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Pisa (Italia) se manifiesta por el alto el fuego en Palestina y contra las porras policiales — Marcello Valeri / Zuma Press / ContactoPhoto

Meloni y los porrazos

El gobierno de Meloni puede albergar la tentación de introducir una nueva ampliación del ámbito de aplicación del DASPO, atacando directamente el derecho de manifestación, garantizado por la Constitución antifascista


Han dado la vuelta al mundo los vídeos de los porrazos de los policías sobre los cuerpos de estudiantes de ambos sexos, muchos de ellos menores de edad, en la ciudad de Pisa, responsables de querer entrar en la vedada Piazza dei Cavalieri para manifestarse contra el genocidio en Palestina.

En Italia, incluso el Presidente de la República, en un discurso poco habitual para su cargo, declaró que «los porrazos sobre los jóvenes son un fracaso» y que «la autoridad no se mide con porras».

Los grupos de oposición en el parlamento utilizaron estas declaraciones para ampararse en la auctoritas que emana del presidente Mattarella y atacar al gobierno de Meloni por la violencia policial y, en algunos casos, acusado de representar una amenaza autoritaria para el país. Lo cierto es que se olvidan rápidamente las porras «democráticas», a saber, las que llovían sobre las cabezas de las y los estudiantes también en la época de los gobiernos dirigidos por el PD o por Mario Draghi (circunstancia que un estudiante recordó al ex primer ministro Conte, ahora líder del M5S).

Las declaraciones de la mayoría gubernamental fueron mucho más prudentes, por no decir que defendieron explícitamente a las fuerzas del orden. Sin mostrar miedo a hacer el ridículo cuando, en un intento desesperado por defender lo indefendible, divulgaron la versión inverosímil de unos estudiantes decididos a llegar hasta la sinagoga o el cementerio judío, lugares situados a considerable distancia del lugar de la violencia policial. Un supuesto antisemitismo esgrimido como excusa inverosímil para justificar la violencia de la porra.

Por su parte, el presidente Meloni se mantuvo en silencio, lo que viene a dar cuenta del desconcierto en Palazzo Chigi y de la voluntad clara de no implicarse directamente en la encendida polémica de los últimos días.

Sin embargo, ahora que las aguas se han calmado, la ultraderecha en el gobierno ya no está a la defensiva e intenta volver al ataque.

El pasado 6 de marzo tuvo lugar en Roma un encuentro entre el gobierno y los sindicatos policiales. Un encuentro que los sindicatos —que llevan tiempo denunciando que son víctimas de un odio creciente— estaban pidiendo a gritos, y que debía incluir en el orden del día la renovación del contrato nacional del cuerpo de policía, caducado desde hace 800 días. Sin embargo, en la reunión se habló de todo menos de cuestiones salariales, contractuales y sindicales.

La importancia del momento para el Gobierno se puso ya de manifiesto con la presencia de los «grandes»: Giorgia Meloni, la ministra del Interior Piantedosi (de la Lega), el ministro de Asuntos Exteriores Tajani (Forza Italia), el ministro de Economía Giorgetti (Lega) y el subsecretario de la Presidencia del Consejo Mantovano (Fratelli d’Italia).

Giorgia Meloni no tardó en expresar su solidaridad con los policías, víctimas —en su opinión— de «una campaña injusta y sistemática de difamación». El victimismo, rasgo típico de la ultraderecha, se revela también en esta ocasión. De esta guisa, las «víctimas de una campaña de difamación» no son los estudiantes, acusados de albergar intenciones antisemitas (llegar a la sinagoga: ¿con qué objetivo?), sino los policías que con sus porras han enviado al hospital a varios menores de edad.

Pero lo más interesante de la reunión no reside tanto en el posicionamiento político —que no causa sorpresa— de Meloni y compañía, sino en el contenido de las propuestas presentadas en la mesa por parte de los sindicatos policiales y que, en palabras de Meloni, «ahora serán sometidas a consideración por parte del gobierno».

