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Sara Serrano en La Base hablando de Ayuso

La Base, Canal Red

Los “protocolos de la vergüenza de Ayuso”

Mientras miles de mayores morían en residencias sin atención médica, algunos personajes siniestros como Encarnación Burgueño, aprovechaban la situación para hacer negocio


Adaptación del análisis de Sara Serrano de La Base. Redactado por Raquel Jiménez.

Llamadas de auxilio para pedir desinfección, tests rápidos y personal médico que se quedaban sin respuesta. Falta de equipos de protección y de mascarillas (se estaban usando bolsas de basura como EPIs). Mayores con trastornos cognitivos deambulando sin control por las residencias. Fallecidos que permanecían en los centros durante días sin ser retirados por las autoridades competentes. Agotamiento de los trabajadores ante la falta de apoyo institucional.

Estas situaciones dantescas están recogidas en los informes que los agentes de la Policía Municipal de Madrid redactaron durante la inspección de las residencias de mayores en las primeras semanas de la pandemia.

Unos informes, que Isabel Díaz Ayuso no quería que salieran a la luz y que retratan el horror que sufrieron los mayores, el agotamiento físico y mental del personal sanitario y el abandono por parte de la Comunidad de Madrid al que fueron sometidos.

De hecho, la Comunidad de Madrid se ha escudado en todo tipo de excusas para evitar publicar las actas: el enorme volumen de la información recogida por los agentes, las políticas de protección de datos, la dificultad de transcribir a ordenador las notas tomadas a mano… para terminar recurriendo a los tribunales.

Isabel Díaz Ayuso llevó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso para evitar que las actas policiales de visitas a las residencias se hicieran públicas, tal y como había exigido el Portal de Transparencia en respuesta a una solicitud de familiares de las víctimas.

Sin embargo, finalmente Ayuso no ha podido evitar que los documentos salieran a la luz. La Cadena SER tuvo acceso a los más de 200 informes firmados por la Policía Municipal de la capital que reflejaban la situación que se vivía en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante las primeras semanas de la pandemia.

Ayuso recurriendo a la justicia —“el último bastión de la derecha”, según Cayetana Álvarez de Toledo— para ocultar la verdad de lo que ocurrió en las residencias.

Otra cosa de la que dan cuenta las actas es de la existencia de los llamados “protocolos de la vergüenza”, dictados desde la Comunidad de Madrid y que impedían el traslado de mayores de las residencias a centros hospitalarios.

7291 ancianos fallecieron en residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia después de que un protocolo firmado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso impidiera el traslado de los mayores enfermos a centros hospitalarios.

Según desveló Infolibre, el 18 de marzo de 2020, el Gobierno de la Comunidad de Madrid envió a las residencias y centros sanitarios un protocolo para evitar que los mayores enfermos con alto nivel de dependencia o deterioro cognitivo [con independencia de que tuvieran o no COVID] fueran derivados a hospitales.

El problema es, que a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, en España las residencias de mayores no están medicalizadas, por lo que este protocolo significó una sentencia de muerte para muchos mayores.

Esto es algo que dijo el propio consejero de Políticas Sociales de Madrid, Alberto Reyero, en una intervención en la Asamblea regional en junio de 2020: “considero que no debe de haber unos criterios de exclusión basados en niveles de dependencia o discapacidad. No es ético y posiblemente no sea legal”, aseguraba Reyero.

Es decir, el propio consejero de Ayuso poniendo en duda la legalidad de la actuación de Sanidad en las residencias de la Comunidad durante la pandemia.

Las consecuencias de este “protocolo de la vergüenza” fueron devastadoras. Entre marzo y abril de 2020, murieron 9.468 residentes madrileños (el 18% del total) y, de ellos, 7.291 (el 77%) lo hicieron sin recibir atención hospitalaria.

No sucedió lo mismo en todas las Comunidades Autónomas. Allí donde no se aplicaron criterios de exclusión y se crearon centros intermedios para atender médicamente a los residentes la cifra de residentes fallecidos fue mucho menor. En Cantabria, por ejemplo, el porcentaje de personas fallecidas en residencias descendió hasta el 37%, cuarenta puntos por debajo de Madrid, y no se produjo ninguna muerte en el centro hospitalario intermedio al que se derivó a los pacientes.

En otras palabras, que en el número de muertos en las residencias ha tenido mucho que ver si la comunidad en la que estaban localizadas había aprobado o no protocolos de no-derivación hospitalaria, si las residencias estaban o no medicalizadas y si se utilizaron o no centros de atención intermedia…

Sin embargo, en Madrid nunca se medicalizaron las residencias. Lo máximo que se llegó a hacer fue aprobar un plan clandestino para llevar médicos a las residencias de la comunidad. Se denominó la “Operación Bicho” y lo dirigía Encarnación Burgueño, hija de un alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre e ideólogo de la privatización de la sanidad madrileña.

