Jesús Hellín / Europa Press
La ILP de Regularización Ya
En cada una de las siguientes fases, la ILP está amenazada, bien por una congelación indefinida, bien por un rechazo definitivo. Será vital que, desde la sociedad civil, los partidos y los medios, se siga ejerciendo toda la presión posible sobre el PP y el PSOE
El pasado martes a última hora de la tarde se producía en el Congreso de los Diputados una buena noticia no solamente para las personas migrantes en situación administrativa irregular que viven en nuestro país, sino para cualquier persona comprometida con los derechos humanos. Con 310 votos a favor y solamente con el voto en contra de VOX, se aprobaba la toma en consideración —es decir, el inicio del trámite parlamentario— de la Iniciativa Legislativa Popular que pretende regularizar a cerca de medio millón de vecinos y vecinas que viven y trabajan con nosotros pero que ven día a día violados sus derechos civiles y sociales más básicos por carecer de una autorización administrativa de residencia.
La ILP es una vía habilitada en nuestro ordenamiento legislativo para que se pueda introducir un texto de ley en el Parlamento sin que éste tenga que provenir del Gobierno estatal, del Gobierno de alguna comunidad autónoma, del Senado o de algún grupo parlamentario del Congreso, sino directamente de la ciudadanía organizada. Así, y tras superar ampliamente el requisito del medio millón de firmas, la iniciativa Regularización Ya del movimiento autoorganizado migrante y antirracista, impulsada desde la plataforma Esenciales y agrupando a más de 900 organizaciones, desde el Sindicato de Manteros hasta las trabajadoras del hogar organizadas de SEDOAC y pasando incluso por la Conferencia Episcopal, consiguió torcer la mano y girar 180° la posición inicial de PP y PSOE para hacerlos votar a favor de la toma en consideración de la ILP.
Como decimos, esto es sin duda una buena noticia y también una victoria política de la sociedad civil organizada. Pero no debemos llamarnos a engaño. Lo único que ha aprobado de momento el Congreso de los Diputados es el inicio del trámite de la ILP. A partir de ahí, todavía quedan muchas fases que se han de superar antes de que la norma se convierta en ley y sea publicada en el BOE.
En primer lugar, la Mesa del Congreso habilitará un plazo para que los grupos parlamentarios puedan registrar enmiendas —esto es, propuestas de modificaciones parciales— al texto inicial de la ILP. El problema es que este plazo se puede prorrogar un número ilimitado de veces, de forma que aquellos grupos que tienen mayoría en la Mesa —y PP y PSOE la tienen— pueden alargar indefinidamente esta fase hasta que se convoquen las próximas elecciones y entonces el texto de ley decaiga. Esto no es una mera hipótesis sino una estrategia de filibusterismo parlamentario que ha sido perpetrada por el bipartidismo en numerosas ocasiones durante la legislatura anterior.
Si esta fase se supera y la Mesa del Congreso cierra definitivamente el plazo de enmiendas parciales, entonces lo siguiente que debería ocurrir es la convocatoria de la así llamada Ponencia; una reunión reducida de algunos de los diputados miembros de la correspondiente comisión —uno por grupo— que debe debatir la posible inclusión de algunas de las enmiendas presentadas. El problema aquí es que, para que tenga lugar la Ponencia, esta debe ser convocada, y eso depende de la Presidencia de la comisión, normalmente en manos de algún diputado o diputada del bipartidismo. De nuevo, esto no es la especificación de un posible riesgo abstracto, sino algo que se ha hecho varias veces durante la legislatura anterior para mantener congeladas determinadas leyes.
Después de la Ponencia, se debe convocar la comisión al completo, donde primero se votan las enmiendas que hayan quedado vivas —es decir, que no hayan sido integradas en el paso anterior y que los grupos hayan decidido no retirar— y, en segundo lugar, se vota el dictamen total sobre la norma. Aquí de nuevo, basta con no convocar la comisión para mantener congelado el trámite e incluso los grupos parlamentarios pueden votar lo contrario al dictamen que lo que votaron en la toma en consideración, haciendo descarrilar la ley si se configura una mayoría de votos en contra.
No debemos llamarnos a engaño. Lo único que ha aprobado de momento el Congreso de los Diputados es el inicio del trámite de la ILP
Por último, si el dictamen es aprobado en la comisión, la norma pasa al Pleno, donde se vuelven a votar las enmiendas que todavía hayan quedado vivas y también el conjunto de la ley. Si el texto es aprobado en este paso, es muy improbable que pueda caer —ya que eso pasaría por un veto del Senado que luego fuera ratificado por el mismo Congreso que dejó pasar la norma en primera instancia—, pero nada asegura que los diferentes grupos parlamentarios voten lo mismo que votaron en la toma en consideración o incluso en la comisión, especialmente si alguna enmienda relevante ha sido aprobada o ha sido rechazada.
En cada una de estas fases, la ILP que fue admitida a trámite está amenazada, bien por una congelación indefinida, bien por un rechazo definitivo. Y será vital que, en cada una de estas fases, la sociedad civil organizada y los partidos que defienden los derechos humanos de las personas migrantes vuelvan a ejercer toda la presión posible sobre el PP y el PSOE y hagan todo el ruido de que sean capaces.
Aunque los dos partidos dinásticos del sistema del turno hayan decidido a última hora conceder su voto a favor de la toma en consideración, no hay que olvidar que, hasta hace pocos días, ambos estaban filtrando a los medios de comunicación su posición en contra de la ILP. Tampoco se nos escapa que el discurso del PSOE arroja importantes dudas sobre su posición de fondo a este respecto. Estos mismos días, el portavoz socialista, Patxi López, hablaba de que ellos no estaban a favor de una «barra libre», refiriéndose así a la ILP con un sintagma nominal que no verían con malos ojos los de Abascal. Obviamente, lo mismo se puede decir del PP, que, aunque haya cedido a último momento a los llamamientos de Cáritas —o incluso aunque haya elegido diferenciarse en este punto concreto de VOX por un motivo táctico— no deja de ser el mismo partido que arrebató la sanidad a las personas migrantes en el año 2012 con un discurso absolutamente racista. En esta dirección, preocupa también que ambos partidos hayan votado ayer en el Parlamento Europeo a favor de un pacto migratorio con el que está contenta buena parte de la extrema derecha del continente. Y, si pensamos en otras fuerzas políticas que serían necesarias para armar la mayoría parlamentaria en el caso de que se cayera el PP, como son el PNV o Junts, no tranquiliza en absoluto que los nacionalistas vascos hayan abrazado el discurso reaccionario de la «inseguridad» en esta campaña electoral o que los independentistas catalanes están compitiendo en «mano dura» con la xenófoba alcaldesa de Ripoll. No sería en absoluto sorprendente que cualquiera de estos partidos cambiasen 180° su voto en un momento dado.
La aprobación de la admisión a trámite de la ILP de Regularización Ya es una muy buena noticia y una victoria política del antirracismo, pero las personas, los partidos y los medios de comunicación que defendemos los derechos humanos tenemos que tener muy claro que la norma sigue estando amenazada por aquellos que utilizan el miedo xenófobo como reclamo electoral y tenemos que diseñar nuestra estrategia en consecuencia.
Madrid –
