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Gustavo Petro en las elecciones regionales de Colombia — Chepa Beltran / Zuma Press / ContactoPhoto

Opositores a las reformas de Petro acusados de corrupción, relacionados con negocios en salud y hasta con grupos narcoparamilitares

Los debates en el Congreso y el desgaste político han llevado a que el Presidente soporte una alta presión que busca su destrucción electoral y de esa manera evitar que otro gobierno progresista gane el 2026


Desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro se emprendió una labor titánica para lograr los cambios estructurales que prometió en campaña como la reforma a la salud, laboral, pensional, entre otras. La más urgente y que sacaron en tan solo unos meses fue la tributaria que alcanzó una especie de justicia, aunque recientemente la Corte Constitucional tumbó un avance histórico aprobado: se había eliminado la posibilidad de que empresas carboneras y petroleras pudieran deducir del impuesto de renta lo que pagan en regalías al Estado, algo aplaudido a nivel internacional porque los recursos que explotan las multinacionales del subsuelo colombiano son de todos y deben entregar una parte de las ganancias a la Nación. No se puede considerar un gasto deducible. Lamentablemente, como en otros casos, la Corte decidió que hay que regalarle impuestos a dichas compañías.

Por el hecho de querer cumplir lo que prometió, Petro se ha visto acribillado por los medios y sus opositores. De pronto no están acostumbrados a que un político desarrolle lo que dice en campaña. Los debates en el Congreso y el desgaste político han llevado a que el Presidente soporte una alta presión que busca su destrucción electoral y de esa manera evitar que otro gobierno progresista gane el 2026. Lo anterior es trabajado día a día por políticos de extrema derecha que son los que se oponen a las reformas. Curiosamente, estas personas constantemente le dicen al mandatario cómo debe manejar el país; aseguran que con la transformación del sector salud él busca robarse los recursos públicos; que tiene presuntas alianzas con grupos criminales para favorecerlos. Todo lo que se puedan imaginar lo han usado contra Petro.

No obstante, a continuación les voy a mostrar unos pocos casos de hipocresía opositora, ya que aparecen investigados en presuntos actos de corrupción o alianza con narcoparamilitares; o peor, están siendo capturados en plenos debates.

El caso más sonado en los últimos días es el del senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia por presuntamente hacer parte de un entramado de corrupción en el que se movieron más de una decena de multimillonarios contratos en diferentes partes del país. Él aprovechaba su posición de poder para influir en ellos y lograr que sus aliados contratistas se los quedaran. Aparentemente por uno de esos contratos recibió al menos 1.000 millones de pesos colombianos. Este congresista salía constantemente en redes sociales y la revista Semana, dirigida por Vicky Dávila, diciendo que iba a “tumbar” la reforma a la salud de Petro porque se prestaba para la corrupción. Que cinismo.

Ciro también es investigado por el caso de “Las Marionetas” del exsenador Mario Castaño, quien extrañamente fue encontrado sin vida en una celda. El caso es más o menos parecido al anterior, pero acá fue mencionada una familiar de otro de los opositores a las reformas de Petro: la mamá del expresidente Iván Duque, la señora Juliana Márquez. En una interceptación a la relacionista pública investigada por la justicia, Nova Lorena Cañón, se evidenció que Márquez hacía gestiones de manera directa ante subordinados de su hijo para conseguir bienes de la Sociedad de Activos Especiales -bienes incautados a la mafia- para sus “obras”. Es decir, hacía lobby en entidades que manejaba Duque. Esto no ha sido investigado a profundidad por las autoridades.

El caso más sonado en los últimos días es el del senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia por presuntamente hacer parte de un entramado de corrupción en el que se movieron más de una decena de multimillonarios contratos en diferentes partes del país.

Hace unos días se hundió en el Congreso la regularización del cannabis recreativo en Colombia, una apuesta también del Presidente para combatir el negocio del narcotráfico. Los congresistas del Centro Democrático celebraban esa decisión brincando de la emoción en el recinto. Uno de los videos de ese momento que se hizo viral fue protagonizado por el senador Esteban Quintero, hijo del excongresista Ruben Darío Quintero, capturado en 2010 por sus nexos con los narcoparamilitares del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia para hacer política y conseguir dinero. Ruben Darío fue secretario privado de Álvaro Uribe en la gobernación de Antioquia. Además, alias «El Alemán» aceptó que Ruben ayudó a que un movimiento creado por paramilitares pusiera representante a la Cámara en 2002. Lo llamativo es que hundiendo dicho proyecto se le dio un regalo de navidad a los narcotraficantes porque mantienen el potencial de su negocio.

A raíz de lo anterior, Gustavo Petro insinuó que votaron en contra para apoyar los negocios ilícitos y que esos congresistas reciben sobornos. Este tipo de declaraciones llevaron a que el presidente del Senado, Iván Name, acusara al jefe de Estado de irrespetar al Congreso. Lo que no dice el congresista es que aparece mencionado en unos documentos de la Fiscalía por presuntamente estar relacionado con la banda criminal de “Los Rastrojos”, quienes al parecer lo han apoyado políticamente financiando campañas de “compra de votos” en el Atlántico. Su primo José David Name, también senador pero del Partido de la U, y Yahir Acuña, alcalde electo de Sincelejo, están aparentemente involucrados en el caso.

María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, igualmente es una acérrima opositora a las reformas sociales pero si revisamos su círculo social más cercano encontraremos capturados y condenados por montones -algunos dirán que ella no ha sido condenada, pero la realidad es que la justicia en Colombia cojea y cojea, y a algunos le llega pero no a todos-. Hizo política con el condenado exmagistrado Jorge Pretelt; los imputados Óscar Iván Zuluaga, Andrés Escobar y hasta el excongresista Arturo Char, hoy en la cárcel por aparente compra de votos con Aída Merlano.

Podría seguir y escribir un libro completo; de hecho, hay varios que desenmascaran a la oposición. Termino con esto: el político de Salvación Nacional, Enrique Gómez, se opone a la reforma a la salud y hasta ha recusado a congresistas. Pues resulta que se conoció recientemente que tiene multimillonarios negocios con empresas privadas de salud que se verían afectadas por la iniciativa de Petro.


Bogotá –

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