En audio que fue revelado por el diario El País Burgueño decía: “Llevamos en torno a 8.700 abueletes vistos. En una semana. Flipo colorines, tíos. Joder como sigamos así nos vamos a hacer los reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid, Comunidad Autónoma, ¿vale? Flipo. Sois geniales. Vais a hacer que mi sueño se consiga. Que es trabajar en el mundo sociosanitario. Tener mi propia empresa. Gracias. Muchísimas gracias.”

Mientras miles de mayores morían en residencias sin atención médica, algunos personajes siniestros como Burgueño, aprovechaban la situación para hacer negocio. Esta señora, además de ser hija de uno de los responsables de la privatización de la sanidad madrileña, no tenía ninguna experiencia en el sector sanitario, y no tenía ni ambulancias, ni médicos a su cargo. A pesar de ello el Gobierno de Ayuso la puso al frente de la medicalización de las residencias de la Comunidad.

Otro de los motivos que explican el exceso de muertes en la Comunidad de Madrid es el modelo residencial dominante en la región, en el que se ha privilegiado la entrada de capital privado en la gestión de las residencias frente a un modelo de gestión pública. En España casi un 75% de los centros de mayores son privados, pero en la Comunidad de Madrid, [tras 25 años de gobiernos del PP], las cifras son aún más contundentes: el 88% de las residencias son privadas. Muchas de ellas están controladas por empresas que nada tienen que ver con la gestión sanitaria como constructoras, aseguradoras, entidades religiosas o fondos de inversión.

España tiene una de las poblaciones más envejecidas del mundo, y esto hace que el negocio de la atención a mayores sea enormemente lucrativo: en 2019 generó ingresos de casi 4.500 millones de euros y lleva más de cuatro años creciendo a un ritmo superior al 4% interanual. Un enorme nicho de negocio a costa de la salud de nuestros mayores en el que están metiendo mano los fondos buitre que controlan ya más del 23% del sector de las residencias.

También las instituciones religiosas, a las que el Gobierno de Ayuso paga más de 230.000 euros anuales por dar asistencia religiosa a los ancianos en residencias públicas. Médicos y personal sanitario no, pero curas que no falten.

7.291 muertos y 4 años después, las conclusiones sobre lo ocurrido parecen claras. Las principales causas de la muerte de los mayores fueron el abandono institucional de las residencias en favor de empresas privadas que priorizan los beneficios sobre el bienestar de sus pacientes. Esto lleva a que las residencias no tengan el personal suficiente, a que no estén medicalizadas o a que los protocolos de atención se deriven a empresarios sin ninguna experiencia en el sector.

Pero Ayuso no ha asumido sus responsabilidades políticas. Pocos días después de que la Cadena SER hiciera públicos los informes policiales, Ayuso compareció en la Asamblea de Madrid y dijo que “cuando una persona mayor estaba gravemente enferma, con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio”. Así justificaba la presidenta de la Comunidad de Madrid que no se trasladara a los mayores enfermos a centros hospitalarios para recibir atención médica. Además Ayuso está reconociendo implícitamente algo que su gobierno negó durante mucho tiempo: la aplicación de los protocolos de exclusión.

Pero la cosa no se quedó ahí. Días después, durante un desayuno informativo de Forum Europa dijo que el gobierno está “a un paso de acusarnos de genocidio”.

Dos mentiras nos cuela Ayuso en menos de 30 segundos: la primera que en Madrid murieron mayores durante la pandemia “como en todas partes”, algo que como ya hemos comentado aquí es rotundamente falso, Madrid acumula casi la mitad de los fallecidos de todo el país. Y la segunda que “el traslado de los enfermos no garantizaba su supervivencia”. Algo que contradice los datos, en Madrid tenías una posibilidad entre cinco de morir si vivías en una residencia durante la pandemia. Que te trasladaran a un hospital y recibieras atención médica y asistencia respiratoria, podía evidentemente salvarte la vida. De hecho, cuando la situación en los hospitales se descongestionó y comenzaron los traslados de las residencias a los centros médicos, la mortalidad se redujo drásticamente.

Además, Ayuso aprovecha para echar balones fuera y decir que si no se trasladaron más pacientes a centros hospitalarios fue única y exclusivamente por criterio del personal sanitario y no por criterios políticos.

Como es bien sabido las competencias residenciales estaban en manos de las Comunidades Autónomas durante la pandemia. Y, en cualquier caso, el gobierno central puso a disposición de las comunidades autónomas todos los medios necesarios para hacer frente a la situación de emergencia, como por ejemplo la UME.

“Están a un paso de acusarnos de genocidio”, dice Ayuso. De genocidio no sé, pero creo que llegará el día en el que veremos a la presidenta de la Comunidad de Madrid sentada en el banquillo para rendir cuentas por dejar morir a 7291 mayores sin asistencia médica.


Puedes ver el episodio completo de La Base por Canal Red aquí:

Madrid –

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