José Luis Ábalos y Manuela Carmena junto a una maqueta de la operación Chamartín
La Ley del Suelo y la operación Chamartín
Es posible que la ‘Ley Chamartín’ muestre que, a pesar del griterío con el cual los dos actores del bipartidismo intentan hacer creer que son muy distintos, cuando se trata de abordar ‘asuntos de Estado’ apenas necesitan un chasquido de dedos de Pepiño Blanco para ponerse de acuerdo
El pasado martes 26 de marzo, el Gobierno de Sánchez aprobaba el anteproyecto de la así llamada Ley del Suelo. Basta leer la publicación con la que El País recibía la norma para apreciar un fuerte aroma a pelotazo. «La ley es una reivindicación del sector inmobiliario», nos explica el periódico de PRISA, el cual reclama desde hace años «un marco normativo que brinde mayor seguridad jurídica». La nueva ley «reduce la burocracia», «limita el número de causas por las cuales se pueden anular planes urbanísticos» y «flexibiliza» dicho régimen de nulidad con el objetivo de evitar la «indefensión» de los promotores. No caben más red flags en menos líneas.
La neolengua con la que los defensores de los planteamientos turbocapitalistas buscan aceitar el tránsito de sus contrarreformas por la glotis colectiva de la ciudadanía hace saltar todas las alarmas y el texto del anteproyecto —publicado negro sobre blanco en el BOE— confirma las sospechas.
En efecto, con la excusa de aportar mayor «seguridad jurídica» —un sintagma que siempre que se conjuga se refiere a la seguridad de los de arriba—, la nueva norma busca modificar de arriba a abajo la naturaleza reglamentaria del planeamiento urbanístico. Enumeremos algunos de sus elementos principales:
1.- Se rebajan las consecuencias de los defectos de forma y se reduce el riesgo de nulidades, permitiendo incluso la aportación de informes a posteriori. Es decir, se permite aportarlos cuando la actuación urbanística ya se ha llevado a cabo, haciendo imposible que los peligros en ellos descritos puedan ser tenidos en cuenta a tiempo y convirtiendo, por lo tanto, los informes en papel mojado.
2.- Se reduce la posibilidad de que la ciudadanía acuda a los tribunales, causando un grave perjuicio a la acción popular. En concreto, se cambia la condición de parte interesada, se limita las cuestiones que se puede recurrir y se acota a cuatro años el recurso indirecto, que en estos momentos no tiene ningún límite temporal.
3.- Se lleva a cabo una legalización masiva de planes urbanísticos paralizados mediante la disposición transitoria.
4.- Por último, se añade un apartado nuevo que permite cancelar la constancia registral del derecho de revisión. En un lenguaje que todo el mundo pueda entender, esto significa que se limitan enormemente los derechos de aquellas personas cuyos terrenos y/o propiedades hayan sido expropiados para llevar a cabo un proyecto. El derecho de reversión de estas personas —que les permite recobrar la totalidad o una parte de lo expropiado mediante el pago de la cantidad correspondiente— podría así ser cancelado cuando el terreno o la edificación pasen a manos de una nueva propiedad privada.
Este último elemento es el que conecta de una forma muy clara la nueva Ley del Suelo con el macropelotazo conocido como operación Chamartín.
Es tan evidente lo que significa esta Ley del Suelo que incluso los de Yolanda Díaz —que cuentan entre sus filas con un partido que fue fundamental para aprobar la operación Chamartín— han tenido que desmarcarse públicamente
«Puede considerarse como una de las actuaciones de mayor envergadura, en cuanto a superficie afectada y en cuanto a inversión prevista, que se están realizando o se han realizado en Europa», escribió el comisario mafioso Villarejo en 2004 en un informe para el BBVA. En efecto, el megaproyecto —que ahora se llama ‘Madrid Nuevo Norte’ para sonar menos turbio— prevé la construcción de más de 10.000 viviendas de alto standing y ha pasado de ocupar 870.000 m² de la capital cuando fue aprobado inicialmente en 1994 por el ministro del PSOE Josep Borrell a ocupar 1.485.000 m² con el visado definitivo del hoy defenestrado José Luis Ábalos en 2018 y también del equipo municipal de Más Madrid de Manuela Carmena.
Sin embargo, y a pesar de la clara voluntad política detrás del latrocinio, una parte importante del suelo que se expropió a los vecinos para completar la superficie del macropelotazo es todavía propiedad de Adif y no puede traspasarse al promotor —formado por el BBVA, la constructora San José y la SOCIMI Merlin Properties— precisamente porque el derecho de reversión que tienen los expropiados y que la nueva norma del Gobierno PSOE-Sumar pretende cancelar consta en la inscripción registral.
Es tan evidente lo que significa esta Ley del Suelo que incluso los de Yolanda Díaz —que cuentan entre sus filas con un partido que fue fundamental para aprobar la operación Chamartín— han tenido que desmarcarse públicamente, aunque solamente han anunciado que van a presentar «observaciones». Podemos ha sido mucho más claro, anunciando su voto en contra, y seguramente lo mismo ocurrirá con el voto de otras fuerzas de izquierdas como ERC, Bildu o el BNG.
Así las cosas, si el PSOE persiste en su intención, no les va a quedar más remedio que aprobar la norma en el Congreso con la ayuda del PP. Es muy posible, de este modo, que la nueva Ley del Suelo —que perfectamente podríamos llamar ‘Ley Chamartín’— constituya una de las primeras veces que veamos en esta legislatura que, a pesar del griterío y del ‘y tú más’ con el cual los dos actores del sistema del turno bipartidista nos intentan hacer creer que son muy distintos, cuando llega la hora de abordar ‘asuntos de Estado’ —como, por ejemplo, los intereses depredadores de las oligarquías del ladrillo— apenas necesitan un chasquido de dedos de Pepiño Blanco para ponerse de acuerdo.
Madrid –
