Seguridad pública en Chile: Una piedra en el zapato

Para la izquierda chilena históricamente —y también para el gobierno de Boric— lidiar con la delincuencia nunca ha sido fácil

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La noche del viernes recién pasado, durante ocho horas, la policía chilena desplegó un mega-operativo con más de tres mil efectivos en las principales ciudades del país que dejó como saldo el arresto de más de 700 personas, la incautación de drogas, armamento, automóviles usados por micro-traficantes y una señal a la ciudadanía de que el gobierno y las policías no se han rendido ante la delincuencia.

La redada ha sido una respuesta a los inquietantes resultados de un estudio sobre los indicadores de victimización en la ciudadanía que se ha realizado y difundido por el propio gobierno del presidente Gabriel Boric. La llamada Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) publicada el mismo viernes indicó que la percepción de inseguridad, victimización de personas y hogares y la reacción frente al delito creció de forma exponencial entre la ciudadanía chilena en 2022 y se colocó en un porcentaje histórico.

El resultado más llamativo se relaciona con la sensación de inseguridad: un 90,6% de los encuestados respondieron que sí han sentido un alza de la delincuencia en los últimos doce meses, frente al 86,9% de la encuesta anterior, un récord desde que se hace esta consulta.

Pese a que las agencias internacionales ubican a Chile entre los cinco países más seguros de América Latina (el primero es Costa Rica), la sensación de inseguridad se ha colado como efecto del tipo de delitos que han aparecido en las grandes ciudades chilenas, que sin demora se han puesto entre los principales titulares de la prensa y en la lista prioritaria de los discursos opositores que culpan al gobierno de la crisis de seguridad pública.

La nueva oleada de delitos de alta connotación ha sido retomada por la agenda política luego de 16 asesinatos en quince días, el secuestro de un empresario en la ciudad de Rancagua que dejó al descubierto otros plagios no publicitados y el ataque a una mujer policía con una granada de uso militar. A poco más de 20 días del plebiscito constitucional que decidirá sobre una carta magna propuesta por la extrema derecha, la violencia urbana se ha puesto en el centro del debate público.

El escenario copado por delitos de alta connotación se cruza, además, con los problemas generados por la persistente oleada de migraciones irregulares, proveniente principalmente de poblaciones desplazadas desde Venezuela y Colombia, a las que se le atribuyen la autoría de los principales hechos delictivos. Las cifras contradicen estos diagnósticos.

Un reciente informe del Ministerio de Justicia sobre política penitenciaria registró un aumento de 47.000 a 49.500 internos desde febrero y, según un informe de Gendarmería, los reos extranjeros suman 6.340 (12,8%) internos.

Para la izquierda chilena históricamente —y también para el gobierno de Boric— lidiar con la delincuencia nunca ha sido fácil. Tiene que ver con reminiscencias de la dictadura militar, que usó indiscriminadamente la violencia militar y policial contra sus opositores, y luego con el uso de la fuerza que desplegó el gobierno derechista de Sebastián Piñera durante el llamado “estallido social” de 2019, que dejó muertos, heridos y mutilados.

Sin embargo, la agenda de Boric y su gobierno ha puesto la seguridad pública como prioridad tras la aparición de delitos mayores, como la expansión del narcotráfico, el control territorial de este en las poblaciones populares, el sicariato que ha mostrado su actuar con ejecuciones entre bandas rivales y el aumento de ingreso por fronteras y uso de armas de fuego, entre otras acciones delictivas.

Otro informe, esta vez del Ministerio Público (organizado en Fiscalías que investigan los delitos) difundido este fin de semana dice que los secuestros han aumentado en un 68%; solo durante el primer semestre de este año se han cometido 467 delitos de este tipo, en su mayoría extorsivos en Santiago, Valparaíso y Concepción, las tres ciudades chilenas más populosas.

El gobierno de Boric se ha hecho cargo del problema desde que percibió que era la mayor preocupación ciudadana y el último año ha tramitado más de 30 nuevas leyes para combatir la criminalidad. A través de iniciativas como El Plan Nacional contra el Crimen Organizado o el Plan Calles Sin Violencia, entre otros, ha buscado fortalecer las capacidades de las policías, entregarles más recursos para equipos, armamentos, infraestructura y vehículos, al mismo tiempo de reforzar la vigilancia policial territorial, recuperación de espacios públicos y aumentar las dotaciones policiales en las poblaciones.

En el plano legislativo, el esfuerzo se ha volcado a entregar más facultades a los investigadores y a los tribunales. Ello supone condenas más altas, pero sobre todo permitir la inteligencia financiera para seguir los recursos del narcotráfico y el uso de métodos intrusivos para golpear a las organizaciones criminales, entre otras medidas.

Pero es en el Presupuesto Nacional 2024 —que será despachado por el Congreso este martes 28— donde se materializa la prioridad política que ha alcanzado la seguridad nacional. Aumentan significativamente las partidas de Carabineros (policía uniformada) y de la Policía de Investigaciones, así también como los programas de seguridad pública, y las del Ministerio de Interior. En promedio, el aumento de recursos es sobre el 10% en relación al año anterior.

Pero puesto en la ruta de la elección plebiscitaria de la nueva Constitución del próximo 17 de diciembre, la derecha y sus medios de prensa, siguen atribuyendo al gobierno “la incapacidad de afrontar la crisis” y buscan que éste decrete el “Estado Excepción” para controlar la criminalidad. Esto es sacar a las Fuerzas Armadas al combate contra el crimen organizado. Un eventual escenario que es rechazado por el oficialismo.

Los militares ya participan en tareas de vigilancia perimetral para la acción policial en la Araucanía, donde actúan organizaciones mapuche movilizadas para la recuperación de tierras, grupos de autodefensa de las forestales y de ultraderecha, así como bandas de narcotraficantes. En el llamado Walmapu el estado de excepción se impuso desde hace poco más de un año y se renueva periódicamente. En la última solicitud de prórroga la solicitad indica que, entre el 1 de enero y el 24 de septiembre, “se observa una disminución del 11% de los eventos de violencia rural en la macrozona sur con respecto al 2022 y un descenso del 41% con respecto al 2021”.

Efectivos de las Fuerzas Armadas también operan en los bordes fronterizos del norte, principalmente en los límites con Bolivia, una ruta intensamente usada por grupos organizados para el ingreso ilegal de migrantes. Ahora la oposición derechista pide que prácticamente todo el territorio chileno quede bajo estado de excepción.

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