La presidenta de Honduras, Xiomara Castro con el Secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres — Twitter (X)
¿Por qué Biden respalda el colonialismo corporativo en Honduras?
Lo que está en juego para Honduras no son simplemente los miles de millones de dólares que de otro modo se destinarían a sanidad, vivienda y educación. Lo que está en juego es la propia existencia de Crawfish Rock: el pasado y el futuro de las familias que han habitado la isla durante siglos
En agosto de 2017, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, realizó una visita poco habitual a la comunidad costera de Crawfish Rock. Escondida entre densos bosques de la isla tropical de Roatán, Crawfish Rock es el hogar de cientos de familias anglófonas de ascendencia negra caribeña, a 165 millas y un tramo de mar de la capital, Tegucigalpa. En su reunión con la comunidad, el Presidente Hernández pidió disculpas por las largas décadas de abandono gubernamental y prometió construir parques, carreteras e infraestructura de Internet para compensar a sus residentes. «Mejores carreteras significan mejores oportunidades de trabajo y acceso para todos», dijo Hernández.
Mientras tanto, ese mismo mes nació una nueva Sociedad Limitada en el Estado de Delaware: La Sociedad para el Desarrollo Socioeconómico de Honduras. En 2013, el Gobierno hondureño, tras destituir y sustituir a cuatro miembros de la Corte Suprema, impulsó la llamada «Ley ZEDEs», que establecía nuevas «Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo Económico«, siguiendo el modelo de la Ciudad Autónoma del economista Paul Romer: Territorio hondureño empaquetado y vendido a inversores extranjeros por un céntimo. «¿Quién quiere comprar Honduras?«, se preguntaba el New York Times.
La Sociedad para el Desarrollo Socioeconómico de Honduras lo hizo. Posteriormente rebautizada como Honduras Próspera, la nueva ZEDE se fijó en la isla de Roatán como sede ideal de la primera ciudad autónoma del mundo. La ZEDE Próspera, con una superficie de 1.000 acres, pretendía cumplir la promesa de desarrollo del Presidente Hernandéz. «El concepto de ciudades libres y privadas, y en concreto lo que Próspera intenta hacer, es el proyecto más transformador del mundo», declaró Joel Bomgar, miembro de la Cámara de Representantes de Mississippi que trabaja como Presidente de Próspera. «Ahora mismo no existe una especie de Singapur centroamericano. Y eso es lo que intentamos crear».
Seis años después, el presidente Hernández fue extraditado a Estados Unidos acusado de narcotráfico con El Chapo; su sucesora, Xiomara Castro, ha sido elegida con el mandato de eliminar las ZEDEs; y su gobierno está inmerso en una batalla legal que determinará el futuro no sólo del cripto-libertarianismo en Centroamérica, sino del derecho comercial internacional en toda América Latina.
Armas contra los débiles
Próspera presenta su ZEDE como un paraíso libertario, una instanciación terrenal del espíritu de sus financiadores de Pronomos Capital, Peter Thiel y Marc Andreesen. «Somos una empresa privada en la que todas las relaciones están determinadas por contratos entre el organizador y las empresas o residentes individuales», afirma un asesor de Próspera. Según este relato, el funcionamiento de las ZEDEs sería tan inmaculado como su creación: «ciudades-estado cuasi independientes que empiezan de cero y luego son supervisadas por expertos externos», como las describió The Economist. «Tendrán su propio gobierno, redactarán sus propias leyes, gestionarán su propia moneda y, con el tiempo, celebrarán sus propias elecciones».
Sin embargo, en cada paso de su implantación, las ZEDEs han estado protegidas por el poder legal, político y económico del gobierno de Estados Unidos. Hace diez años, ese poder tomó la forma de apoyo estadounidense a los gobiernos golpistas del Partido Nacional. A pesar del golpe militar contra el presidente Manuel [Mel] Zelaya —condenado unánimemente en la Asamblea General de las Naciones Unidas—, la administración Obama canalizó millones de dólares al gobierno golpista del presidente Porfirio Lobo Sosa mientras éste reformaba la Constitución del país y recomponía su Tribunal Supremo para forzar la conversión de las ZEDEs en ley. En la actualidad, Estados Unidos hace gala de su poder para defender las ZEDEs contra lo que dos senadores estadounidenses han descrito como «amenazas de expropiación o acciones del gobierno hondureño en relación con las inversiones estadounidenses».
