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Cecilia Fabiano / Zuma Press / ContactoPhoto

El gobierno Meloni, al servicio de su empresa de combustibles fósiles ENI

Ante las preocupaciones medioambientales de la mayoría de la población, los gobiernos italianos (no solo el de Meloni) hacen oídos sordos


“Rechazar cualquier texto o fórmula que tenga como objetivo la energía, por ejemplo los combustibles fósiles, en vez de las emisiones»: tal es el mensaje que Haitham Al-Ghais, secretario de la OPEP, ha enviado a los representantes de los estados miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

El objetivo es claro: impedir que la COP28 de Dubai termine con un documento que contemple un abandono, aunque sea gradual, de los combustibles fósiles.

John Silk, ministro de Recursos Naturales de las Islas Marshall, un país-archipiélago cuyas islas corren el riesgo de quedar sumergidas por el mar debido al cambio climático, respondió: «No nos iremos a la tumba en silencio”.

Fueron muchos los que criticaron la carta del secretario de la OPEP. Muchos, pero no todos. Entre las excepciones estaba el ministro de Medio Ambiente del gobierno de Meloni, Gilberto Pichetto Fratin, que declaró: «Sería sorprendente que la OPEP no protegiera sus propios intereses”.

Habría que añadir que, a decir verdad, lo que protege son los intereses a corto plazo de la parte de los países miembros que se enriquece con la producción y exportación de combustibles fósiles, y no los de todos, y ni mucho menos los intereses a medio y largo plazo de la OPEP. Porque, como dijo Tina Stege, enviada de las Islas Marshall para el clima, «nada pone más en peligro la prosperidad y el futuro de todos los habitantes de la Tierra, incluidos los ciudadanos de los países de la OPEP, que los combustibles fósiles».

En cualquier caso, Pichetto Fratin nos recuerda que la política —y por tanto también la transición ecológica— es una cuestión de intereses, no de moral.

Pero si la OPEP está defendiendo sus propios intereses con una declaración tan «comprensiva» con las razones de los países productores de petróleo, ¿qué intereses está defendiendo por su parte el Gobierno italiano?

Para entenderlo, conviene ahondar en los vínculos entre ENI (Ente Nazionale Idrocarburi), la empresa energética italiana bajo control público, y ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), la petrolera estatal de los Emiratos Árabes Unidos.

El consejero delegado de ADNOC es Sultan al Jaber, que además, en el mundo al revés en el que vivimos del que hablaba Galeano, es el  presidente de la COP28. Dicho de otra manera, Al Jaber tiene que velar al mismo tiempo por los intereses de una de las mayores compañías petroleras del planeta y por los de un planeta que necesita urgentemente acabar con las grandes empresas petroleras y los combustibles fósiles.

El primer socio internacional de ADNOC es la italiana ENI, encabezada por Claudio De Scalzi, confirmado no hace mucho por cuarta vez como en la dirección del gigante energético por el gobierno de Meloni (después de haberlo sido por los gobiernos de Gentiloni y de Draghi, lo que da fe de las estrechas relaciones bipartidistas entre el PD y la coalición de las derechas).

En marzo de 2023, ENI y ADNOC firmaron un acuerdo estratégico por el cual ENI entraría con una participación del 20 por cien en ADNOC Refining y con otro 20 por cien en ADNOC Global Trading. El objetivo del acuerdo, sellado mediante un cordial apretón de manos entre «el» Primer Ministro Meloni y el Presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, consiste en desarrollar sistemas de captura y almacenamiento de CO2. A tal objeto, ENI también respalda un centro de estudios e investigación emiratí, el Global CCS Institute.

Los intereses comunes no acaban ahí. ENI y ADNOC colaboran asimismo en el desarrollo del hidrógeno. Ni que decir tiene que no en su versión «verde», es decir, producido a partir de fuentes renovables, sino en su versión «azul», producido mediante la captura y almacenamiento de gas y CO2.

¿Qué gana ENI con esta asociación? Según Ferdinando Cotugno, periodista del diario Domani, «forjará una relación con una de las compañías petroleras más avanzadas tecnológicamente del mundo», un vínculo fundamental para llevar a buen puerto «el plan en el que ENI trabaja desde hace años […], hacer de nuestro país un hub estratégico del gas entre África, el Golfo Pérsico y Europa».

Pero si éste es el «plan» de ENI, que como vemos sigue centrado en el gas y los combustibles fósiles, ¿Cuál es, por su parte, el del poder político italiano y el gobierno Meloni? Sorpresa: ninguno. O, para ser más exactos, coincide al cien por cien con el proyecto de ENI.

La propia Giorgia Meloni, que cuando asumió el cargo de primera ministra en octubre de 2022 habló del sur de Italia como de un «paraíso para las renovables, menos de tres meses después daba marcha atrás para terminar con una postura que tiene que haber hecho las delicias de De Scalzi: Italia debe convertirse en un «centro europeo del gas».

