Distintos medios informan sobre el referéndum — CNN / Youtube
“Panamá vale más sin minería”: la movilización social contra la concesión minera
La movilización sindical y social ha puesto contra las cuerdas al presidente panameño Laurentino Cortizo, a su partido —el PRD— y a la empresa canadiense con la que habían firmado una concesión minera. ¿Podría tener consecuencias en las elecciones del 2024?
La segunda mitad del mes de octubre ha visto un estallido político en Panamá. El país centroamericano ha sido el escenario de un proceso movilizatorio que promete extenderse durante el mes de noviembre. El presidente Laurentino Cortizo ha gestionado con una considerable torpeza su papel en las protestas, dificultando en mayor medida el desempeño de su partido —PRD; Partido Revolucionario Democrático— en las elecciones generales del año 2024. Los cortes de carreteras, las manifestaciones y la represión de la Policía Nacional panameña han marcado un proceso político que atañe a uno de los grandes clivajes de la política nacional en los países de América Latina: la gestión de los recursos naturales.
El viernes 20 de octubre, la Asamblea Nacional de Panamá y el presidente Cortizo refrendaron la aprobación de la Ley 406 por la que se hacía eficaz el contrato de concesión minera en favor de Minera Panamá, subsidiaria de la empresa canadiense First Quantum. A través de esta concesión, First Quantum se ve habilitada legalmente a realizar la extracción y venta de minerales (fundamentalmente, cobre) durante veinte años prorrogables por otros veinte más. 12.555 hectáreas ubicadas en los corregimientos de Coclé del Norte, San Juan de Turbe y Nueva Esperanza (provincia de Colón) sobre los que First Quantum, que ya realiza sus actividades extractivistas en otros países periféricos —Zambia, Mauritania, Argentina, Perú, etc.—, tendría amplios derechos.
A partir del mismo viernes, múltiples sectores en Panamá comenzaron un ciclo de movilizaciones contra el contrato minero. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS; uno de los más importantes en Panamá) está siendo una de las principales fuerzas de empuje, aunque sectores estudiantiles y civiles han secundado también los cortes de carretera y las manifestaciones. Las protestas en múltiples puntos del país se agrupan en torno a tres ejes: 1) el rechazo al carácter de expolio de recursos naturales panameños; 2) la advertencia sobre las consecuencias en materia medioambiental de la explotación minera en estas regiones; y 3) la inconstitucionalidad del contrato anterior firmado en 1997 con la propia Minera Panamá (entonces “Minera Petaquilla”). Pese a lo declarado en el boletín oficial, la Corte Suprema y los sectores movilizados insisten en que el acuerdo con la firma canadiense no asegura ni asegurará el mayor beneficio para el estado nacional.
Panamá ha vivido desde entonces consecutivas jornadas de bloqueo de carreteras nacionales y movilizaciones en muchos puntos a lo largo y ancho del país. El estado nacional respondió en primera instancia valiéndose de sus herramientas represivas, reportándose uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes en varios municipios. El presidente Cortizo no logró por esta vía finiquitar la impugnación popular del acuerdo y, en consecuencia, activó la alternativa institucional: convocó un referéndum vinculante que, en principio, permitirá la derogación de la ley el 17 de diciembre, y arrancó inmediatamente después la campaña por el “sí” al contrato. A su vez, decretó la prohibición de otorgar nuevas concesiones de minería metálica. No obstante, SUNTRACS rechazó la consulta, reiterando en rueda de prensa a través de su secretario general que la derogación inmediata de la Ley 406 es su objetivo irrenunciable. Las movilizaciones continuaron y la Policía Nacional sostuvo la represión, en particular contra sectores de manifestantes que acudieron a los alrededores de la Asamblea Nacional. Diversos carteles en las calles del país insistían en una premisa: “¿qué parte del ‘NO’ el gobierno no entiende?”. Diputados como Walkiria Chandler incluso han puesto en duda la posibilidad normativa de la celebración del referéndum.
En 2022, el contexto de convulsión económica iniciado con la pandemia y agravado por el arranque de una nueva fase en el conflicto ruso-ucraniano consecuencia de la invasión rusa precipitó las críticas al gobierno del PRD en Panamá
En realidad, el presente ciclo de movilizaciones debe enmarcarse en una tendencia impugnatoria que le precede. En 2022, el contexto de convulsión económica iniciado con la pandemia y agravado por el arranque de una nueva fase en el conflicto ruso-ucraniano consecuencia de la invasión rusa precipitó las críticas al gobierno del PRD en Panamá. Cortizo y su vicepresidente José Gabriel Carrizo —candidato presidencial del partido en 2024— debieron afrontar hondas movilizaciones sindicales, sociales y civiles. Este proceso rompió con la relativa calma política en el país que había limitado durante algunos años la capacidad de convocatoria de sindicatos y organizaciones militantes, gremiales y sociales. Aquel fue el ciclo de mayor efervescencia política en la historia reciente de Panamá desde el fin del régimen de Noriega en 1989. En aquellas movilizaciones del año 2022, SUNTRACS tuvo ya un papel central junto a la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (ADADEPO). El ciclo actual profundiza la grieta de legitimación del PRD, cuya debilidad se hace evidente en múltiples encuestas electorales.
El contexto de las movilizaciones contra la concesión minera no es un asunto menor. Panamá afronta un importante ciclo electoral que habrá de culminar el 5 de mayo de 2024 con las elecciones generales del país. Las expectativas electorales del PRD, no muy optimistas con anterioridad al ciclo de movilización, deberían verse empeoradas como consecuencia de la decisión del presidente Cortizo y de la respuesta popular. Esta posibilidad tiene un gran calado en la política nacional, por cuanto los sondeos coinciden mayoritariamente en que solo el oficialismo podría competirle la victoria a Ricardo Martinelli, quien ya fue presidente entre 2009 y 2014 y hoy se postula a través de su bloque personalista Realizando Metas.
La crisis de legitimación en torno al PRD suma a las ya de por sí amplias posibilidades de una victoria de Realizando Metas, cuyo líder se reivindica como “perseguido político” y muestra admiración en su cuenta de Twitter por la mandataria italiana Giorgia Meloni. El empresario pudo gobernar en su momento gracias a una densa alianza con sectores del empresariado nacional y de los medios de comunicación al tiempo que prometía reducciones impositivas generales y adscripción a la agenda de Washington. De hecho, durante su mandato, Martinelli tomó posiciones contundentemente alineadas con el eje estadounidense en materia de política exterior, a tal punto de que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro rompió las relaciones diplomáticas y comerciales entre Caracas y Panamá. Martinelli está condenado por lavado de dinero, pero su inhabilitación todavía encuentra escollos legales que hacen ampliamente posible que su candidatura efectivamente pueda competir en los comicios. El presente ciclo de movilizaciones, que atiende a un debate plenamente estructural, no goza de una conducción política clara. La definición del carácter ideológico del nuevo ejecutivo panameño probablemente no dependerá del clivaje abierto durante las protestas. Ni la cuestión de la gestión soberana de los recursos naturales, ni la de los riesgos medioambientales de la explotación minera serán la principal discusión de cara a los comicios -al margen del uso electoralista que figuras como Martinelli están haciendo del caso. El escenario más probable es aquel en el que Panamá seguirá siendo conducida por la derecha nacional, aunque la capacidad de organización y coordinación del movimiento sindical y social del país ha demostrado una importante capacidad de impugnación.
Madrid –
