. La Ley General de Desaparición es una guía, pero la más efectiva seguirá siendo la escucha a las familias y el respeto a su derecho a la participación y, sobre todo, a su dignidad. 


Madrid –

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