Un proyecto que ENI persigue desde hace tiempo. Con el séquito de políticos de cualquier color partidario haciendo de comparsas. Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, han proliferado los viajes al extranjero para firmar nuevos acuerdos que sustituyan a Rusia como principal proveedor energético de la península itálica. ¿Fueron acaso en busca de energía producida a partir de fuentes renovables? No. Firmaron nuevos contratos de exploración o acuerdos comerciales para la importación de GNL a Italia. Los protagonistas del poder político —en un primer momento el ex primer ministro Draghi y el ex ministro de Exteriores Di Maio y ahora Giorgia Meloni— y del poder económico —con De Scalzi en primer lugar— aparecen siempre en las fotografías de rigor.

¿Para qué intereses trabaja De Scalzi? ¿Para los de la población italiana o para los del «perro de seis patas» (símbolo de ENI)?  ¿Estamos seguros de que «lo que es bueno para ENI es bueno para Italia», como suelen afirmar los representantes del poder político y mediático?

Por cada euro invertido en energías renovables, ENI invierte once euros en nuevas prospecciones. En busca del gas que no deja se ser el principal negocio de la empresa: mal que le pese a transición ecológica.

Una transición que en Italia avanza a paso de tortuga, hasta tal punto que en los últimos 11 años, el porcentaje de energía producida a partir de fuentes renovables no ha crecido más allá del 32 por cien. En 2022, Italia instaló tan solo 3 Gw de renovables. Sin que haga falta fijarse en China (con 130 Gw de renovables instaladas en un año), tenemos Alemania, donde se instalaron 11 Gw; España con 6 Gw y Francia con 5 Gw.

Muchos proyectos siguen aparcados en un cajón. Hace dos años se aprobó la norma sobre las comunidades energéticas se convirtió en ley: si entrara en vigor, permitiría la difusión de la energía fotovoltaica en los tejados de las ciudades. Esto sería un paso importante porque permitiría abandonar la lógica de los megaproyectos de megacentrales eléctricas y adoptar un enfoque diferente, basado en la centralidad de muchos pequeños centros de producción de energía, lo que además aumentaría el nivel de seguridad energética de nuestro país.

Claro, no hay problema, dirán. Lástima que falten los decretos de aplicación. Así que la ley se queda en papel mojado. El viento ya se ha llevado las promesas del ministro Pichetto Fratin, que prometió la creación de hasta 20.000 comunidades de energías renovables.

¿Cui prodest tanta lentitud? Pues precisamente a los productores de energía fósil, con el ENI en primer lugar. Despreciando además las preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos.

Con arreglo a la encuesta realizada por Ipsos Global Advisor entre ciudadanos de 31 países, el 75 por cien de los italianos hace previsiones catastrofistas para los próximos 10 años cuando piensa en el clima (en España el porcentaje sube al 76 por cien). El 36 por cien considera incluso muy probable el riesgo de verse desplazados de sus hogares debido a un fenómeno meteorológico extremo (los españoles son el 41 por cien).

Una preocupación que se está convirtiendo en ansiedad y angustia, como muestra el último informe del CENSIS (Centro Studi Investimenti Sociali), publicado el pasado 1 de diciembre de 2023. Según este estudio, «el 84 por cien de los italianos temen que el clima enloquezca  […] debido a la multiplicación de catástrofes naturales que cada año se vuelven más frecuentes»; «el 68,2 por cien temen que en el futuro suframos sequías debido al agotamiento de los recursos hídricos»; «el 43,3 por cien teme que nos quedemos sin energía suficiente para todas nuestras necesidades».

Preocupaciones que han hecho suyas los movimientos ecologistas de vieja y nueva formación. Que tratan por todos los medios de señalar la necesidad de medidas urgentes para frenar el cambio climático. Frente a ellos, que señalan a la luna, el estúpido gobierno Meloni mira al dedo de las acciones de protesta, señalándolas como el verdadero problema. El problema se ataja rápidamente, con nuevos delitos y penas más severas para aquellos que, conforme a la narrativa de la derecha, terminan siendo calificados de «ecovándalos» o incluso «ecoterroristas».

En resumen, los gobiernos italianos ignoran las preocupaciones de la mayoría de la población o incluso las reprimen cuando estas se atreven a convertirse en acción política colectiva.

Ante las preocupaciones medioambientales de la mayoría de la población, los gobiernos italianos (no solo el de Meloni) hacen oídos sordos. O, peor aún, desatan la represión cuando esas reivindicaciones se convierten en acción política colectiva. En cambio, ante las preocupaciones de ENI y de la industria fósil, extienden las alfombras rojas.

¿En interés de quién gobiernan Meloni y compañía?

Traducción Raúl Sánchez Cedillo


Madrid –

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