Malvinas, Milei y una ocupación ¿“ad eternum”?
La ocupación británica de las Islas Malvinas niega a Argentina el acceso de uno de sus territorios de ultramar, sometiendo a Buenos Aires a los designios de Londres
A lo largo y ancho del globo, las Naciones Unidas reconocen diecisiete “territorios no autónomos”, es decir, “territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio”. Por regiones, dichos territorios son los siguientes: en África, el Sáhara Occidental; en Europa, Gibraltar; en el Pacífico, la Samoa Americana, la Polinesia Francesa, Guam, Nueva Caledonia, Pitcairn y Tokelau; en el Atlántico y el Caribe, Anguila, Bermudas, Montserrat, Santa Elena, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, las Islas Turcas y Caicos, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán… y las Islas Malvinas. Al margen de algunos cuestionamientos sobre el alcance y los criterios de esta lista, que excluye territorios como Puerto Rico o Wallis y Futuna, sin duda sirve como punto de partida para diseccionar la ocupación británica de las Islas Malvinas, territorio central de un reclamo centenario del Estado argentino que, integralmente, incluye también las Orcadas del Sur, las Aurora, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y las rocas Clerke.
¿Son, entonces, argentinas?
Durante los siglos dieciséis, diecisiete y dieciocho, las Malvinas fueron el escenario de tímidos viajes protagonizados por españoles, británicos, frances y hasta neerlandeses; durante varias décadas, los Imperios europeos dibujaban y renombraban en sus mapas estos y otros territorios insulares sin que existiera un claro y reconocible “dueño”. En el caso de las Malvinas, a esta situación se le puso fin tan pronto como en 1766, año en el que la posesión del Imperio español sobre las mismas quedó reconocida en el papel y en la práctica. La independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata en el siglo XIX, con capital en Buenos Aires y cuyo desenvolvimiento histórico dio lugar a la República Argentina y a la conformación de otros estados secesionados —Paraguay, Bolivia y Uruguay— concedió por derecho de herencia la posesión de las Malvinas al actual estado de Argentina, según el principio legal uti possidetis iuris. Esta noción, rectora de los procesos de independencia en el continente americano, declara a los nuevos estados como poseedores de todos aquellos territorios pertenecientes al Imperio del que se separaban y que constaban como parte integral de su entidad de gobierno anterior.
En el caso de las Malvinas, la ecuación es la siguiente: en 1766, el control de España sobre las Islas Malvinas fue reconocido. Diez años después, el Imperio español creó el Virreinato del Río de la Plata, entidad a la cual incorporó, entre otros territorios, a las españolas Islas Malvinas. Al iniciar el proceso de independencia, las Provincias Unidas del Río de la Plata sustituyeron el poder del Virreinato, convirtiéndose en su entidad continuadora y, por tanto, heredando de acuerdo a Uti possideti iuris, los territorios que se encontraban bajo dominio práctico y formal del mismo Virreinato en el momento de su independencia. De esta forma, las Islas Malvinas y el resto de las posesiones del Virreinato fueron consideradas legalmente herencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata (1810-1831). Aunque algunas de estas posesiones se independizaron a través de procesos internos, las Islas Malvinas simplemente siguieron siendo parte de la reciente nación, y siguieron siéndolo a su vez de la Confederación Argentina (1831-1861).
Siguiendo esta línea, las Islas Malvinas hubieron de ser heredadas por la República Argentina tras la disolución de la Confederación Argentina en 1861. De hecho, Argentina había ejercido control fáctico sobre las islas durante los primeros años de la Confederación —con destacados nombres como el de Luis María Vernet—, pero la invasión británica de las mismas en 1833 y la inviabilidad de que Argentina presentase batalla para defenderlas permitió que Londres ocupase las Malvinas sin que el Estado argentino renunciase en ningún momento a ellas como parte integral de su territorio nacional. Desde entonces, el reclamo argentino ha atravesado diferentes épocas y momentos clave, aunque la justificación legal de su derecho sobre los territorios no ha cambiado. A este respecto, la Constitución de Argentina es contundente: “la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”.
En la guerra de Malvinas de 1982, Galtieri y la dictadura de la Junta Militar no solo precipitaron su propia caída —que pretendían postergar, justamente, mediante el fervor bélico—, sino que cometieron innumerables errores organizativos, además de uno de lectura política: subestimaron la voluntad del gobierno del Reino Unido de enredarse en una guerra por unas islas a doce mil kilómetros de Londres. En primer lugar, porque Margaret Thatcher necesitaba fortificar su liderazgo de cara al descomunal ataque que habría de ejecutar sobre las clases trabajadoras británicas; en segundo lugar, porque las Islas Malvinas juegan un papel de peso en la estrategia imperialista en el Cono Sur.
