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López Obrador, presidente de México — Eyepix / Zuma Press / ContactoPhoto

Paquete de reformas de López Obrador: ¿retrato, testamento o trampa para la oposición?

Analistas de uno y otro lado coinciden en un punto: que es imposible que el paquete sea aprobado. Al tratarse de reformas constitucionales, se requiere de dos tercios de los votos en las Cámaras con los que no cuenta la coalición gobernante, y cuya obtención es difícil al fragor de las campañas


El pasado 5 de febrero, a cuatro meses de la realización de las elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó nada menos que 20 iniciativas de reforma a la Constitución para ser discutidas en el último periodo de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados. Durante varios días, el paquete de propuestas acaparó los espacios en medios de comunicación, no solamente por su contenido sino —principalmente— por las implicaciones en el escenario electoral.

López Obrador señaló que el objetivo es devolverle a la Carta Magna el sentido social con el que fue concebida en 1917. Los temas de las reformas son tan variados como pueblos indígenas, programas sociales y becas, atención médica y vivienda, pensiones y salario mínimo, reformas electorales y al Poder Judicial, minería, agua y maíz transgénico, fentanilo y vapeadores, trenes de pasajeros, austeridad en el gobierno, entrega de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, eliminación de órganos autónomos y maltrato animal.

Analistas de uno y otro lado coinciden en un punto: que es imposible que el paquete sea aprobado. Al tratarse de reformas constitucionales, se requiere de dos tercios de los votos en las Cámaras con los que no cuenta la coalición gobernante, y cuya obtención es difícil al fragor de las campañas. El mandatario lo sabe, tan es así que ni siquiera se molestó en presentar una propuesta de reforma fiscal para financiar sosteniblemente algunas de las reformas más ambiciosas, como la de pensiones.

¿Cuál fue entonces la intención de AMLO al presentar este paquete?

La primera razón que se apuntó entre los mentideros mediáticos fue la de dejar marcado un programa de gobierno a Claudia Sheinbaum. El arrastre de la candidata oficialista está cimentado en ser percibida como la elegida de López Obrador, cuya popularidad sigue siendo muy alta. Los mensajes de campaña de la candidata se han centrado en prometer que le hará un “segundo piso” al proyecto político de la autodenominada Cuarta Transformación. La mayoría de los opositores lo interpreta como una imposición hacia Sheinbaum; para los oficialistas, es un testamento político de gran calado que marca el rumbo incluso para contener a las hordas de priistas que se han convertido a la coalición gobernante.

La otra intención, más a corto plazo, es fijar la agenda pública para los próximos meses, una habilidad en la que el Presidente se ha mostrado superior a la oposición partidista. Las disposiciones del INE le impiden a AMLO intervenir en temas electorales en tiempo de campañas. Pero al estar este gran paquete de reformas formalmente a discusión en los próximos meses, la oposición estará obligada a posicionarse sobre temas que han sido clave para la narrativa del oficialismo. López Obrador podrá seguir exhibiendo los contrastes de su proyecto con el de los otros partidos en temas sensibles, como pensiones y aumento al salario, entre población que ha sido profundamente afectada por el arrasamiento neoliberal implementado por los partidos hoy opositores. A regañadientes, los partidos de la oposición han dicho que discutirán las propuestas de reforma, pero han acusado al oficialismo de someterlos a un esfuerzo estéril y de levantar falsas expectativas entre la ciudadanía con propuestas poco serias.

Las discusiones fuera de lo electoral

Aunque la extensión del paquete legislativo hizo que las primeras reacciones tardaran en llegar, poco a poco los activistas y especialistas en varios de los temas de las reformas han comenzado a desmenuzarlas y a retomar discusiones que se han dado a lo largo del sexenio.

Sin duda, las más sonadas y con mejor prensa —incluso el otrora hegemónico PRI ha dicho que las podría aprobar— son las referidas a revertir la privatización del sistema de pensiones y garantizar que los salarios mínimos aumenten al menos el porcentaje de la inflación anual. A estas propuestas se suman las de disminuir la jornada laboral —que todos los partidos dicen que aceptan pero nadie quiere votar—, favorecer la propiedad de la vivienda de las y los trabajadores y la propuesta de universalizar el golpeado sistema de salud. Todas estas propuestas podrían sumar a la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales de la población si se implementan correctamente y con los recursos necesarios, y afirman la narrativa oficial de beneficiar a los sectores más empobrecidos.

