Editorial

Pacto bipartidista para destruir el litoral valenciano

Todo parece estar volviendo paso a paso al business as usual del sistema del turno: reparto de posiciones simbólicas entre el PSOE y el PP, extrema agresividad verbal entre ambos en los parlamentos y en los medios de comunicación, pero consensos y pactos en lo fundamental

«Sostenible» y «ecológico», así ha calificado el ministro de Transportes, Óscar Puente, el proyecto de ampliación del puerto de Valencia que aprobará el Consejo de Ministros el próximo martes. Durante su visita a las instalaciones, el ministro ha estado acompañado del President de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, que se congratulaba de esta luz verde del Gobierno central asegurando que supondrá “un respiro” para las empresas. Ambos han brindado con cava junto a la sucesora de Rita Barberà, la también popular María José Catalá, entre otros políticos y empresarios.

Una sintonía entre PSOE y PP que también se pudo apreciar el martes en el Congreso de los Diputados cuando votaron conjuntamente una Proposición No de Ley del Partido Popular para seguir adelante con el proyecto. En la anterior legislatura, Podemos consiguió evitar que el PSOE llevara al Consejo de Ministros esta ampliación. Por el contrario, ahora Sumar y Compromís han criticado la postura del PSOE, pero sin ser capaces de frenarla en el seno del Gobierno. Y eso a pesar de que la propia Yolanda Díaz declaró en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del pasado mayo que había defendido el bloqueo de la obra en el Gobierno y que no iba a permitir el desarrollo de la misma desde el Consejo de Ministros.

Desde los inicios de este conflicto, más de 170 organizaciones sociales reunidas bajo la Comissió Ciutat-Port han alertado, en base a informes científicos y económicos, del impacto ambiental y social que tendría la creación de esta infraestructura, que causará regresión de las playas y dañará la biodiversidad de ese entorno natural además de generar más contaminación y más ruido en el barrio del puerto. También el Sindicato de Estibadores ha advertido que destruirá empleos por la robotización y automatización de la nueva terminal. Los defensores de la ampliación argumentan que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2007 sigue vigente y permite realizar la obra. Sin embargo, dicha DIA está caducada y judicializada. Por un lado, no tiene en cuenta los cambios implementados posteriormente en el proyecto, que suponen un importante incremento de dragados en los fondos marinos y, por otro lado, la emisión de una nueva DIA como solicitan los colectivos sociales ha sido objeto de investigación judicial al cuestionar el TSJM, mediante resolución judicial, que el Puerto de Valencia fuera competente para decidir sobre una nueva DIA que avale la viabilidad del proyecto.

Ayer mismo, ante el anuncio del ministro de la ampliación hacia la terminal norte, la Comissió adelantó que continuarán “dando guerra en los Tribunales” y aseguró que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana “ha aceptado una prueba pericial sobre el impacto ambiental de la Ampliación Norte”. Sin embargo, este proceso judicial no parece importar al gobierno de PSOE-Sumar. Puente aseguró finalmente que no es necesaria una nueva Declaración de Impacto Ambiental y que, por ello, procederán a autorizar la licitación de este proyecto en el Consejo de Ministros independientemente de la oposición política y social al mismo.

Y eso a pesar de que la propia Yolanda Díaz declaró en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del pasado mayo que había defendido el bloqueo de la obra en el Gobierno y que no iba a permitir el desarrollo de la misma desde el Consejo de Ministros

Esta obra faraónica costará 660 millones de euros tras la actualización de precios que ha efectuado el gobierno de Mazón, aumentando un 22% el presupuesto inicial y justificando esa revisión al alza por los retrasos y los efectos de la inflación. Además del dinero público, será la naviera MSC la que gestionará la nueva terminal y añadirá una inversión de 1.600 millones de euros. La multinacional con sede en Suiza está dedicada al negocio de los cruceros y transporte marítimo de contenedores. Su presidente en España, Francisco Lorente, ha agradecido al ministro socialista Puente su «reacción inmediata» y haber «hecho las cosas fáciles».

Una vez reconfigurado el tablero político después de las elecciones del 23 de julio y una vez expulsados del gobierno aquellos que impedían de forma activa la recomposición bipartidista del régimen del 78, todo parece estar volviendo paso a paso al business as usual del sistema del turno: reparto de posiciones simbólicas entre el PSOE y el PP, extrema agresividad verbal entre ambos en los parlamentos y en los medios de comunicación, pero consensos y pactos en lo fundamental: en el sostenimiento de la monarquía, la subordinación de las personas migrantes como ciudadanos de segunda, un pseudo-feminismo de cuotas por arriba y de clases medias altas, la protección de los beneficios fiscales del 0,1% más pudiente de la población y un desarrollismo extractivista que prioriza los negocios por encima de la justicia social y los límites del planeta.

Óscar Puente brindando con cava con Carlos Mazón es una foto previa al levantamiento social del 15M y más vale que la izquierda verdaderamente transformadora y los movimientos sociales mantengan la tensión política, mediática y en las calles si no queremos que, más pronto que tarde, todas las fotos sean así.