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Lawfare contra los 6 de Zaragoza

Su naturaleza de aviso a navegantes, la brutal y violenta arbitrariedad en la condena, y también el hecho de que se produzca contra personas que se estaban manifestando contra la extrema derecha, es lo que hace que el caso de ‘los 6 de Zaragoza’ se eleve de lo particular a lo político


Desde que el PSOE y Junts incluyesen el término en el acuerdo político para la investidura de Pedro Sánchez, estamos acostumbrados a escuchar la palabra ‘lawfare’ en los medios de comunicación. El lawfare es la operativa corrupta por parte de determinados jueces activistas para incidir de forma ilegítima en los procesos electorales y políticos. Dada la enorme impunidad de la que goza cualquier magistrado que decida retorcer la aplicación del derecho hasta bordear la prevaricación y teniendo en cuenta que es prácticamente imposible que los órganos disciplinarios del Poder Judicial actúen contra un juez activista, el lawfare es una amenaza de primer orden contra los sistemas democráticos. En su operativa más habitual, el lawfare no aspira a conseguir sentencias condenatorias sino tan sólo difamación mediática; pero esto no es una regla general. Por ejemplo, en el caso del independentismo catalán, además de los efectos comunicativos, también se buscó —y se consiguió— condenar a muchos de los líderes políticos de procés. Habitualmente también, el lawfare se dirige contra personas situadas en posiciones políticas importantes como manera más eficaz de sabotear el juego limpio democrático. Sin embargo —y de nuevo—, esta tampoco es una regla general y esto es precisamente lo que hemos visto con el caso de ‘los 6 de Zaragoza’.

Principios de 2019. VOX organiza un acto en el auditorio de Zaragoza. Centenares de jóvenes antifascistas se movilizan en las proximidades del recinto para protestar contra la presencia de los jerarcas del partido de extrema derecha en la capital aragonesa. Una parte de los manifestantes chocan con la policía y se producen daños materiales y alguna lesión leve sobre los agentes. Seis jóvenes que asistían a la manifestación pero que no participaron de los disturbios, se refugian en un bar cuando ven que la cosa se pone caliente. En un momento dado, aparece la policía por allí y se pone a identificar a las personas que estaban tranquilamente tomando un café en la barra. Ayer —cinco años después de los hechos—, llegaba la sentencia definitiva del Tribunal Supremo: cuatro de los seis jóvenes imputados inicialmente han sido condenados a cuatro años y nueve meses de prisión —lo que obliga a su entrada en la cárcel— por «delitos agravados de desórdenes públicos y atentado» así como de «lesiones a varios policías». Todo ello sin que exista ninguna prueba material que demuestre que han participado de dichas acciones. Ni siquiera existen pruebas materiales que sitúen a los jóvenes en el sector de la manifestación que participó de los disturbios. De hecho, la defensa intentó aportar grabaciones de cámaras de seguridad en las proximidades de los disturbios para demostrar que los acusados —ahora condenados— ni siquiera estaban allí, pero las grabaciones nunca fueron aceptadas como prueba. Lo único que hay son afirmaciones de algunos agentes —que los jueces asumen automáticamente como veraces— diciendo que los jóvenes estaban allí y cometieron los hechos delictivos. En pocas palabras, cuatro personas van a ir a la cárcel por haber participado pacíficamente de una manifestación en la que hubo disturbios. Algo que le puede pasar al hijo de cualquiera, al hermano de cualquiera o al amigo de cualquiera.

En pocas palabras, cuatro personas van a ir a la cárcel por haber participado pacíficamente de una manifestación en la que hubo disturbios. Algo que le puede pasar al hijo de cualquiera, al hermano de cualquiera o al amigo de cualquiera

Es de hecho esta naturaleza de aviso a navegantes, es esta brutal y violenta arbitrariedad en la condena, y es también el hecho de que se produzca contra personas que se estaban manifestando contra la extrema derecha, lo que hace que el caso de ‘los 6 de Zaragoza’ se eleve de lo particular a lo político. Lo que ha ocurrido con estos jóvenes no es un asunto privado. Lo que ha ocurrido con estos jóvenes es que un grupo de jueces activistas con una ideología muy concreta han decidido retorcer el derecho al máximo posible para atestar un golpe salvaje a varias familias normales de Zaragoza y así hacer saber al conjunto de la población que, si a tu hijo, a tu nieto, a tu hermano o a tu amigo se le llega a pasar por la cabeza manifestarse contra el avance del fascismo, que tenga mucho cuidado porque los de VOX no solamente están en el parlamento sino también en los juzgados, y te pueden joder la vida. Lo ocurrido con ‘los 6 de Zaragoza’ es político y es lawfare porque su intención clara es la de intervenir de forma ilegítima en el desarrollo de los procesos democráticos del mismo modo que cuando determinados jueces hacen la guerra a Podemos o al independentismo catalán.

Por eso, los partidos de la mayoría democrática representados en el Congreso —y muy especialmente aquellos que forman parte del Gobierno— tienen la misma obligación con ‘los 6 de Zaragoza’ que con los represaliados por el procés, o incluso una obligación mayor. Mientras se llevan a cabo todas las reformas legislativas que se han de producir para que el activismo judicial no tenga la capacidad de poner en riesgo nuestros derechos y libertades, todos los demócratas deben dar su máximo apoyo a los jóvenes que han sido condenados precisamente por haber defendido de forma valiente y desinteresada la democracia frente a los que quieren acabar con ella.


Madrid –

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