Cámaras corporales en los uniformes de todos los agentes; drones para vigilar las manifestaciones; aumento de las penas por el delito de resistencia a un agente de la autoridad; detenciones obligatorias en el acto (y tal vez con posterioridad a los hechos) para quienes violen las «zonas rojas» designadas por las autoridades; y prohibición de manifestarse para los «violentos». Asimismo, pensiones especiales para los jefes de policía y el pago regular de las horas extraordinarias.

Se excluye explícitamente la introducción de códigos de identificación para los agentes, reclamada por las organizaciones políticas, asociaciones como Amnistía Internacional y Antigone, y que es una medida que ya está presente en muchos ordenamientos jurídicos europeos.

A modo de resumen: más penas, más cárcel, más restricciones a la libertad de manifestación. Esta es la voluntad expresada por los sindicatos policiales y que —quién lo iba a decir— coincide con la filosofía en la que se basa el gobierno de ultraderecha.

Medidas que podrían introducirse en los próximos meses, quizás en forma de enmiendas a las tres medidas de seguridad que llevan discutiéndose en el Parlamento italiano desde noviembre de 2023. Y que podrían ver la luz justo a tiempo para la cumbre del G7, que tendrá lugar los próximos 14 y 15 de junio en la región de Apulia. Un horizonte temporal que dejan traslucir las propias palabras de Meloni: «Hay un clima que no me gusta y que me preocupa en el año del G7: veo tonos que me recuerdan años muy difíciles para nuestra nación». Recordando lo que ocurrió en Génova en julio de 2001, con motivo del G8 (a diferencia de hace 23 años, en aquel estaba Rusia), hay que admitir que en efecto hay un clima que suscita preocupación. Pero que no tiene nada que ver con la difamación de las fuerzas del orden, sino con la restricción de los espacios democráticos y el refuerzo de los dispositivos represivos, en algunos casos de forma preventiva.

Entre las medidas propuestas al gobierno por los sindicatos policiales hay una en particular que ha despertado la alarma. Es la que se está conociendo como el “DASPO para manifestantes”. El DASPO es una medida administrativa aplicada inicialmente a las peñas ultras en los estadios deportivos. Ello queda patente en las siglas DASPO, que significan “Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive” (Prohibición del acceso a eventos deportivos). La norma existe desde 1989 (ley 401, del 13 de diciembre de 1989). Justificada para poner freno a la violencia en los estadios, vio ampliado su ámbito de aplicación con la Ley 201, de 2005. El DASPO es impuesto por una autoridad de seguridad pública, el Jefe de la policía  —y por ende no por un juez— y conlleva la prohibición de acceder a eventos deportivos durante un periodo de tiempo que suele oscilar entre 1 y 5 años.

En el momento de su introducción, el DASPO gozó de una aprobación prácticamente unánime. Los «aficionados ultras» eran un sujeto fácilmente calificable como «violento» y «peligroso», necesitado de una «domesticación» por parte del sistema legislativo y de la acción de los aparatos represivos del Estado.

De nada sirvieron las advertencias sobre la posibilidad de ampliar aún más el ámbito de aplicación de la medida, lo que podría afectar a otras partes de la sociedad.

Una predicción que se cumplió punto por punto en 2017, cuando —en tiempos del Gobierno Gentiloni (Partido Democrático)— se aprobó el Decreto Legislativo 14/17, también conocido como «Decreto Minniti», por el ministro del Interior perteneciente al PD. La norma preveía la introducción del “DASPO urbano”. En defensa de la «seguridad urbana», entendida como la «protección del decoro de determinados lugares», el alcalde puede imponer multas y el Jefe de policía puede ordenar la prohibición de acceso a determinadas zonas a las personas consideradas como un peligro para la seguridad pública. ¿Quiénes son estos infractores del «decoro urbano»? Los borrachos, quienes aparcan ilegalmente, los mendigos, los sin techo o quienes cometen actos contrarios a la decencia pública. Tales eran los peligros urbanos, incluso para los «demócratas» italianos.

Apoyándose en este planteamiento, hoy el gobierno de Meloni puede albergar la tentación de introducir una nueva ampliación del ámbito de aplicación del DASPO, atacando directamente el derecho de manifestación, garantizado por la Constitución antifascista.

