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Yolanda Díaz en el Congreso de Ministros y Ministras

Yolanda Díaz, Pilar Alegría, Félix Bolaños y Mónica García en rueda de prensa — Gabriel Luengas / Europa Press

Los primeros recortes sociales del Gobierno de Sánchez

Durante la rueda de prensa en Moncloa, Yolanda Díaz evitaba mencionar un significativo recorte en las cotizaciones —y, por tanto, en sus pensiones futuras— de las personas que reciben el subsidio de desempleo para mayores de 52 años


El pasado martes 19 de diciembre, las diferentes partes del Gobierno filtraban a primera hora de la mañana a la Cadena SER que —después de varias semanas de arduas negociaciones— por fin se había alcanzado un acuerdo entre los departamentos de Nadia Calviño y Yolanda Díaz para llevar al Consejo de Ministros la reforma del subsidio de desempleo comprometida como parte del paquete de reformas asociado a la Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Al final de esa misma mañana, la propia Vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo era la encargada de desgranar los detalles del consecuente Real Decreto-ley 7/2023 en la preceptiva rueda de prensa en Moncloa tras la reunión del Ejecutivo.

En dicha comparecencia, Yolanda Díaz explicaba a los periodistas los puntos positivos recogidos en la norma, como, por ejemplo, la supresión del mes de espera para cobrar el subsidio al agotarse la prestación contributiva, la ampliación del mismo a los menores de 45 años sin cargas familiares o el aumento de su cuantía a 570 euros (el 95% del IPREM) durante los seis primeros meses y a 540 euros (el 90% del IPREM) durante los seis siguientes, dejándolo como está ahora —480 euros (el 80% del IPREM)— los meses restantes hasta cumplir el periodo máximo de percepción de 30 meses. La líder de Sumar, aunque reconocía durante la rueda de prensa que estos aumentos no se iban a aplicar al subsidio para mayores de 52 años —la mayor cantidad de perceptores se encuentran precisamente en esta franja de edad—, omitía sin embargo el contenido de la Disposición transitoria tercera del citado Real Decreto-ley, en la que se establece la reducción progresiva de la base de cotización de los mayores de 52 años de aquí a 2028. En estos momentos, las personas que están cobrando el subsidio de desempleo para mayores de 52 están cotizando a la Seguridad Social por un 125% de la base mínima del régimen general —equiparada con el Salario Mínimo Interprofesional—, pero en la reforma presentada por Díaz se aprueba reducir dicho porcentaje al 120% en 2024, al 115% en 2025, y así sucesivamente hasta alcanzar el 100% de la base mínima en 2028.

Esta significativa bajada en la cotización de los perceptores del subsidio de desempleo para mayores de 52 años —y, por tanto, de sus pensiones futuras— ha sido deliberadamente ocultada en las filtraciones y en las comunicaciones públicas del Ejecutivo y supone el primer recorte social del Gobierno de Pedro Sánchez apenas un mes después desde su constitución. A pesar de dicha omisión, una vez publicada la reforma negro sobre blanco, en el BOE y a la vista de todos, hemos podido leer en algunos medios de comunicación incluso fuentes justificatorias del ministerio de Trabajo diciendo que «no se endurece la cotización», sino que «lo que se hace es acomodarla a la fuerte subida del SMI de los últimos años». Es decir, argumentan que la cotización de las personas mayores de 52 años acogidas al subsidio de desempleo no debe subir tanto como el SMI o incluso debe bajar en determinadas ocasiones.

Este primer recorte social admitido y justificado por el gobierno de Sánchez se produce, además, en un contexto en el que el propio presidente exhibe como un éxito de la presidencia rotatoria española del Consejo de la Unión Europea el acuerdo político alcanzado por los 27 estados miembro para recuperar las reglas de la así llamada «austeridad»

Este primer recorte social admitido y justificado por el gobierno de Sánchez se produce, además, en un contexto en el que el propio presidente exhibe como un éxito de la presidencia rotatoria española del Consejo de la Unión Europea el acuerdo político alcanzado por los 27 estados miembro para recuperar las reglas de la así llamada «austeridad». Si bien la Unión Europea admitió durante la pandemia de la COVID-19 y la posterior invasión de Ucrania por parte de Putin que no tenía sentido obligar a los diferentes países a estrangular su inversión pública en el altar de la así llamada «estabilidad fiscal» y decidió, por ello, suspender sine die las reglas de reducción de deuda y de déficit que destruyeron durante una década las economías de los países del Sur de Europa durante la respuesta ordoliberal al estallido financiero de 2008, en los últimos meses los hombres de negro y los halcones del Norte se han vuelto a despertar y han aprobado —aunque con un poco más de flexibilidad y determinados salvoconductos para mantener el dinero fluyendo hacia la pujante industria de energías renovables, entre otras— recuperar la vieja medicina económica austericida que recomienda llevar al paciente al borde de la muerte como única manera de bajar la fiebre.

El recorte social en las pensiones de las personas mayores de 52 años que acaba de aprobar el Gobierno de Sánchez hay que entenderlo inscrito en esta dinámica europea global. Es, por tanto, el primero de muchos ataques a la gente trabajadora que vamos a contemplar en los próximos años. Y el problema no es únicamente el dolor social que esto genera. Además, este tipo de recortes provenientes de gobiernos supuestamente progresistas son uno de los ingredientes principales detrás del auge de las nuevas extremas derechas. Por ambos motivos, es urgente que las izquierdas transformadoras se fortalezcan organizativa e ideológicamente y se preparen para dar una batalla no solamente contra los neoliberales sin careta sino también contra los subterfugios de los que se llaman a sí mismos socialdemócratas pero acaban ejecutando políticas económicas antisociales muy parecidas a las de la derecha.


Madrid –

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