Una jueza de EEUU falla a favor de Argentina y contra los fondos buitre por la deuda externa en la etapa de Cristina Fernández

Desde hace 12 años, la sostenibilidad financiera del país se decide en tribunales anglosajones. Ahora, la magistrada que condenó en septiembre de 2023 a Argentina a pagar 16.000 millones por expropiar YPF da la razón al Gobierno de Milei

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La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, ha fallado a favor de Argentina y en contra de un cártel de fondos buitre que reclaman alrededor de 1.300 millones de euros al estado por un cambio contable ocurrido en la etapa de Cristina Fernández de Kirchner; los fondos acusan supuestamente al país de manipular datos oficiales para favorecer el pago de los intereses de la deuda soberana.

Desde la década pasada, una gran parte de la sostenibilidad financiera de Argentina se juega en tribunales anglosajones. En esta ocasión, se trata de la causa cupones PBI, por la cual cinco fondos demandantes (Aurelius Capital, Novoriver, ACP Master, 683 Capital, Adona, APE Group) denunciaban una manipulación de datos del INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, lo que viene a ser el INE. Según esta demanda, a partir de 2013 Argentina, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales, cambió el año base para el cálculo estadístico, modificando de paso la estimación del PIB nacional de 1993 a 2004.

Los cupones PBI se emitieron durante la presidencia de Néstor Kirchner, en 2005, para reestructurar el default de deuda de 2002. Durante el segundo mandato de Cristina se adoptó el cambio contable. Y éste derivó en que se abonaron menores intereses en el pago de la deuda, ya que el contrato de los cupones estipulaba que Argentina debía crecer a partir de 2013 por encima del 3%. El crecimiento ese año fue del 2,96%, y eso es lo que denuncian los fondos en 2019: que no les pagaron porque el cálculo estaba mal hecho, véase manipulado. Ahora los fondos tienen 30 días para apelar ante la jueza.

Injerencia financiera anglosajona

En paralelo, Argentina se enfrenta a otra causa idéntica en Londres en la que el país austral ya ha sido condenado: una sentencia en primera instancia en abril de 2023 por parte del juez Simon Piken dio a la razón a otros cuatro fondos demandantes, Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited. Condenó a Argentina a abonar 1.329 millones de euros, una cantidad similar a la que pedían sus homólogos estadounidenses. El gobierno de Javier Milei ha apelado tras pagar los 337 millones de euros de garantía establecidos por Piken.

Sorprende en esta ocasión el fallo de Preska, la jueza que resolvió en septiembre de 2023 —durante el gobierno del peronista Alberto Fernández— que Argentina debe pagar 16.000 millones de dólares al fondo Burford Capital por expropiar Yacimientos Petrolíferos y Fiscales (YPF), en manos de la multinacional española Repsol hasta 2012.

Así, la injerencia en la soberanía económica de los tribunales anglosajones es norma desde esa fecha, 2012, generando pequeños defaults. Hasta el punto que Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador han pedido a la justicia estadounidense que no se ejecute el fallo de YPF. El propio Milei ha apelado las decisiones de los magistrados extranjeros, sabedor de que el demoledor programa neoliberal que aplica desde que el ultraderechista alcanzó la presidencia el 10 de diciembre lo tendría mucho más complicado de confirmarse estos pagos multimillonarios a fondos buitre. Curiosamente, el primer fallo favorable en 12 años de litigiosidad permanente llega con el libertario instalado en la Casa Rosada.

La sentencia más sonada ocurrió en octubre de 2012. Entonces, el predecesor de Preska, Thomas Griesa, en una decisión extremadamente polémica, aceptó absolutamente todos los argumentos de los acreedores externos que no aceptaron los canjes de deuda, que eran el 7% frente al 93% que sí aceptó; Griesa argumentó que Argentina no había negociado de buena fe los canjes de deuda de 2005 y de 2010 para salir del default y rechazó la buena voluntad del Ejecutivo de Fernández de Kirchner, obligando a pagar al Ejecutivo alrededor de 9.000 millones de euros, una cantidad que abonó Mauricio Macri en 2016. En 2014, el Supremo rechazó la petición de Argentina de revisar el fallo de Griesa dos años antes.

Relaciones jueces-fondos

Todo este desequilibrio fue denunciado públicamente por la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez el año pasado. Cortez acusó a la mayoría conservadora de la Corte Suprema de corrupta. En concreto, difundió una información de ProPública que revelaba un vínculo que iba más allá de la amistad entre uno de los jueces del Supremo que apoyaron no revisar el fallo, Samuel Alito, y el fondo NML, uno de los querellantes.

Según ProPública, Alito compartió un viaje de pesca con Paul Singer, titular de NML, a principios de julio de 2008 en el lujoso albergue King Salmon Lodge de Alaska. Un hotel que cuesta más de 1.000 dólares al día. De acuerdo con la agencia, llegaron a Alaska en un jet privado y los gastos fueron sufragados por Singer. ¿Los jueces serán ahora más complacientes con el Gobierno argentino con Milei a la cabeza? 

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