Diego Radamés / Europa Press
El Supremo israelí anula la reforma judicial con la que Netanyahu pretendía gobernar con plenos poderes
La tramitación de esta norma provocó multitudinarias manifestaciones en contra que han erosionado la popularidad del primer ministro
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pretendía usar la mayoría ultraderechista que sustenta su Ejecutivo para que el poder judicial no pudiese impugnar ni anular ninguna ley aprobada por el legislativo, aunque ésta no fuera “razonable”, que es el término que se usa en el Estado sionista a falta de un texto constitucional para decir si una ley es ajustada a Derecho según la propia jurisprudencia y leyes del país.
El texto, aprobado en junio con los 64 votos del del Likud —derecha radical—, Sionismo Religioso (extrema derecha), Shas y Judaísmo Unido (ultraortodoxos) pretendía dotarse de un parapeto legal para la agenda autoritaria de Netanyahu, a quien las movilizaciones masivas contra el texto legislativo le han hecho perder la mitad de los apoyos que obtuvo en las elecciones parlamentarias de noviembre de 2022.
Por una mayoría de ocho de quince jueces, el Supremo israelí ha derogado esta ley que de facto significaba eliminar el Estado de Derecho de Israel y dar plenos poderes a la mayoría de extrema derecha y ultraortodoxa que lidera el país. En la sentencia, publicada el primer día del año, el Supremo considera que la norma de Netanyahu “causa un daño grave y sin precedentes a las características fundamentales de Israel como Estado democrático”.
La caída de popularidad de Netanyahu, a raíz de la aprobación de esta ley que tuvo como respuesta multitudinarias manifestaciones en todo el país, explica también el afán de proseguir con los ataques contra Gaza en una reacción de tratar de buscar de restituir su imagen atacando al enemigo exterior que une a la mayoría sionista de la población israelí, a izquierda y derecha.
La decisión del Supremo supone así un golpe a la línea de flotación de la agenda del gobierno más derechista que ha tenido Israel en sus 80 años de existencia, al ser la primera vez que el Supremo impugna una ley básica emanada del Parlamento.
Madrid –