Los residentes de Crawfish Rock no se quedaron callados cuando Próspera llegó a la isla de Roatán. Junto a otras organizaciones comunitarias de todo el país, fundaron el Movimiento Nacional contra la ZEDE y en Defensa de la Soberanía. «No somos ni aceptamos ser escenario de una invasión neocolonial, mucho menos ceder nuestro espacio, en detrimento de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, ancestrales y constitucionales», declaró el Movimiento.
En campaña, la candidata presidencial Xiomara Castro escuchó su llamado. «Cada milímetro de la Patria que usurparon en nombre de la sacrosanta libertad de mercado, ZEDES, fue regado con la sangre de los pueblos originarios», dijo. «Mi gobierno va a volver a un estado de justicia y derecho para que esto no vuelva a ocurrir». En enero de 2022, el Congreso hondureño votó unánimemente a favor de derogar la ley de ZEDEs, y el Presidente formó una Comisión especial —que incluye al Fiscal General del país, al Ministro de Finanzas, al Ministro de Asuntos Exteriores y al Comisionado Presidencial contra las ZEDEs— para supervisar su eliminación.
Las represalias de Próspera no se hicieron esperar. En diciembre de 2022, la corporación presentó una demanda de 10.700 millones de dólares contra el gobierno hondureño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) -una demanda que equivaldría a más del 80% de los gastos totales del gobierno en 2022- citando el Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA-DR). Los miembros del Congreso y la administración Biden se movilizaron rápidamente para defender y ampliar estas disposiciones del CAFTA. «Estamos considerando proponer mejoras a las protecciones de los inversionistas estadounidenses del 22 U.S.C. §2370(e), comúnmente conocida como la ‘Enmienda Hickenlooper’, para hacer frente a cualquier amenaza de expropiación o acciones del gobierno hondureño», escribieron Bill Hagerty (R-TN) y Ben Cardin (D-MD) al Secretario de Estado Antony Blinken. Por su parte, la Representante de Comercio de EEUU, Katherine Tai, «instó a Honduras a tomar medidas para mejorar su clima de inversión.»
En Crack-Up Capitalism, el historiador Quinn Slobodian expone el mito de que —en Honduras y en todo el mundo— el proyecto anarcocapitalista podría realizarse sin la aplicación despiadada del poder estatal. Cita una confesión de Michael Strong, del Seasteading Institute: «A los libertarios no les gusta el derecho comercial internacional, pero resulta que el derecho comercial internacional es tremendamente útil».
El caso Próspera revela, sin embargo, que la ley de comercio internacional de EE.UU. es una condición previa, no simplemente un respaldo «útil», para estas aventuras anarcocapitalistas. En 2014 —apenas un año después de la aprobación de la ley de ZEDEs- el gobierno golpista de Honduras firmó un tratado con el Estado de Kuwait para la «promoción y protección recíproca de inversiones», que prometía proteger todas las inversiones kuwaitíes en las ZEDEs por «un período no inferior a 50 años.» Hoy, Próspera cita el principio de «nación más favorecida» consagrado en el CAFTA para extender esta protección de 50 años también a las inversiones estadounidenses— y utiliza ese plazo de 50 años para calcular los 10.700 millones de dólares en beneficios futuros esperados perdidos por la decisión democrática de derogar la ley de las ZEDEs.
Si las ZEDEs han generado la mayor indignación internacional —un caso claro de colonialismo corporativo entre las comunidades más pobres de Honduras—, el sistema de Solución de Controversias Inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) es el verdadero escándalo. El sistema ISDS, incluido en los tratados bilaterales de inversión de EE.UU. en todo el mundo, proporciona el andamiaje internacional para el poder corporativo y sus abusos, permitiendo a los inversores amenazar, extorsionar y extraer miles de millones de dólares de los gobiernos del mundo en desarrollo por cualquier regulación que pueda afectar a sus márgenes de beneficio, desde disposiciones sobre salario mínimo hasta protecciones medioambientales.
