Editorial

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No sabemos si lo que hizo el gobierno de Ayuso en aquellos meses de 2020 acabará con personas del PP condenadas por homicidio. De lo que no cabe duda es de que una buena parte del poder mediático fue cómplice

«Hoy hace 1.426 días que el Gobierno Ayuso aprobó el Protocolo que impedía trasladar al hospital a los residentes más vulnerables. 7.291 murieron sin recibir atención médica (5.795 con covid). La Fiscalía General del Estado no investiga. Ellos pasan, nosotros #NoOlvidamos. ¿Se lo recordamos a diario?» Como hace todos los días, el periodista y autor del libro «¡Vergüenza! El escándalo de las residencias», Manuel Rico, publicaba ayer en la red social X el recordatorio de las escalofriantes cifras de fallecidos en las residencias en la Comunidad de Madrid en el peor momento de la pandemia.

También ayer, la Cadena SER publicaba en exclusiva una serie de informes de la Policía Municipal de Madrid a los cuales la radio de PRISA había podido tener acceso después de que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso recurriese a los tribunales la decisión del Consejo de Transparencia de dar la razón a un ciudadano que había solicitado formalmente su publicación. En ellos, además de aparecer pruebas adicionales de la aplicación de los así llamados «protocolos de la vergüenza» que dictó el gobierno de Ayuso y que establecieron criterios de exclusión para que las personas más vulnerables no fueran trasladadas a hospitales cuando se contagiaban con la COVID-19, también se pueden leer otras situaciones que se encontraron los agentes y que hielan la sangre. Personas fallecidas en los centros cuyo cadáver permanecía allí durante días sin que nadie viniese a llevárselo, residencias en las cuales los trabajadores no habían recibido ningún tipo de equipo de protección y que tenían que usar para tal fin bolsas de basura, centros que no habían recibido tests o residentes con problemas cognitivos deambulando por los pasillos sin control.

Estas revelaciones han sido recibidas con indignación por la oposición política al PP, pero también por buena parte de la ciudadanía. No debemos olvidar que, durante aquellos días terribles, Isabel Díaz Ayuso no solamente aprobó y justificó los «protocolos de la vergüenza», sino que además se refugió en un piso de lujo pagado por el empresario Kike Sarasola mientras el resto de la población estaba confinada en su casa o que ella misma, junto a Pablo Casado, se dedicaron a hacer publicidad en redes sociales de la empresa de hoteles de Sarasola, la cual supuestamente estaba cediendo sus establecimientos para acoger a los enfermos menos graves.

Durante la segunda mitad del año pasado se constituyó la Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias de Madrid ante la dejación de funciones de la administración y de la justicia a la hora de investigar estos graves hechos que, como mínimo, supone una violación masiva de derechos humanos. El tiempo dirá si el comportamiento a todas luces delincuencial del gobierno de Ayuso en aquellos momentos oscuros acaba con dirigentes del PP en prisión, pero tampoco debemos olvidar que la comisión de aquellos posibles crímenes estuvo acompañada de una difusión de mentiras y bulos que también sirvió para echar tinta de calamar sobre los verdaderos responsables de la infamia.

El tiempo dirá si el comportamiento a todas luces delincuencial del gobierno de Ayuso en aquellos momentos oscuros acaba con dirigentes del PP en prisión, pero tampoco debemos olvidar que la comisión de aquellos posibles crímenes estuvo acompañada de una difusión de mentiras y bulos

Cuando se empezó a destapar la enorme dimensión de la masacre, Ayuso y el conjunto del PP rápidamente lanzaron el bulo de que las competencias sobre la gestión de las residencias estaban en manos del entonces vicepresidente Segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias. Pero lo determinante para la salud de un bulo no es que sea emitido por la dirigencia de un partido corrupto. Si hubiera en España un periodismo mayoritariamente merecedor de ese nombre, un bulo de tan baja estofa como el que lanzó entonces Ayuso sería desmontado en cuestión de minutos y sus fabricantes condenados al oprobio y a la humillación pública. Sin embargo, como seguramente recordará el lector o lectora, ese no fue en absoluto el caso. Ana Rosa Quintana llegó a decir en horario de máxima audiencia que «el líder de Podemos echa en cara los muertos de las residencias de ancianos a Díaz Ayuso, cuando él era el responsable de los geriátricos». El periódico El Mundo replicó el bulo en varios titulares; «Un mes de Pablo Iglesias al mando de las residencias: «Seguimos sin test ni equipos de protección»», mentía la pieza de Raúl Piña en abril de 2020. «30.103 ancianos muertos e Iglesias se va sin pisar una residencia», titulaba en marzo de 2021 Alberto Pérez en el digital Vozpópuli. Una infamia similar era reproducida por Elena Genillo en el periódico derechista de Atresmedia; «El legado de Iglesias: 29.782 muertos en residencias», escribió la subordinada de Francisco Marhuenda. Y, por supuesto, no podía faltar el digital de las cloacas por antonomasia; «Estas son las pruebas de que Iglesias es el responsable de las residencias», titulaba OKdiario en junio de 2020. De poco serviría que la propia Ayuso, como consecuencia de un lapsus, reconociera su competencia exclusiva sobre las residencias en una entrevista en Telemadrid. La difusión masiva de la mentira ya había conseguido intoxicar a la opinión pública gracias a la potencia de los principales cañones mediáticos y, posiblemente, a día de hoy, todavía haya mucha gente que siga pensando que el entonces líder de Podemos tuvo algo que ver con lo que pasó.

A la vista de los informes policiales publicados por la Cadena SER, mucha gente decente de nuestro país seguramente se está volviendo a preguntar si los hechos miserables que protagonizó el gobierno de Ayuso en aquellos meses de 2020 acabarán con personas del PP condenadas por homicidio, si las responsabilidades se dirimirán exclusivamente en el ámbito político o incluso si los responsables se irán de rositas. En cualquier caso, de lo que no cabe duda es de que una buena parte del poder mediático fue cómplice. Si hace falta, habrá que repetirlo 7291 veces.