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Salvini y el ataque al derecho de huelga

Frente a los gobiernos de centro-izquierda que han llevado a cabo las peores políticas anti-obreras, la CGIL, la CISL y la UIL se ocuparon demasiado a menudo de hacerlas digeribles para sus afiliados en lugar de oponerse a ellas en los lugares de trabajo y en las calles


Son las 21.55 horas del 14 de noviembre. Del Ministerio de Transportes e Infraestructuras sale una carta firmada por el ministro Salvini. Está dirigida a los sindicatos CGIL y UIL, que han convocado una huelga general para el 17 de noviembre contra la Ley de Presupuestos, y contiene una orden muy durísima e improcedente: el poder político, encarnado por el viceprimer ministro Salvini, conmina a las trabajadoras y trabajadores del sector del transporte que no hagan huelga durante todo el turno de ocho horas, sino solo durante cuatro.

Se trata de una «orden ejecutiva», una medida administrativa extraordinaria con la que la autoridad impone el fin de una huelga, y que hoy ha sido posible gracias a la intervención de la “Comisión de garantías de la huelga», una autoridad «mediadora» que el pasado 13 de noviembre se pronunció a favor de la reformulación de la duración de la protesta de la CGIL y la UIL.

Estamos ante el último acto de un enfrentamiento que el poder mediático ha presentado como un desafío de Salvini contra Landini, el secretario de la CGIL, pero que en realidad habría que describir como una embestida  brutal del poder político y económico contra el poder de los trabajadores y trabajadoras (y no «meramente» de los sindicatos).

Un ataque en cierto modo preventivo, puesto que no se produce en plena temporada de intensa movilización sindical y obrera, como sí ocurrió en cambio en otros países europeos, empezando por Francia en los primeros meses del año. Antes bien, el Istituto Nazionale di Statistica ha calculado que, mientras que en las grandes empresas privadas, las de más de 500 empleados, el porcentaje de horas de huelga por cada mil horas trabajadas era del 1,3 en 2005, ahora estamos en el 0,3 por cien. Un récord histórico negativo. En términos más generales, más allá de algunos sectores, la conflictividad obrera se esfuerza por cobrar cuerpo en términos públicos y colectivos y adopta nuevas formas que, en cierto modo, deben ser estudiadas (empezando por el fenómeno conocido como «Big Quit» o «Big Resignation»).

Italia ha sido en los últimos 30 años el único país de la OCDE en el que los salarios no solo no han aumentado, sino que han disminuido, registrando un retroceso del -2,9 por cien; que uno de cada cinco trabajadores (el 20 por cien) gana menos de 20.000 euros netos al año; que, si se trata de una mujer trabajadora, el porcentaje se eleva al 53 por cien

Si tenemos en cuenta que Italia ha sido en los últimos 30 años el único país de la OCDE en el que los salarios no solo no han aumentado, sino que han disminuido, registrando un retroceso del -2,9%; que uno de cada cinco trabajadores (el 20%) gana menos de 20.000 euros netos al año; que, si se trata de una mujer trabajadora, el porcentaje se eleva al 53%; que hasta un trabajador de cada diez gana menos de 10.000 euros netos; que hasta 5 millones de trabajadores y trabajadoras cobran pagas inferiores a 10 euros por hora; que, con el aumento de la inflación, los salarios reales cayeron un 7,5% en los tres primeros meses del año (fuente: OCDE, ¡no esos peligrosos bolcheviques de Canal Red! )

En fin, si esta es la fotografía del país, la prioridad de una política en interés de la mayoría que se reconoce en esa fotografía es aumentar los salarios; y no, desde luego, prohibir o limitar el derecho de huelga.

Por el contrario, marchando en dirección opuesta, Salvini muestra la cara de la ultraderecha gubernamental: ferozmente anti-obrera y rematadamente filo-patronal. Nada nuevo bajo el sol.

