Desertores ucranianos podrían ser retornados
El pasado 24 de abril, Ucrania anunciaba que dejaría de prestar servicios a los hombres entre 18 y 60 años en el extranjero, dejando incluso de enviar pasaportes a estos. Polonia y Lituania han ofrecido ayuda al estado ucraniano para llevarlos de vuelta para el frente.
Los ucranianos en la UE inicialmente se vieron cobijados por la Directiva 2001/55/CE sobre afluencia masiva de personas desplazadas que fue activada por el Consejo de la Unión Europea el 4 de marzo de 2022 la cual prohíbe su devolución, tenía una duración inicial de un año y era prorrogable hasta dos veces por periodos de seis meses. Según las circunstancias de Ucrania y las decisiones que tome al respecto, el Consejo de la UE puede seguir prorrogándose y así fue el 28 de septiembre de 2023 cuando fue prorrogada hasta el 4 de marzo de 2025.
Esta Directiva se creó a raíz de los desplazamientos que se vivieron a raíz del conflicto en Yugoslavia durante 2001, buscaba la creación de un marco de respuesta más rápido y eficaz que el tradicional procedimiento de asilo, buscando garantizar en primer lugar, la no devolución de las personas al lugar del que huyen y, en segundo lugar, su establecimiento temporal en los países de la UE, garantizando derechos y necesidades. Hasta 4,2 millones de ucranianos se han beneficiado de este régimen de protección.
Sin embargo, este régimen de protección temporal no es equivalente a ser un refugiado convencional, con lo cual las decisiones políticas que la UE pueda tomar al respecto afectan de lleno a los ucranianos que sigan en esta situación.
Existen varios precedentes, pero destaca el episodio en mayo de 2015 donde la Comisión propuso la activación de la previsión que no salió adelante por la oposición de varios Estados. Incluso las posteriores decisiones de la Comisión con el fin de redistribuir a las personas necesitadas de protección fueron recurridas por Eslovaquia y Hungría y no fueron seguidas por todos los miembros, de hecho, Polonia, Hungría y la República Checa fueron condenadas por incumplir las Decisiones.
Tanto en la Carta de la ONU como en el Derecho Internacional está reconocido el derecho de los Estados a exigir a sus ciudadanos que realicen el servicio militar e incluso sanciones a las personas que deserten o evadan este servicio militar cuando esta no esté relacionada con razones válidas de conciencia y siempre que estas sanciones y procedimientos cumplan con las normas internacionales.
Según el Manual para determinar la condición de refugiado del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) aquellos desertores o prófugos podrían ser considerados refugiados si demuestra que el delito militar relacionado en su país es desproporcionado por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas o la mera necesidad de cumplir el servicio militar puede ser motivo de protección si se demuestra que el cumplimiento de este conllevaría verse obligado a actuar contra sus convicciones políticas, religiosas, morales o razones de conciencia.
Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en los casos de deserción, y conforme la interpretación que da la Directiva 2004/83/CE que refuerza los criterios para toda la Unión en torno a la concesión de asilo, este entiende que la condición de militar es necesaria, pero no suficiente para entender que existe un acto persecutorio contra la persona, ya que la Directiva entiende el acto como persecutorio cuando el servicio militar conllevaría la comisión de crímenes de guerra o de delitos graves.
A este respecto, se ha documentado situaciones en la que hay operativos para atrapar desertores en la frontera con Rumania, donde una vez son atrapados se les maltrata e incluso sufren rechazo social por parte de sus compatriotas. Los castigos a desertores son de hasta 12 años de prisión y quienes se oponen al servicio militar pueden ser condenados hasta cinco años de prisión. También se ha documentado el encarcelamiento de objetores de conciencia.
También ACNUR considera las objeciones al servicio militar, la deserción o de abandono del servicio militar pueden ser en sí mismas expresiones de carácter político disidentes o ser percibidas como tal por las autoridades nacionales del Estado al que pertenece el solicitante y, por tanto, podrían ser susceptibles de protección.
Aquí resultará —llegado el caso— importante la consideración que tengan los tribunales al respecto de la libertad política existente en Ucrania, así como la no comisión de crímenes de guerra por parte de las fuerzas armadas ucranianas. A este respecto, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania de la ONU, en dos de sus informes, ha admitido la comisión —minoritaria— de crímenes de guerra por parte de las fuerzas armadas ucranianas.
En términos políticos el Estado ucraniano está en su tope en términos de supresión de libertad ideológica, política y de la información, empezó con el cierre de tres canales de televisión antes de la guerra, prohibió sitios webs, luego, a raíz de la guerra se prohibieron más de 10 partidos políticos, se prohibió la importación de libros rusos, se canceló la enseñanza en ruso y la información televisiva y de radio quedo centralizada en un único programa supervisado por el gobierno.
La dependencia de los derechos de las personas necesitadas de protección internacional en la voluntad política de una Unión más inclinada a la política de guerra y proporcionar activos a Ucrania, hace pensar que puede que la política de protección de los ucranianos este llegando a su fin.
