El BBVA, el Sabadell y la banca pública

Ayer jueves 9 de mayo, saltaba la noticia: después de que el Banco Sabadell rechazara la oferta de fusión amistosa que le trasladó el BBVA, éste último decidió que, si por las buenas no se podía, entonces tendría que ser por las malas, y anunció que lanzaba una OPA hostil contra el banco catalán.

Para que nuestros lectores menos avezados en el vocabulario financiero tengan claro de lo que estamos hablando, una fusión amistosa es un proceso mediante el cual se canjean las acciones, en este caso del Sabadell por acciones del BBVA —con una determinada prima sobre el precio actual de mercado—, pero con un acuerdo previo entre las direcciones de ambas entidades. Por el contrario, una OPA —iniciales de Oferta Pública de Adquisición— se dice hostil cuando la entidad opante se salta cualquier posición de la dirección de la entidad opada y ofrece públicamente a todos sus accionistas comprarles o canjearles sus acciones. Esto es lo que ha decidido hacer finalmente el BBVA —con una prima de aproximadamente el 30% sobre el valor actual de las acciones del Sabadell en bolsa— y, una vez se hayan expresado los diferentes organismos reguladores al respecto, la decisión definitiva recaerá en un conjunto de grandes fondos buitre —entre ellos BlackRock, Vanguard o Norges— que tienen en sus manos el 52% de las participaciones del Sabadell.

De tener éxito, es decir en el caso en el que el BBVA consiga hacerse con más del 50% de las acciones del Sabadell, el banco resultante de la fusión adelantaría en volumen de activos a Bankia-CaixaBank, situándose como el segundo banco de España, muy cerca del primer lugar, ocupado en estos momentos por el Banco Santander.

Como siempre ocurre con las fusiones bancarias, muy probablemente la consecución de este objetivo conllevaría el despido de miles de trabajadores y el cierre masivo de oficinas. Además, se reduciría la competencia y se aumentaría la concentración en un sector que, con el paso de los años, se ha ido configurando cada vez más como un oligopolio.

Ante esta posibilidad, algunas fuerzas progresistas como el PSOE y Sumar se han opuesto abiertamente a la fusión y también lo han hecho los presidents de la Generalitat de Catalunya y de la Generalitat Valenciana, territorios en los que el Sabadell tiene una importante presencia y que, por lo tanto, se verían posiblemente perjudicados.

Oponerse a esta fusión es una posición política correcta —por los hechos que acabamos de describir—, pero es claramente insuficiente. Las fuerzas de izquierdas no se deben dejar atrapar en el debate "concentración, sí o no". Ese debate, es un debate trampa. Y lo es porque el comportamiento de la banca privada es un comportamiento depredador por definición, sea cual sea el nivel de concentración del sector. Es verdad que, cuanta más concentración haya, más fácil es llevar a cabo prácticas oligopolísticas para perjudicar a los clientes y también para situar a estas empresas como 'too big to fail', coartando así la soberanía de los estados. Pero es igualmente cierto que el comportamiento del BBVA y del Sabadell va a seguir el formato de la depredación, funcionen estas dos entidades por separado o acaben fusionándose. Quizás juntas podrían extraer de una forma más eficaz la renta de las clases populares para entregarla a las oligarquías financieras, pero en todo caso la diferencia entre una situación y la otra sería tan solo cuantitativa y ni siquiera demasiado grande.

El comportamiento del BBVA y del Sabadell va a seguir el formato de la depredación, funcionen estas dos entidades por separado o acaben fusionándose

El debate que empuja a las fuerzas políticas progresistas y de izquierdas a trabajar por una desconcentración de los mercados oligopólicos privados significa haber aceptado previamente una derrota ideológica severa. Si todo gira en torno a la pregunta de si se debe permitir o no que el sector bancario se siga concentrando, entonces va a ser imposible evitar que las entidades privadas se sigan aprovechando de la ciudadanía con las cuotas de las hipotecas, con las comisiones, con la reducción de la atención presencial, con la especulación inmobiliaria en el mercado del alquiler o con su preferencia por las inversiones que produzcan un mayor retorno económico independientemente del daño que puedan causar al ecosistema, a los derechos laborales o a los servicios públicos. Si la pregunta es cuál debe ser el nivel de concentración bancaria, entonces estamos aceptando de antemano el saqueo de capital de abajo hacia arriba y simplemente estamos discutiendo cuál debe ser su intensidad y su velocidad.

Como en cualquier sector estratégico, la pregunta fundamental en el sector bancario no es cuál debe ser su nivel de concentración sino si debemos permitir el control exclusivamente en manos de capitales privados de una región de la economía sin la cual los países no son completamente soberanos desde el punto de vista democrático. Esta es la pregunta y la posición de las izquierdas obviamente tiene que ser la defensa de una banca pública que compita de tú a tú con los gigantes privados y que utilice toda la potencia de fuego de los presupuestos estatales para obligarles a hincar la rodilla en lo que se refiere al respeto del interés general por encima de los beneficios desorbitados.

Es mejor que el BBVA y el Sabadell no se fusionen. Pero, tanto si lo hacen como si no, lo que la izquierda tiene que defender es que el Estado español haga valer su participación en Bankia-CaixaBank —y de hecho ejecute una política agresiva de adquisición de acciones de la entidad para asegurar un control absoluto de la misma— para que funcione como una banca pública.

La derecha económica y mediática ha conseguido, como casi siempre, que la progresía se ponga a debatir sobre si el sector bancario debe empeorar o debe quedarse como está. Obviamente, el papel de la izquierda transformadora es salirse de ese debate espurio y afirmar con toda la contundencia que tiene que haber una banca pública poderosa, no para que todo siga igual sino para que la situación mejore.