Editorial

Telegram, los medios y los jueces

Aunque el juez Pedraz no va a conseguir lo que pretende con su derrape norcoreano, sí va a tener un efecto importante su decisión en la opinión pública. Según la CNMC, más de 8 millones de personas utilizan Telegram en España para comunicarse

Solamente en China, Irán, Corea del Norte y Pakistán está prohibido el uso de la aplicación de mensajería Telegram. En la noche del viernes, conocimos que el juez titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha emitido un mandato a las principales operadoras de telecomunicaciones de nuestro país para que España se una a este ‘selecto’ club que ha apostado por limitar de manera severa una de las libertades civiles más fundamentales: la de la libre comunicación entre personas. ¿El motivo para que el juez haya decidido equipararnos en esta materia con Corea del Norte? La demanda que habría decidido cursar el oligopolio mediático español, formado por Atresmedia (Antena 3, La Sexta, Onda Cero, La Razón), Mediaset (Telecinco, Cuatro) y Movistar Plus, contra la aplicación de mensajería por servir ésta para difundir material con derechos de autor. Es decir, los principales operadores del poder mediático —que controla el 80% del mercado nacional de publicidad— han estimado que sus intereses económicos se veían perjudicados por Telegram y un juez ha decidido que una medida cautelar adecuada ante esa demanda es la limitación de las libertades civiles de millones de españoles al nivel de las dictaduras más autoritarias del mundo.

Más allá de que sea completamente imposible poner puertas al campo de Internet —todo el mundo está ya inercambiándose manuales para evitar el bloqueo mediante la utilización de servidores proxy—, más allá de que la misma lógica aplicada por el juez Pedraz en el caso de Telegram podría servir igualmente para cerrar WhatsApp, Facebook o incluso el conjunto de Internet, más allá de que hayan aparecido voces jurídicas señalando lo ridículo del hecho de que el juez haya dado tres horas a las empresas de telecomunicaciones para efectuar el bloqueo cuando los requerimientos judiciales no se envían en fin de semana, más allá de los detalles del caso concreto, el affaire Telegram-oligopolio-Pedraz tiene un valor de categoría que va más allá de la anécdota.

La misma lógica aplicada por el juez Pedraz en el caso de Telegram podría servir igualmente para cerrar WhatsApp, Facebook o incluso el conjunto de Internet

A lo largo de la última década, cada vez se ha hecho más evidente para la ciudadanía que ni los medios de comunicación ni la mayor parte de la judicatura eran aquellos elementos arbitrales e imparciales que nos habían contado, sino operadores políticos con todas las letras que intentan permanentemente utilizar su poder —un poder muchas veces superior al de diputados y ministros— para hacer avanzar una determinada agenda ideológica, económica y electoral incluso si, para ello, hace falta forzar los límites de la deontología periodística y del derecho hasta regiones nunca antes visitadas. A lo largo de la última década, hemos visto en carne viva la operativa del lawfare, con jueces iniciando procedimientos sin pruebas para así poder alimentar con material difamatorio los programas de televisión, hemos visto la brutal represión judicial que se ha ejercido contra los líderes independentistas y también contra artistas de todo tipo, y hemos visto, en definitiva, cómo los estamentos judicial y mediático colaboraban estrechamente en una agenda autoritaria y antidemocrática con el único objetivo de intentar colocar en el poder político a aquellos que con más intensidad van a defender los intereses económicos de las oligarquías.

Por eso, aunque el juez Pedraz no va a conseguir lo que pretende con su derrape norcoreano, sí va a tener un efecto importante su decisión en la opinión pública. Según la CNMC, más de 8 millones de personas utilizan Telegram en España para comunicarse. Ahora, toda esa gente —que profesa todos los rangos de orientaciones ideológicas— ha visto con toda claridad que un togado es perfectamente capaz de intentar aplicar medidas propias de una dictadura si eso sirve para proteger los beneficios económicos de los grandes operadores del poder mediático. Si el desprestigio de la mayor parte de la judicatura y de los medios como agentes antidemocráticos al servicio de los oligarcas ya era galopante, la maniobra del juez Pedraz al dictado del oligopolio echa unas cuantas paladas más de leña al fuego en el que ellos mismos se están quemando.