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Zonas de sacrificio para las mineras en México

Más de 13 defensores de la Sierra de Manantlán han sido asesinados desde 1986, y uno más, Celedonio Monroy Prudencio, sigue desaparecido


La ejecución del indígena nahua Higinio Trinidad de la Cruz, defensor de la tierra en Jalisco, México, fue una muerte anunciada que pudo y debió haberse evitado. El contexto de violencia y amenazas en su comunidad, Ayotitlán, era de sobra conocido. Incluso, él y una veintena más de habitantes cuentan con medidas de protección oficiales. Pese a esto, el 24 de noviembre conocimos su desaparición, y el 25 de noviembre comenzamos a llorar con indignación su muerte. 

Detrás del asesinato de este empeñoso ambientalista indígena hay una trama de intereses económicos mineros y del crimen organizado que han sembrado muerte en las comunidades que tienen la (mala) suerte de contar con recursos naturales de alto valor mercantil. El estado de Jalisco ha sumado a su fama como cuna del mariachi y del tequila ser el lugar que le ha dado nombre y abrigo a uno de los cárteles más poderosos, el Cartel Jalisco Nueva Generación. Jalisco es también el estado con más personas desaparecidas en México. 

Localizada entre los estados de Jalisco y Colima, la comunidad indígena de Ayotitlán, enclavada en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, lleva cerca de cuatro décadas enfrentando la tala clandestina y las depredadoras actividades de las minas, tanto legales como ilegales. En su territorio se encuentra Peña Colorada, la mina de hierro más grande de México, propiedad de los gigantes Ternium y Arcelor Mittal. A pesar de su riqueza natural, el 90% de su población se encuentra considerada como de alta marginación. 

Los defensores del territorio en Ayotitlán han tenido múltiples conflictos derivado de las actividades de la mina. Por una parte, debido al impacto ambiental negativo; por otra parte, porque no se entrega la contraprestación económica a todos los ejidatarios (propietarios sociales de la tierra) que deberían tener acceso a ella, favoreciendo a un grupo y provocando división social. 

En los últimos años, el fortalecimiento del crimen organizado agravó este coctel violento. Más de 13 defensores de la Sierra de Manantlán han sido asesinados desde 1986, y uno más, Celedonio Monroy Prudencio, sigue desaparecido. 

En esta conflictividad se han registrado innumerables episodios de violencia que dan cuenta del alto precio que paga la comunidad por la presencia minera, como lo registra la periodista Lydiette Carrión, en los que se puede percibir el contubernio entre la empresa, el crimen organizado y las propias autoridades.

Desde 2022, relataron los habitantes a la periodista Analy Nuño, las amenazas y agresiones se recrudecieron. Higinio fue secuestrado y amenazado en mayo de ese año para que se desistiera de sus denuncias contra la minera. En ese contexto, Higinio y una veintena más de habitantes de Ayotitlán recibieron medidas cautelares: equipos de comunicación satelital, un “botón de pánico” que les permite comunicación directa con autoridades y, en el caso de Higinio, una valla para el perímetro de su casa y cámaras de video. Eduardo Mosqueda, directivo y abogado de Tsikini, organización que acompaña a los defensores de Ayotitlán, ironiza que no parecen las medidas más adecuadas ante un contexto de macro-criminalidad como el que se vive en la zona. 

Sin arredrarse por las amenazas, Higinio pensaba postularse para ser comisariado ejidal en 2024, cargo comunitario que le daría la posibilidad de integrar a ejidatarios para que recibieran los pagos de la mina y continuar con las denuncias ambientales. Ya había logrado regularizar a 150 ejidatarios. Para Eduardo Mosqueda, Higinio “estaba moviendo todo el equilibrio de poder que le permite a la minera abusar de más de 15 mil personas”. 

El 24 de noviembre pasado, Higinio acudió a una cita a la presidencia municipal de Cuautitlán de García Barragán, en poder del partido Movimiento Ciudadano. Testigos afirmaron a Tsikini que lo vieron entrar al edificio y que luego fue sacado por la fuerza por un grupo de hombres armados. Un día después, el cadáver del defensor fue localizado en la Sierra de Manantlán, con huellas de violencia y disparos. El presidente municipal simplemente negó su presencia en el municipio pero no aclaró si citó a Higinio y con qué objetivo.

A la fecha, afirman desde Tsikini, no hay evidencia de que la fiscalía estatal esté investigando el papel del funcionario que citó a Higinio, o de los policías que no hicieron nada ante su secuestro y desaparición. La comunidad urge a que la fiscalía federal tome el caso, pues no confían en las autoridades estatales (también del partido Movimiento Ciudadano). Además de una investigación diligente, es necesario que se les proporcione protección urgente, eficaz y culturalmente adecuada, incluyendo un destacamento de la Guardia Nacional, pues las amenazas y el hostigamiento no han parado. Desde Tsikini creen que también deben suspenderse las operaciones de la mina hasta en tanto no se garantice la seguridad de la población.

Lamentablemente, el caso de Ayotitlán no es un fenómeno aislado. La organización Global Witnees ha señalado que México es el cuarto país con más agresiones mortales a personas defensoras en todo el mundo, sólo por detrás de Colombia, Brasil y Filipinas. 

Por su parte, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental(CEMDA), en su informe del año 2022, documentó 24 asesinatos y 197 eventos de agresión contra personas defensoras del ambiente. El 52% de las agresiones documentadas fueron dirigidas contra comunidades indígenas, pues son ellas quienes tienen un vínculo más profundo y vital con la tierra. Además, los diferentes niveles de gobierno fueron responsables del 45% de las agresiones documentadas, lo que nos habla de la gravedad y profundidad de la imbricación de agentes estatales en el entramado violento dirigido a despojar recursos. 

Particularmente, la minería registra el más alto número de agresiones relacionadas (39), muchas de ellas ejecutadas por el binomio empresas/delincuencia organizada. La propia empresa Ternium, una de las propietarias de la mina Peña Colorada, ha sido señalada también de estar implicada en la desaparición de un indígena —también candidato a comisariado ejidal— y su abogado, quienes se oponían a sus operaciones en la comunidad de Aquila, en Michoacán. 

La lucha de los pueblos indígenas contra la minería es una fuente constante de conflictos sociales en México. Repetidamente, las comunidades han intentado por la vía jurídica que se respeten sus derechos territoriales, que la minería deje de ser considerada actividad de utilidad pública y preponderante sobre cualquier otro uso del territorio, que se les deje de dar prioridad en el uso de agua y a que las concesiones no sean por periodos de hasta 50 años prorrogables. Para ellas, es prioridad que la consulta sobre estos proyectos extractivistas sea verdaderamente previa, libre e informada. 

Como en otros casos complejos, en este asesinato anunciado debemos preguntarnos quién se beneficia de que activistas como Higinio desaparezcan. A quién conviene que los habitantes de Ayotitlán se desistan de sus denuncias debido a las amenazas contra su vida. A quién beneficia que estas comunidades se vuelvan zonas de silencio y sacrificio.


Madrid –

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