Macro-cárceles y criptomonedas: el modelo Bukele para América Latina
Bukele ha ido cercenando el derecho a la legítima defensa, ha impuesto una ley mordaza que pena con hasta 15 años de cárcel informar sobre las pandillas y ha creado unas condiciones de inseguridad jurídica que sirven para desmovilizar a la sociedad civil
Se autodefine como “el dictador más cool del mundo” y se considera “un instrumento de Dios”. Su popularidad alcanza el 90% en El Salvador y es el espejo en el que se mira buena parte de la derecha populista latinoamericana. Sus dos principales medidas —la lucha contra las pandillas y establecer las Bitcoins como moneda de curso legal— han convertido al país en un híbrido entre una cárcel y un casino: personas encarceladas sin pruebas ni acceso a un juicio o a un abogado, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de un lado. Influencers, creadores de contenidos y nómadas digitales blandiendo palos selfies y pagando con criptomonedas por medio de códigos QR, de otro. Son las dos caras de un mismo país.
Si hay una fecha clave para entender la cruzada de Bukele contra las pandillas esa es el 27 de marzo de 2022. Ese día, el Gobierno salvadoreño decretó el estado de excepción tras el asesinato de 87 personas, sin vínculos criminales, en un solo fin de semana. La masacre se produjo tras una probable ruptura de un pacto secreto entre el Gobierno y la Mara Salvatrucha. A partir de entonces comenzó una guerra sin cuartel contra estas organizaciones criminales que se amparó en el régimen de excepción: militarización de las calles, arrestos arbitrarios, intervención de comunicaciones, detenciones preventivas, suspensión de las garantías constitucionales del derecho a la defensa.
Con la excusa de la lucha contra las maras, Bukele ha ido cercenando el derecho a la legítima defensa, ha impuesto una ley mordaza que pena con hasta 15 años de cárcel informar sobre las pandillas y ha creado unas condiciones de inseguridad jurídica que, en última instancia, sirven para desmovilizar a la sociedad civil. La excepcionalidad, prorrogada en hasta en once ocasiones, se ha vuelto norma en El Salvador y dura ya más de un año y medio. Todo gracias al control que tiene Bukele sobre todos los poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. De este modo, mientras se restringen derechos fundamentales, la figura del presidente acumula más y más poderes extraordinarios. Luego les hablaré más de esto.
Un año y medio después las cifras de criminalidad han bajado drásticamente: a día de hoy el país cuenta con una tasa de 2 homicidios por cada 100.000 habitantes frente a los 103 de 2015 o los 18 de 2021, según fuentes del Gobierno. Pero estas cifras no han salido gratis: el saldo de la guerra deja a más de 70.000 detenidos (un 1% de la población), cientos de desaparecidos en las cárceles y miles de denuncias por detenciones arbitrarias. En el último año, y desde la intensificación de la guerra contra las maras, El Salvador triplicó su población carcelaria, pasando de 30.000 a 96.000 presos. Esto ha convertido a El Salvador en el país con una tasa más alta de presos del mundo, con 605 reclusos por cada 100.000 habitantes, por encima de Estados Unidos.
Y para albergar a toda esa población reclusa, Bukele ha tenido que construir nuevos centros penitenciarios. Las macro-cárceles. Hace apenas un año, el presidente de El Salvador anunciaba la construcción del denominado Centro de Confinamiento del Terrorismo. Una cárcel de 23 hectáreas de extensión, 8 pabellones, y un muro de 11 metros de altura, alambradas electrificadas y 19 torres de vigilancia para protegerla. Casi mil efectivos de las fuerzas de seguridad vigilan las instalaciones ante cualquier fuga o motín. No cuenta con patios para pasear o de recreo. Y para construirla, solamente necesitó 7 meses.
Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch o Cristosal, han denunciado el hacinamiento extremo en las prisiones, torturas y la muerte de al menos 90 personas bajo custodia. También la detención de menores: al menos 1082 niños y niñas han sido detenidos durante el régimen de excepción. ¿Cómo? Pues porque el gobierno de Bukele rebajó la edad penal de los 16 a los 12 años en los casos de delitos relacionados con las pandillas.
La otra medida estrella del Gobierno de Bukele son las criptomonedas. La criptodivisa, después de ser probada durante dos años en la localidad surfera de El Zonte, rebautizada como Bitcoin Beach, fue adoptada como moneda de curso legal por Bukele el 8 de junio de 2021. A partir de entonces, El Salvador se convirtió en una especie de lugar de peregrinaje de influencers, creadores de contenido y fanáticos de la tecnología. La mayor parte viene de países como Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Bélgica, Países Bajos o Dinamarca.
El 21 de noviembre de 2021 Bukele anunció la construcción de la primera ciudad cripto del mundo: la Bitcoin City. La ciudad estará situada a las faldas del volcán Conchagua y se financiará con la venta de bonos soberanos en Bitcoin. Las imágenes compartidas por el Gobierno muestran una metrópoli estructurada en hexágonos en torno a una plaza central con el símbolo de la Bitcoin. La idea es que la economía local funcione con criptomonedas y que la ciudad se alimente con la energía geotérmica del volcán. Los únicos impuestos que pagarían los residentes serían por los servicios y bienes comprados. Además, aquellos inversores que gasten más de 100.000 dólares, obtendrán la nacionalidad salvadoreña.
«No tendremos impuesto sobre la renta. No habrá impuestos sobre las ganancias, cero impuestos sobre la propiedad, ni impuestos sobre las contrataciones, cero impuestos municipales y cero emisiones de CO2. El único impuesto que van a tener en ‘Bitcoin City’ es el IVA, la mitad se usará para pagar los bonos de la municipalidad y lo demás para la infraestructura pública y el mantenimiento de la ciudad», aseguró Bukele en la presentación del proyecto. Es decir, un patio trasero de toda la vida, para que las grandes fortunas del mundo puedan lavar capitales. Eso sí, todo bien envuelto con esa retórica cripto para que parezca algo novedoso y puntero.
Resumiendo, podemos decir, que, si bien la guerra contra las maras ha reportado resultados al gobierno de Bukele y una enorme popularidad (a costa de vulnerar una enorme lista de derechos humanos), su economía basada en las criptomonedas parece ser un fracaso. Las bitcoins, supuestamente iban a favorecer la inclusión financiera de los salvadoreños sin acceso al sistema bancario (que suponen el 70% de la población) y a reducir los costes de las transferencias de la diáspora (que supone un 21% del PIB). Sin embargo, dos años después, los beneficios siguen sin percibirse: casi ningún comercio acepta pagos con la criptodivisa, sólo el 2% de las transferencias internacionales recurren a ella, y únicamente un 20% de los salvadoreños que se descargaron la App del gobierno para facilitar las transacciones diarias con bitcoins, continuaron usándola después de gastar los 30 dólares gratuitos que incluía. Por si fuera poco, con el hundimiento de las bitcoins, los fondos públicos que el Gobierno de Bukele ha depositado en la criptomoneda (unos 107 millones de dólares) han perdido más de la mitad de su valor inicial.
Durante una entrevista realizada por Tucker Carlson en Fox News, el presidente Bukele lo admitió: la adopción del bitcoin fue una enorme operación de “rebranding”. Es decir, dinero público para construir la marca personal de Bukele, pero que no reporta ningún beneficio al país.
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