Editorial

El 11M y la impunidad de la corrupción periodística

Más allá de lo que supone la teoría de la conspiración sobre el 11M en la historia de la corrupción periodística, este vigésimo aniversario de los atentados también nos deja una reflexión sobre la impunidad del poder mediático

Hace 20 años menos un día, el 11 de marzo de 2004, tenía lugar en Madrid el peor atentado terrorista de la historia de España y el segundo peor de toda Europa después del que produjo la explosión del vuelo 103 de Pan Am sobre la ciudad escocesa de Lockerbie en 1988. Unos minutos antes de las 8:00 de la mañana y en plena hora punta, se producían 10 explosiones casi simultáneas en cuatro trenes de la red de cercanías de la capital. 193 personas fueron asesinadas como resultado de aquel ataque, incluyendo a un policía que participó del cerco —unas semanas después— a algunos de los autores materiales, que se autoinmolaron en un piso franco en Leganés.

Apenas tres días después del atentado, se celebraban en España las elecciones generales que enfrentaban a Mariano Rajoy —designado por José María Aznar como su sucesor al frente del PP— con José Luis Rodríguez Zapatero. Dado que Aznar había metido a España en la guerra de Irak en contra de la opinión mayoritaria de la ciudadanía, todo el mundo interpretó rápidamente que, de confirmarse la autoría yihadista, el atentado sería visto como una represalia contra España consecuencia directa de una iniciativa personal del del PP. Tanto es así que, ya durante esa misma tarde, en el seno del Gobierno se llegaron a poner encima de la mesa análisis tan explícitos como que «Si ha sido ETA nos salimos del mapa, pero si han sido los yihadistas, nos vamos a casa» (como relata el propio José Manuel García Margallo en sus memorias).

Las primeras horas después del atentado fueron momentos de desorientación. Tanto es así que fueron muchos líderes y partidos políticos distintos del PP, incluyendo a Durán i Lleida, al propio Zapatero, al entonces lehendakari Ibarretxe o a Carod Rovira, secretario general de ERC, los que atribuyeron inicialmente la autoría a ETA. Entre los periódicos de mayor tirada, solamente La Vanguardia apostó por la prudencia y evitó en todo momento señalar a la banda terrorista vasca en ausencia de pruebas concluyentes. A pesar de que esa misma tarde ya existía una revindicación del atentado por parte de Al Qaeda, la inmensa mayoría de los medios de comunicación replicaron la versión oficial del Gobierno: había sido ETA. A pesar de que el propio CNI alertó al ejecutivo de Aznar el propio 11 de marzo de que aquello podría haber sido obra de un comando yihadista, a pesar de que los TEDAX explicaron al Gobierno, también ese mismo día, que nada parecía señalar a ETA en todo lo que tenía que ver con los explosivos y a pesar de que la propia banda terrorista negó su implicación a la mañana del día siguiente, el Gobierno del PP no dejó de insistir públicamente que había sido ETA hasta que perdieron definitivamente las elecciones el domingo 14 de marzo después de que miles de personas salieran a la calle denunciando que el Gobierno estaba mintiendo. En uno de los episodios políticos más infames de toda la historia de España, fue el propio presidente José María Aznar el que se encargó de llamar a los directores de los principales medios para mentirles.

Pero más allá de los titubeos, las dudas y los errores que plagaron al conjunto del poder mediático —salvo honrosas excepciones— durante aquellos tres intensos días que transcurrieron entre la matanza y las urnas, es importante destacar para la praxis del periodismo lo que tuvo lugar en los meses y años que siguieron al 11M. Después de las elecciones y durante más de una década, varios destacados periodistas y numerosos medios de comunicación dedicaron enormes esfuerzos a alimentar lo que se ha dado en llamar «la teoría de la conspiración sobre el 11M». Basándose en bulos, en declaraciones de fuentes sin ninguna credibilidad o en meras especulaciones, Pedro J Ramírez y Casimiro García Abadillo desde las páginas de El Mundo, Federico Jiménez Losantos desde la cadena COPE, la televisión de extrema derecha Intereconomía (hoy Toro TV) o Libertad Digital, se dedicaron durante años a intentar intoxicar a la opinión pública con una supuesta trama en la que no solamente se señalaba a ETA, sino también a Marruecos, a los servicios secretos españoles, o al PSOE. Veinte años después, ni siquiera todos sus principales protagonistas se atreven a defender abiertamente la basura falsa que entonces suministraron a la población desde sus altavoces mediáticos.

En uno de los episodios políticos más infames de toda la historia de España, fue el propio presidente José María Aznar el que se encargó de llamar a los directores de los principales medios para mentirles

Aunque la mentira nunca ha sido ajena a la operativa de los grandes medios de comunicación, la enorme dimensión de la intoxicación después del 11M, la duración en el tiempo de dicha campaña, el número de medios implicados, la relevancia de los supuestos periodistas que la lideraron y la gravedad de los hechos sobre los cuales estaban aplicando la manipulación, constituyeron sin duda un hito fundacional en la historia de la corrupción periodística en España e inauguraron una nueva época en la comunicación que sitúa los «hechos alternativos» —es decir, las fake news— como un arma habitual para hacer política desde la derecha y la extrema derecha (y, lamentablemente, no solo desde ahí). La teoría de la conspiración sobre el 11M fue un precedente significativo y una pista de aterrizaje para que, una década después, y esta vez con ayuda de determinados jueces corruptos, se pudiera lanzar de una forma eficaz —y acompañada incluso por una parte de la progresía mediática— la campaña más brutal de difamación sobre un partido político que hemos vivido en democracia. El audio de Antonio García Ferreras confesando a Villarejo que ya sabía que lo que le estaba pasando Eduardo Inda sobre Podemos era «demasiado burdo», pero igualmente «fue con ello» no habría sido posible si 10 años antes El Mundo no hubiese convertido un cassette de la Orquesta Mondragón en una prueba de la autoría de ETA en los atentados de Atocha.

Pero, más allá de lo que supone la teoría de la conspiración sobre el 11M en la historia de la corrupción periodística, este vigésimo aniversario de los atentados también nos deja una reflexión sobre la impunidad del poder mediático. Dos décadas después de que empezaran a propagar basura falsa sobre el mayor asesinato colectivo de compatriotas en lo que va de siglo XXI, hoy El Mundo sigue imprimiéndose, la COPE sigue emitiendo bajo la dirección de la Conferencia Episcopal, Libertad Digital sigue publicando bulos y la cadena ultraderechista de Julio Ariza sigue en el aire aunque se haya cambiado de nombre. Hoy, en 2024, Pedro J Ramírez es director de El Español y casi todos los ministros del PSOE acuden a sus fiestas, Federico Jiménez Losantos sigue insultando en prosa y en verso —ahora en esRadio— y Casimiro García Abadillo es el director de El Independiente. Que estos medios de desinformación no hayan cerrado y que estos supuestos periodistas no hayan sido completamente proscritos por parte del conjunto de la profesión no solamente es un repugnante insulto a la memoria de las víctimas —y de todo un país que lloró con ellas— veinte años después. Que estos delincuentes sigan ocupando destacadas tribunas y que los medios desde los cuales cometieron sus crímenes contra la democracia sigan abiertos deja completamente claro, además, que la corrupción periodística en España goza de la más absoluta impunidad.