Luego están la reformas que solamente encuentran apoyo en el oficialismo: las dirigidas a desaparecer los órganos autónomos y a hacer un reemplazo de la plantilla del Poder Judicial —incluyendo que sus integrantes sean elegidos por voto directo de la población—.

Para justificar estas reformas, y siempre desde el marco de la prevención de un lawfare en su contra, el oficialismo ha argumentado que el Poder Judicial está totalmente corrompido y al servicio de la oligarquía y que estas reformas lo solucionarían. Sin embargo, expertos en derechos humanos han señalado que estas reformas en realidad socavarían la independencia judicial necesaria en este Poder, exponiéndolo a mayores intervenciones de los poderes políticos y fácticos. Además, las reformas no ofrecen alternativas para aliviar la alarmante ineficacia de las fiscalías, que es sin duda el problema central de la justicia en México.

La intención de que secretarías de Estado absorban a órganos autónomos —como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  (Coneval), que fueron resultado de la lucha de activistas por poner contrapesos a la arbitrariedad y autoritarismo de los poderes en México— no es nueva para esta administración y la discusión lleva ya un largo recorrido. Aunque efectivamente se deben realizar cambios para que estos organismos sean menos onerosos y las personas que los compongan respondan menos a intereses partidistas de cualquier signo, la absorción de sus funciones por el Ejecutivo lo volverá juez y parte y significará un retroceso en diversos derechos, como los de acceso a la información pública y protección de datos personales. No olvidemos que, pese a sus muchas falencias, el INAI obligó a que se abriera información fundamental de casos de graves violaciones a derechos humanos en Ayotzinapa, Tlatlaya, San Fernando, Guardería ABC y la Guerra Sucia, además de volverse una herramienta fundamental para la investigación periodística ante diversos sujetos que siguen siendo opacos.

Menos discutida pero no menos importante es la reforma que busca entregar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El 18 de abril de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional esta adscripción por contrariar el carácter civil del cuerpo policiaco. Con la reforma no solamente quedaría adscrita la GN al Ejército, sino que sus elementos estarían dotados de fuero militar al realizar tareas de seguridad pública cuando en el incidente no estén involucrados civiles. La reforma también pretende cambiar la relación de los militares con la administración pública al permitirles realizar prácticamente cualquier tipo de funciones. Esta reforma apuntalaría la relación de la llamada Cuarta Transformación con la milicia, pero al costo de extender su poder y profundizar la impunidad y las violaciones a derechos que han caracterizado a las Fuerzas Armadas.

La muy celebrada reforma en materia de derechos indígenas tiene una particularidad. Aunque efectivamente reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, una demanda de larga data, en realidad queda mucho muy lejos de las demandas de los pueblos e incluso de la propuesta que el gubernamental Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) construyó a través de foros con miles de autoridades indígenas. Entre las muchas y graves omisiones de la iniciativa, es de suma relevancia la que se refiere al derecho de los pueblos indígenas a controlar y manejar los recursos de sus territorios, negándoseles así la protección estratégica contra los proyectos extractivistas que se están acentuando sobre sus tierras y que comportan violencia homicida. Francisco López Bárcenas, uno de los mayores especialistas en el tema, luego de hacer un análisis sobre la iniciativa presentada, ha puntualizado que en todo el sexenio no se ha aprobado ninguna reforma que fortalezca los derechos indígenas, aún cuando existió el número de votos para ello, revelando la falta de interés en realizar cambios significativos y estructurales en este sentido.

Este recuento es sucinto y deja fuera muchas reformas fundamentales. Pero a lo largo de los siguientes meses, seguramente una parte importante de ellas será materia de discusión. Y su futuro dependerá de la composición de las cámaras legislativas después de la elección, así como de los matices que el equipo entrante quiera y pueda imprimir.


México –

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