Perspectivas actuales
La ocupación británica de las Islas Malvinas niega a Argentina el acceso de uno de sus territorios de ultramar, sometiendo a Buenos Aires a los designios de Londres. La OTAN, en tanto organización que colectiviza y agrupa los intereses militares estratégicos del eje de poder que dirige Estados Unidos y al que adhiere el Reino Unido, no tiene razones de peso para devolver las Islas Malvinas, evidencia que se hizo innegable durante la guerra, en la que tanto Washington como el conjunto de países de la OTAN se enfilaron detrás de Thatcher.
Llegado el momento, las Malvinas podrían jugar un papel de verdadera base operacional en el Cono Sur, y son ya en realidad parte constitutiva de un “tríangulo” de bases (Malvinas, Ascensión y Diego García) que conecta el Océano Índico con el Atlántico y el Pacífico Simultáneamente, son un enclave desde el que el Reino Unido podría buscar proyectarse en una Antártida llamada a jugar un papel importante en la geopolítica de los recursos naturales, además de un punto decisivo en una región —el Atlántico Sur— reconocida por el propio Reino Unido como una fuente de recursos petroleros. No por casualidad, miembros destacados de la OTAN se sumaron a la guerra en favor de Londres. Estados Unidos aportó secretamente dinero, combustible y armamento, al tiempo que Francia dio soporte aéreo a las Fuerzas Armadas del Reino Unido (aeronaves Super Étendard y Mirage, por ejemplo). Poco pareció importar en aquel momento el artículo seis del tratado de la OTAN, según el cual la ayuda a miembros “atacados” se ha de limitar a aquellos conflictos que tengan lugar “al norte del Trópico de Cáncer”.
La tendencia de ralentización que caracterizó a la administración de Alberto Fernández (2019-2023) marcó los lineamientos de Argentina respecto a la cuestión Malvinas durante su mandato. Sin embargo, el gobierno del Frente de Todos puso fin unilateralmente al pacto Foradori-Duncan, firmado durante la administración Macri y que defendía facilitar al Reino Unido la explotación de los recursos del archipiélago. Al fin y al cabo, el gobierno Fernández era uno de corte peronista, corriente protagonista en alguno de los más recordados episodios de defensa de la soberanía argentina sobre las islas, como el operativo Cóndor en el año 1966. Recientemente, numerosas figuras del espacio peronista han expuesto el reclamo argentino ante organismos internacionales y representantes de terceros estados, reiterando que son las propias Naciones Unidas las que reconocen la necesidad de una resolución en clave descolonizadora de la ocupación británica de las islas.
Con Milei, la cosa es bien distinta. Aunque en la recta final de su campaña electoral se limitó a repetir que “las Malvinas son argentinas”, en lo concreto el análisis de su Gabinete no consagra esta idea. Diana Mondino, su canciller y, por ende, la máxima figura de la política exterior de Buenos Aires, aseguró que la posición de los británicos que residen en las Malvinas debe ser un aspecto central en cualquier negociación con Londres. La referencia al “derecho” de los islanders es una noción de escaso recorrido en el derecho internacional, no solo porque se sustenta sobre la lógica de los hechos consumados, sino también porque ignora la evolución histórica de la ocupación e incluso la resolución de las Naciones Unidas. Esta es, de hecho, la línea oficial del Reino Unido: lo importante —dicen— no es la disputa entre los Estados argentino y británico, sino la voluntad de los cerca de tres mil residentes (británicos) en las islas.
En suma, el pretexto de la autonomía de los ocupantes de las Islas Malvinas es enormemente favorable para el Reino Unido. Poner el foco en personas de carne y hueso, muchas de las cuales eran niños o no habían nacido cuando se desarrolló la guerra, permite “deshistorizar” el conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas, que nace tan pronto como los británicos las ocupan en 1833. A su vez, evita un debate crucial para comprender la cuestión: la riqueza pesquera y petrolera que se le presume a los dominios insulares británicos en el Atlántico Sur. Para el oficialismo en Argentina, esta perspectiva es muy útil: posibilita sostener el discurso de la soberanía sin avanzar diplomáticamente en una solución a la ocupación colonial sobre las islas. El gobierno de Milei, quien había defendido en campaña una solución “a la hongkonesa”, conserva una agenda no confrontativa con Occidente en la que cuesta creer que vaya a haber un espacio para el reclamo por las Islas Malvinas. De hecho, la posición de Mondino y Milei refuerzan a Londres y consolidan una tendencia de estancamiento que inició con el citado pacto Foradori-Duncan.
Madrid –
