Un año del golpe en Perú
Perú es de hecho el único país del mundo en el que se puede destituir a un presidente por estar “incapacitado moralmente”
Se cumple un año del golpe contra el gobierno de Pedro Castillo y de que Dina Boluarte se instalase en el palacio de gobierno de Perú. Y 365 días después podemos decir que el golpe ha logrado su objetivo no declarado: que la derecha peruana acumule más y más poder. Hoy por hoy cuenta con el Ejecutivo para adjudicar recursos; con la Fiscalía y el poder judicial para criminalizar a sus adversarios políticos y garantizar su impunidad; con las Fuerzas de Seguridad del Estado para reprimir; con el Congreso para bloquear un adelanto electoral; y con los medios de comunicación para instalar un relato que le sea favorable. Todos ellos coinciden en una cosa: la necesidad de recuperar el modelo neoliberal plasmado en la Constitución fujimorista de 1993. Y por ahora, parece que lo van consiguiendo.
No se trata sólo de tomar el poder, sino de asegurarse de no perderlo. Y para ello la derecha peruana no está escatimando en esfuerzos: intervenir órganos electorales, inhabilitar a adversarios políticos, controlar del sistema judicial, bloquear la propuesta de adelanto electoral en el Congreso… A pesar de que el gobierno autoritario de Boluarte no alcanza ni tan siquiera el 10% de aprobación ciudadana, pretende quedarse hasta 2026.
Pero hagamos un breve repaso de cómo se ha llegado hasta aquí:
El pasado 7 de diciembre de 2022, el Congreso peruano destituía a Pedro Castillo alegando una “permanente incapacidad moral” con 101 votos a favor del total de 130 de la Cámara. La destitución se producía poco después de que Castillo hubiera anunciado la necesidad de convocar elecciones constituyentes. La constitución vigente en Perú desde 1993, herencia de Fujimori, es uno de los principales impedimentos que tiene Perú para avanzar democráticamente. Y una de las promesas con las que Castillo ganó las elecciones fue precisamente la de convocar una Asamblea Constituyente para ponerle fin.
Castillo anuncia la convocatoria de constituyentes y el Congreso le inhabilita por “permanente incapacidad moral”, una figura que introdujo Fujimori en la Constitución peruana que permite destituir al presidente de la República si el Congreso lo considera inhabilitado para ejercer la jefatura del Estado. Perú es de hecho el único país del mundo en el que se puede destituir a un presidente por estar “incapacitado moralmente”. En la práctica esto sirve para que el Congreso pueda sacarse de encima a presidentes sin mayor problema. Ocurrió con Kuczynski, a Vizcarra, y hasta con el propio Fujimori. Paradójicamente, aunque Perú no sea una república parlamentaria, el Congreso tiene más poder que el presidente. Dos horas más tarde de que el Congreso declarase su “incapacidad moral”, Castillo fue detenido por su propio equipo de seguridad mientras se dirigía a la embajada de México para solicitar asilo político. Y poco después, Dina Boluarte, hasta entonces su vicepresidenta, juraba como presidenta de Perú.
La que fuera vicepresidenta de Castillo, diputados de distintos partidos, miembros de la judicatura, varios ministros y embajadores y por supuesto, la mayor parte de los medios de comunicación peruanos e internacionales, calificaron el anuncio de Castillo de “golpe de Estado”. Además, la policía y las fuerzas armadas se desmarcaron de la disolución del Congreso en un comunicado y la Organización de los Estados Americanos [la misma que justificó el golpe contra Evo en Bolivia] y Estados Unidos reconocieron la legitimidad nueva presidenta. Curioso “golpe de Estado” con el poder militar, el poder judicial, el poder mediático y Estados Unidos en contra. Si de algo se puede acusar a Castillo es de haber creído que, reconfigurando su ejecutivo para acercarse a las élites del país, éstas le tratarían con menos hostilidad. A la vista de lo sucedido no funcionó. Las oligarquías peruanas no podían tolerar que un maestro rural y dirigente sindical, un “cholo”, como dicen allá, fuera presidente del país.
Si hay una palabra que define al gobierno de Boluarte esa es represión. Según datos de la Defensoría del Pueblo, al menos 49 personas han sido asesinadas por la policía y las fuerzas armadas durante las protestas contra el gobierno autoritario de Boluarte. Pero las cifras pueden ser mucho mayores y se habla de más de 60 muertos y miles de heridos. La mayor parte de ellos eran trabajadores rurales e indígenas del sur del país, que exigían el adelanto electoral y la renuncia de Boluarte. La presidenta de Perú, no sólo no ha asumido la responsabilidad de estas muertes, sino que ratificó su respaldo a las Fuerzas Armadas y elogió su “conducta inmaculada” durante las protestas. El primer ministro, Alberto Otárola, fue más allá y consideró que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional merecían una compensación por su trabajo. Un bono, es decir, una paga extra por “su gran trabajo controlando las protestas”. Premio a la represión.
Durante el mes de enero de 2023, las protestas se intensificaron en la capital y otras regiones del país. En Puno, al sureste del país, la brutalidad policial causó la muerte de al menos 18 personas. La masacre de Puno se convirtió en una de las más sangrientas llevadas a cabo por el actual gobierno y Dina Boluarte fue muy tajante: “Puno no es Perú”. En sus declaraciones, y con el apoyo de los principales medios de comunicación, Boluarte aseguró además que las protestas estaban dirigidas por terroristas y delincuentes. Un grupo de personas radicales que se dedican al narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Este intento de criminalización se acompañó desde las fuerzas del orden en las calles: se fabricaron pruebas falsas contra los manifestantes y la policía se infiltraba para incitar a la violencia en las marchas.
Las demandas de los manifestantes, apoyados por numerosos gobiernos regionales, algunos colegios de profesionales y organizaciones indígenas y sindicales eran cuatro: Uno, condena de la represión policial. Dos, renuncia de Boluarte y adelanto electoral. Tres, gobierno de transición. Y cuatro, convocatoria de una Asamblea Constituyente.
A un año del golpe de Estado la crisis en Perú está lejos de haberse cerrado. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos de este mes, sólo el 8% de los peruanos aprueban la gestión de Dina Boluarte. Además, casi todos los peruanos, un 91%, desaprueban el actual Congreso (el que destituyó a Castillo), y un 85% considera que no respeta la separación de poderes. Veremos cuánto tiempo es capaz de resistir.
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Madrid –