Junto a la posible adopción de las demandas de los sindicatos policiales, hay otras acciones que muestran la estrategia del gobierno de Meloni.

En enero de 2023, un grupo de activistas de Ultima Generazione arrojó pintura «lavable» en las paredes del Palazzo Madama, sede del Senado de la República. El juez les condenó a 8 meses de cárcel, que podrán evitar si pagan la cifra de 60.000 euros. Una cantidad de dinero disparatada que no puede justificarse por el «daño» producido por la acción, que en términos monetarios fue mucho menor. En el juicio, tanto el Senado como el Ministerio de Cultura se constituyeron como “parte civil”: es decir, las dos instituciones se sintieron agraviadas por el delito y, por consiguiente, intervinieron para exigir la reparación del daño.

En junio de 2023, algunos policías de servicio en la Jefatura de policía de Verona fueron detenidos, acusados de un delito de torturas contra algunas personas detenidas (en su mayoría extranjeros y personas sin casa). El juicio empezó hace unos días y esta vez el Ministerio del Interior ha decidido no constituirse como «parte civil». Parece obvio que Piantedosi y el gobierno de Meloni no consideran que los policías que practican la tortura puedan dañar las instituciones republicanas.

Este doble rasero lo dice todo sobre el gobierno Meloni, mucho más que todo un programa electoral sobre seguridad.

Pero la cosa no acaba ahí. El pasado 30 de enero, el portavoz del grupo de la Lega en el Senado, Massimiliano Romeo, presentó un proyecto de ley «para combatir los actos de antisemitismo». El artículo 3 contempla la posibilidad de denegar la autorización para reuniones o manifestaciones públicas «por causa moral», también cuando «se aprecie un riesgo potencial grave por el uso de símbolos, lemas, mensajes y cualquier otro acto antisemita conforme a la definición operativa de antisemitismo adoptada por la presente ley».

En definitiva: con la excusa del antisemitismo, la Lega propone prohibir las manifestaciones callejeras.

Un viaje con destino al «autoritarismo», podríamos decir. Porque hacia allí se encaminan las medidas del poder político. Unas medidas que, sin embargo, no se explican únicamente por una matriz histórico-cultural. Dicho de otra manera, no son el fruto exclusivo del sistema cultural en el que siempre se ha basado la ultraderecha, el reflejo pavloviano del “orden y la disciplina” (para las clases trabajadoras, por supuesto, porque para las clases dominantes no hay correas ni ataduras que frenen las acciones criminales que sin embargo cometen todos los días).

Se deben más bien al análisis de la situación económica y de los posibles escenarios de futuro. En efecto, el gobierno Meloni oculta una inmensa fragilidad detrás de la fortaleza aparente que le dan sus apoyos electorales. Sabe perfectamente que la perpetuación de las políticas liberales (que poco tienen de «derecha social»), el aumento del ritmo de austeridad al que de hecho se ha sometido con la aceptación del nuevo pacto de estabilidad, produce pobreza, marginación, desigualdades. Contradicciones que se irán agravando porque, como han afirmado distintas voces en las últimas semanas, Europa debe acelerar su transformación en una economía de guerra. Liberalismo + guerra, este es el marco en el que se mueve, cómplice, el gobierno.

O se afronta ese marco con una transformación radical de los presupuestos de su acción política, es decir, con políticas radicalmente redistributivas y con el rechazo de la lógica y del estado de guerra, o se afronta a porrazos.

El gobierno Meloni ya ha decidido su camino. El elemento creativo de quienes se oponen a esta deriva no reside tanto en las palabras como en la práctica. Las calles llenas son el mejor antídoto posible. Empezando por las que se manifiestan por Palestina.


Traducción: Raúl Sánchez Cedillo

Madrid –

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Editorial

  • Florentino Pérez, ministro de Vivienda

    El problema de la vivienda en España es gravísimo y es urgente en términos sociales y económicos abordarlo de forma valiente. Pero habría que ser muy inocente para llevarse a engaño. Es obvio que el PSOE no va a hacer absolutamente nada significativo en esta materia