Editorial

La responsabilidad de Felipe VI

Cuando la investidura definitivamente fracase y la prueba del crimen quede escrita en el diario de sesiones, la pregunta es si algún partido de la progresía parlamentaria y si algún medio de la progresía mediática se van a atrever a exigirle a Felipe VI la responsabilidad de sus acciones

Esta semana será la semana de la investidura fallida de Feijóo. Junto con la manifestación convocada por el PP el domingo y junto con el asunto de la amnistía y las negociaciones entre el PSOE y Junts, la votación de investidura del candidato popular es el plato fuerte del escenario político en los próximos días y todo el mundo sabe que ese intento de investidura va a fracasar. Después de unas semanas de teatro y vaivenes, en las que recibió —por dos veces— el portazo de un PNV que mira a Bildu por el retrovisor y en las que pasó de calificar a Junts como «un partido cuya tradición y legalidad no están en duda» por boca de su negociador con los catalanes, Esteban González Pons, a rechazar cualquier contacto ulterior con los mismos después de que el sector más montaraz del PP empezara a afilar los cuchillos, el propio Feijóo reconoció en la manifestación de Madrid que no puede ser presidente. Con permiso de la muy improbable aparición de tránsfugas en el grupo socialista, Feijóo obtendrá esta semana el apoyo de 172 escaños (los del PP, VOX, UPN y Coalición Canaria) y 178 votarán en contra (todos los demás).

Que esta es la aritmética parlamentaria realmente existente lo sabe, de hecho, cualquier persona mínimamente informada desde la misma noche electoral. Pero, si hubiese alguna duda al respecto, todas las incertidumbres quedaron disipadas en la votación que convirtió a Francina Armengol en presidenta del Congreso de los Diputados. Que la investidura de Feijóo es imposible y que lo ha sido desde el principio es absolutamente evidente y no hay ni un solo analista en España —ni siquiera en la derecha mediática— que no lo entienda así. Por lo tanto, es obvio también que el único motivo para celebrar la votación es la intención del candidato del PP de utilizar algo tan importante como el mecanismo constitucional de la investidura como una plataforma política y comunicativa que le permita avanzar objetivos que no son de país sino propios: fortalecer su liderazgo a la interna del PP frente a amenazas como la de Ayuso, acaparar el protagonismo mediático o ganar tiempo para intentar debilitar las posibilidades de Pedro Sánchez —el único candidato que tiene al menos la posibilidad de conseguir los números— de ser investido.

Por eso, es lógico que tanto Pedro Sánchez, llamando al intento de investidura una «descomunal pérdida de tiempo», como Yolanda Díaz, que lo ha denominado «fraude constitucional», hayan sido muy duros con el líder del PP. Sin embargo, la incoherencia es mayúscula cuando uno recuerda que el PSOE aceptó con total normalidad la decisión de Felipe VI de proponer a Feijóo como candidato y que Yolanda Díaz manifestó «respeto absoluto a la decisión que el jefe del Estado tome y vamos a respetar escrupulosamente la voluntad del rey». No queda entonces claro. ¿Nos ha llevado Felipe VI a una descomunal pérdida de tiempo y a un fraude constitucional según el PSOE y según Sumar o no?

No queda entonces claro. ¿Nos ha llevado Felipe VI a una descomunal pérdida de tiempo y a un fraude constitucional según el PSOE y según Sumar o no?

Porque lo que está claro es que la decisión de que la investidura se produzca ha sido cosa de dos: del líder del PP, por supuesto, pero también del monarca; que ya sabía que Feijóo no tenía números cuando decidió proponerlo como candidato. Reputados constitucionalistas como Joaquín Urías han razonado que el rey ni siquiera tenía competencias para tomar esa decisión. En una monarquía parlamentaria, todas las capacidades que figuran en el artículo 62 de la Constitución —nombrar a los ministros, aprobar las leyes, convocar referéndums, dirigir el ejército y, también, proponer al candidato a la investidura— son actos del rey pero no son decisiones del rey. La decisión la toma en cada caso el correspondiente cargo electo con legitimidad democrática —el presidente, un ministro, la presidenta del Congreso, etc.— y el jefe del Estado simplemente rubrica lo decidido. Así, Felipe VI, al decidir que Feijóo se presente a la votación de investidura habría perpetrado una intervención ilegítima de la monarquía en el ámbito político. Lo que en España se conoce como «borbonear». De hecho, no es la primera vez que el rey decide unilateralmente hacer política. Recordemos que su discurso del 3 de octubre de 2017 —asumiendo las tesis de la derecha y la extrema derecha respecto del conflicto en Catalunya— supuso el pistoletazo de salida para la reacción policial y judicial del «a por ellos».

Una vez más, el borbón ha decidido que quiere intervenir en la política sin presentarse a las elecciones. Esta vez, decidiendo nada más ni nada menos que la persona que puede tener la opción de presentarse a una investidura para ser presidente del gobierno. Y lo ha hecho, además, actuando en contra del interés general de España, ya que sabía perfectamente que Feijóo tenía 178 votos en contra cuando tomó esa decisión. Por eso, cuando, esta semana, la investidura definitivamente fracase y la prueba del crimen quede escrita en el diario de sesiones, la pregunta que nos tenemos que hacer es si algún partido de la progresía parlamentaria y si algún medio de la progresía mediática se van a atrever a exigirle a Felipe VI la responsabilidad de sus acciones o van a garantizar —con su silencio— la impunidad de un monarca que, siempre que borbonea, lo hace en la misma dirección.