El escándalo no es sólo que el ISDS sirva como arma legal unilateral contra los débiles: a través del ISDS, las corporaciones pueden demandar a los gobiernos, pero los gobiernos siguen careciendo de un instrumento legalmente vinculante para hacer que las corporaciones extranjeras rindan cuentas por sus crímenes. También es que, a través del principio de «nación más favorecida», el arma legal del ISDS sólo puede hacerse más fuerte, a medida que los nuevos tratados amplían y defienden los privilegios de los últimos. El caso de Próspera y su aplicación del Tratado Honduras-Kuwait revelan así la espiral de injusticia del sistema ISDS, que desplaza el equilibrio de poder en el sistema de comercio internacional hacia la corporación y lejos del Estado, hacia la multiplicación de los beneficios y lejos de los fundamentos de la democracia.
Reglas para ti pero no para mí
Desde el inicio de la administración Biden, Estados Unidos ha celebrado un cambio radical en su enfoque del derecho comercial internacional. Si Donald Trump «paralizó» la Organización Mundial del Comercio, la administración Biden ha reformulado esta crisis como una oportunidad para abandonar la vieja ortodoxia y dar la bienvenida a nuevas normas comerciales que «la equipen para abordar mejor los imperativos de hoy en día», como el Presidente Biden los ha definido. «La OMC y las normas del sistema multilateral de comercio nunca fueron concebidas para ser inmutables o estáticas», declaró la Representante de Comercio de EE.UU., Katherine Tai. «Ahora mismo, estar comprometido con la OMC significa también estar comprometido con un verdadero programa de reformas».
Entre sus vecinos del Sur, esta celebración ha parecido más bien una ceremonia de luz de gas. Mientras EE.UU. da forma a un nuevo conjunto de normas comerciales para adaptarlas a sus «imperativos modernos», países como Honduras siguen estando limitados, disciplinados y potencialmente en bancarrota por el antiguo conjunto de normas comerciales en beneficio de Sociedad Limitadas domiciliadas en EE.UU. como Próspera. En comercio, como en tantas otras áreas políticas, el compromiso de la administración Bien con un «orden internacional basado en reglas» parece más reglas para ti, pero no para mí.
Honduras ya está luchando contra esta injusticia. A principios de noviembre, nos unimos a una delegación de alto nivel en Tegucigalpa para apoyar a la Presidenta Xiomara Castro y a su Comisión para la Defensa de la Soberanía y el Territorio en el desarrollo de una estrategia para resistir, desafiar y reformar el sistema de comercio internacional para restringir el poder corporativo y desmantelar el régimen de solución de controversias inversor-Estado. Cuando Honduras asuma la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2024, la Presidenta Castro tiene la oportunidad de situar esta cuestión a la cabeza de la agenda hemisférica.
La administración Biden debe estar dispuesta a negociar. El Presidente Biden ya se ha comprometido a no firmar ningún acuerdo comercial futuro que incluya disposiciones de ISDS. Pero el caso de Honduras demuestra que esta promesa es insuficiente: sólo la eliminación del ISDS de los actuales acuerdos comerciales de Estados Unidos puede defender la democracia de estas intervenciones corporativas.
Lo que está en juego para Honduras no son simplemente los miles de millones de dólares que de otro modo se destinarían a sanidad, vivienda y educación. Lo que está en juego es la propia existencia de Crawfish Rock: el pasado y el futuro de las familias que han habitado la isla durante siglos. «Si nos quitan nuestra tierra, si nos quitan nuestro patrimonio cultural, nuestra forma de vida, nos quitan todo, toda la identidad del grupo como negros anglófonos», dice la vicepresidenta del consejo de gobierno de Crawfish Rock, Venessa Cárdenas Woods, «entonces estarían eliminando a todo un pueblo».
Traducción: José Miguel Ahumada, profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
Madrid –
