Editorial

¿Los propietarios son la prioridad del gobierno de Sánchez en política de vivienda?

Una de las mayores desigualdades es la que existe entre las personas propietarias de varias viviendas y las que no tienen ninguna. La nueva ministra de Vivienda ha querido hablar en su primer día de la necesidad de proteger al más pequeño y más pudiente de estos dos grupos sociales

Ayer se llevaron a cabo los juramentos o promesas de los nuevos ministros y ministras de Pedro Sánchez ante el rey y, a continuación, los correspondientes actos de traspaso de carteras. Durante la recepción de la cartera de Vivienda de manos de su predecesora, Raquel Sánchez, la que fuera en los últimos años ministra de Política Territorial y también ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, quiso dejar claro que, durante su nuevo mandato, va a defender «también» a los pequeños propietarios.

Según un estudio publicado en marzo de este año por los investigadores Javier Gil (UNED), Lorenzo Vidal (Universidad de Uppsala, Suecia) y Miguel A. Martínez (Universidad de Uppsala, Suecia), editado por La Hidra Cooperativa y titulado «¿Cómo afectará el control del precio del alquiler a los caseros?», menos del 6% de la población adulta son caseros; es decir, menos del 6% de los adultos son propietarios de una vivienda que han puesto en alquiler. Hablamos de una minoría bastante pequeña de la población, a la que sin embargo pertenece la nueva ministra de Vivienda, como ha señalado en la red X el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid al recordar que, en su última declaración de bienes, Rodríguez consignaba la propiedad de tres viviendas, dos plazas de aparcamiento y un trastero, así como unos ingresos anuales de algo más de 5000€ en concepto de arrendamientos. En este pequeño porcentaje del 6% de la población casera al que pertenece la nueva ministra de Vivienda, solamente el 38,7% tienen una única vivienda puesta en alquiler, la mayoría tiene 2 o más, y un 24,1% de ellos tiene más de 15. Los hogares de caseros son además los de mayor renta del país, disfrutando de una renta mediana disponible anual de 40.293€ frente a los 18.457€ de los hogares de inquilinos. Aunque se le restasen la totalidad de sus ingresos por arrendamientos —algo que nadie está proponiendo—, los hogares de caseros seguirían siendo los más pudientes de España con una renta mediana anual de 33.602€. Ante la pregunta de si existen los «caseros vulnerables», es decir, personas que, aún recibiendo rentas del alquiler, se encuentran por debajo del umbral de la pobreza en España, la respuesta del estudio de La Hidra es que estaríamos hablando de tan solo 1 de cada 10 caseros —un 0,6% de la población— y que esa cantidad apenas aumentaría mínimamente incluso frente a medidas tan radicales como bajar de golpe un 20% todos los alquileres del país.

Menos del 6% de la población adulta son caseros; es decir, menos del 6% de los adultos son propietarios de una vivienda que han puesto en alquiler

Del otro lado, y aquí no hacen falta estadísticas para cuantificar el problema —aunque las hay y muchas— porque se trata de una vivencia directa de la mayor parte de la población, son millones y millones de compatriotas los que acceden con enorme dificultad al derecho humano de la vivienda, no pudiendo emanciparse de casa de los padres las personas jóvenes, otros pagando alquileres abusivos, viéndose abocados a alquilar una habitación por no poder permitirse un alquiler, destinando la mayor parte de su salario al alojamiento, teniendo que cambiar de casa cada pocos años o incluso teniendo que sufrir procedimientos de desahucio.

Una de las mayores desigualdades económicas y sociales, que es además causa de muchas otras, es la que existe entre las personas propietarias de varias viviendas y las que no tienen ninguna. La nueva ministra de Vivienda del gobierno de Sánchez ha querido poner el enfásis en su primer día en la necesidad de proteger al más pequeño —con mucha diferencia— y más pudiente —con mucha diferencia— de estos dos grupos sociales. Las reacciones no se han hecho esperar. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha declarado no estar sorprendido al ser la propia ministra una casera y ha añadido que la «única esperanza del inquilinato sigue siendo organizarse y movilizarse para obligarles a bajar los precios». La ex ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dicho que «a quien hay que proteger de los buitres es a las familias, a las personas que alquilan, a las que desahucian las entidades financieras» —algo que para el digital de Ignacio Escolar sería «cargar contra Rodríguez»— y hasta Íñigo Errejón ha escrito en la red social X que lo dicho por la nueva titular de vivienda «es seguir alimentando el bloque social rentista que después hostiga cualquier intento de avance en derechos» —algo que para eldiario.es se quedaría, sin embargo, en tan solo «criticar las palabras de la ministra».

Que el PSOE va a trabajar para proteger los intereses económicos de las clases más pudientes es algo que ya sabemos y que se pudo comprobar perfectamente en la negociación de la Ley de Vivienda. Habrá que hacer todo lo posible por evitarlo.