Nuevo caso de corrupción golpea a Chile y su justicia: ¿habrá sanciones para estos delitos?
El eventual pago de sobornos a funcionarios públicos por parte de un empresario y un prestigioso abogado del país pone a prueba la capacidad del sistema chileno para aplicar penas ejemplares para los delitos económicos y la voluntad de la clase política para avanzar hacia normas más exigentes
“Necesitamos una caja para gastos. Una caja negra… porque parte importante de esta huevá se arregla con plata, que se pasan así, se pasan en un sobre” dice enfático Luis Hermosilla, un prestigioso e influyente abogado de la plaza en Chile, quien en una reunión con el empresario Daniel Sauer —su cliente— y la abogada Leonarda Villalobos planifican los pasos a seguir para sortear una investigación que el regulador de valores del país lleva adelante contra una de las empresas de Sauer.
Fue el 14 de noviembre cuando estalló el escándalo, denominado Caso Audios, luego de que el medio de investigación Ciper publicara el audio de la citada reunión, donde, entre otras llamativas afirmaciones, el abogado penalista aconseja pagar sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para obtener información relevante de las investigaciones en curso. “Tu pega aquí es armar la caja… Y porque quiero estar en condiciones de pedirle más al huevón. Yo quiero apretarlo. Lo quiero exigir en la eficiencia de más. Quiero que, hueón, si me puede bloquear los computadores, si me puede quemar una oficina de Impuestos Internos… Quiero lo más” expresa Hermosilla, abriendo la interrogante sobre si esta práctica es usual en ciertos sectores económicos y si los sobornos se han transformado en una vía expedita para defraudar al fisco y no ser sancionados.
El país nuevamente se veía impactado por un caso de corrupción que entre sus involucrados tenía a personas con conocido poder, extendido en el ámbito económico y político. El audio rápidamente se viralizó entre las y los chilenos, así como la interrogante de si esta vez habría sanciones o este, como otros casos similares, quedaría impune. ¿Serán capaces las instituciones públicas y la justicia de condenar de manera ejemplar esta vez? ¿Pagará con cárcel algunos de los involucrados o solo terminarán con clases de ética como en el pasado? Son las preguntas que quedan y que ponen a prueba las normas chilenas y los avances en esta materia en los últimos años.
El peligro de una corrupción extendida
El ministro de justicia, Luis Cordero, manifestó que se trata de hechos “extremadamente graves”, porque lo expuesto en el audio filtrado “daría cuenta de un mecanismo de financiamiento y una red de corrupción que resulta inaceptable en servicios esenciales”, aseverando que el eventual pago de coimas a funcionarios públicos «lesiona la integridad pública”.
Y es que Chile, así como otros países de la región, atraviesa por una fuerte crisis de credibilidad de las instituciones, lo que ha generado una amplia desafección de las y los ciudadanos no sólo hacia las autoridades, sino también hacia el mundo empresarial y las fuerzas armadas y de orden. Esta situación quedó de manifiesto en el estallido social que vivió el país en octubre de 2019, donde la sensación de abuso de grupos políticos y económicos que ostentan el poder fue parte importante de las causas que explican ese proceso.
Reiterados casos de fraude y corrupción como la colusión de las farmacias (2008) y de supermercados (2011); el caso Penta, de financiamiento ilegal de la política (2015); o el fraude y desviación de fondos públicos en el Ejército (2016) y en la policía (2020) explicarían la percepción de la ciudadanía frente a la corrupción. De acuerdo con los datos entregados por la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) el 59% de la población cree que la corrupción es mayor que hace 5 años y un 73% considera que está arraigada en el servicio público; por lo mismo, las y los encuestados creen que este debería ser una de las cinco prioridades a las que debería abocarse el Gobierno.
Delitos de cuello y corbata versus delincuencia común
A fines de noviembre de 2023, el Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio, una ciudad ubicada a poco más de 100 kilómetros de Santiago, condenó a siete años de presidio a un sujeto que sustrajo un cilindro de gas licuado desde una vivienda. El porte de un arma a fogueo y la sustracción de la mercancía, avaluada en alrededor de US$34, fueron los argumentos que el tribunal tuvo en cuenta para emitir la sentencia.
El caso más emblemático de fraude al fisco de las últimas décadas en el país, conocido como el caso Penta —que tuvo como protagonistas a conocidos empresarios que financiaban ilegalmente a candidatos de la derecha chilena—, involucró una defraudación de más de $2000 millones de pesos (más de US$2 millones 200 mil) y tuvo como sanción, en la mayoría de los casos, una pena remitida y clases de ética. Asimismo, los casos de colusión en distintos ámbitos del mercado no han contemplado la cárcel como sentencia para ninguno de los involucrados.
Esto ha contribuido a la percepción de que existe una justicia para pobres y otra para ricos, porque mientras el debate público actual se centra en endurecimiento de penas para la delincuencia común, los intentos de exigir sanciones ejemplificadoras para los delitos de cuello y corbata encuentran una fuerte oposición por parte de los partidos de derecha y extrema derecha. Sin ir más lejos, esta semana el presidente Gabriel Boric —en el marco de la presentación de la Estrategia Nacional de Integridad Pública— anunció el envío de un proyecto de ley cuyo objetivo es levantar el secreto bancario para controlar la evasión y la elusión, lo que tuvo inmediata respuesta desde la oposición criticando duramente la medida.
El senador del partido derechista Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma, señaló que “no sé cuál es el sentido que a priori se afecte la intimidad de todas las transacciones personales”, mientras que el diputado Agustín Romero, del partido de la extrema derecha Republicanos, indicó que “me opondré a cualquier normativa que conculque la libertad de los chilenos”. Representantes de esos mismos partidos han solicitado que se declare Estado de Excepción Constitucional en la zona metropolitana para combatir la delincuencia común, una herramienta de la legislación chilena que permite restringir o limitar las libertades de la población; pero se niegan permanentemente a apoyar medidas que permitan perseguir efectivamente los delitos económicos, amparándose en la libertad individual.
Coletazos del Caso Audios
Hasta ahora, este caso ha provocado una seguidilla de acciones. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Metropolitana Oriente, abrió una investigación imputando a los involucrados el delito de soborno. También han sido desvinculados o suspendidos funcionarios del SII, de la CMF y del Registro Civil. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal contra los tres participantes de la grabación como autores de delitos consumados y reiterados de soborno.
Para la ex presidenta de la Comisión de Probidad y Transparencia, Paula Jaraquemada, es fundamental el desarrollo y desenlace de este caso y contar con «investigaciones imparciales, que nos den garantías, y si se comprueban estos hechos van a haber sanciones, independiente de quiénes sean las personas, el poder que tengan o los vínculos económicos o políticos. Eso es lo que nos va marcar la diferencia y nos va a demostrar qué tan siniestradas están las instituciones por la corrupción».
En un pasaje de los 105 minutos que dura la grabación que dio a conocer Ciper, el empresario Daniel Sauer se ufana de que en el pasado ya utilizó este mecanismo de soborno para evitar el pago de una millonaria multa al SII. “Mi huevá eran 3.500 palos (casi US$4 millones), con mi casa embargada y giro del Servicio hecho. Y le pagué cero al Servicio. Y a la Leo le pagué 140 palos (US$160 mil)… Fue todo un éxito”. Hasta el cierre de esta nota y pese a estar imputado, Sauer, al igual que los otros involucrados, se mantiene en libertad.
Madrid –