Ahora bien, ¿por qué se produce hoy este ataque? ¿Y cuáles son las condiciones que lo hacen no solo practicable, sino efectivamente practicada?

Destacaría al menos cuatro:

1) Salvini utiliza la táctica ya característica del gobierno de ultraderecha: los «arenques ahumados» (en inglés «red herrings«). Del mismo modo que  se utilizaban los arenques ahumados para distraer a los sabuesos, Salvini ataca el derecho de huelga para desviar la atención de una cuestión a otra y de un tema a otro. Y en este caso de la operación presupuestaria que se está discutiendo en este momento  —un punto sensible para un gobierno Meloni que había prometido a los sectores populares que movería ríos y montañas y en cambio ahora se revela como un abanderado de la austeridad, como un Draghi cualquiera— a la huelga; del gobierno Meloni a los sindicato egoístas y antinacionales.

2 ) Precisamente sobre esta caracterización del sindicato entra en juego un aspecto más estructural. Estamos en el campo de la batalla de las ideas. Un papel clave lo juega el poder mediático.

Cuando Salvini afirma que «Landini quiere tomarse el fin de semana largo», no hace más que repetir lo que el poder mediático (de derechas y «progresista») lleva años insinuando: que los trabajadores hacen huelga los viernes para tomarse un día libre más (obviamente no recuerda que los que hacen huelga renuncian a su sueldo y que cada vez más empleados trabajan también los fines de semana). En resumen, quienes hacen huelga en realidad son unos vagos, ¡no personas que quieren moverse y protestar contra las políticas del gobierno!

En esta narrativa, los sindicatos son organizaciones que miran para sus propios intereses y desde luego no por los de los trabajadores. Y no digamos ya por los del país. No hay más que leer las portadas de dos periódicos de derechas del pasado 14 de noviembre para condensar este pensamiento: Il Giornale: ‘Quién quiere parar el país. La CGIL se coloca fuera de la ley’; Libero: ; ‘Sindicatos salvajes. Huelga ilegal. La CGIL bloquea Italia’;

Pero si Salvini y los derechistas pueden hurgar en la herida ello se debe también a que la gente piensa que los sindicatos son en parte responsables del retroceso de la clase obrera. Desde los años 90, pusieron en práctica la llamada «concertación», un método que privilegia las mediaciones y las mesas de negociación por encima de la conflictividad obrera, con los resultados que están a la vista todos. Frente a los gobiernos de centro-izquierda que han llevado a cabo las peores políticas anti-obreras, la CGIL, la CISL y la UIL se ocuparon demasiado a menudo de hacerlas digeribles para sus afiliados en lugar de oponerse a ellas en los lugares de trabajo y en las calles. En la crisis del sistema en la que estamos inmersos hay también una crisis de los sindicatos, que se traduce en una disminución de la afiliación (cada vez más envejecida), y en una menor representatividad en los «nuevos» sectores, empezando por el atrasado sector terciario que caracteriza la nueva estructura industrial italiana (en estos sectores están surgiendo y creciendo sindicatos que vuelven a poner el conflicto en el centro de la práctica sindical);

3) Por último, los organismos «independientes», que algunos se atreven a calificar de «neutrales», se abren paso cada vez más en nuestras sociedades. Es el caso de la “Comisión de garantías de la huelga». Cuando en 2019 acudí a los tribunales para recurrir mi despido, mi abogado intentó explicarme las dificultades del caso. Más allá de las contingentes, me dijo, había otro factor a tener en cuenta: la visión cada vez más pro-patronal de los jueces, imbuidos de una cultura que había hecho suyos los intereses de las empresas y no los de los trabajadores.

La «Comisión de garantías de la huelga» no está al margen del enfrentamiento de clases que tiene lugar a diario en nuestra sociedad. Forma parte de él y su supuesta neutralidad —aparte de ser sólo presunta— es en realidad un artificio ideológico destinado a presentar las razones de los trabajadores y los sindicatos como partidistas, vinculadas a intereses concretos y, por el contrario, las suyas propias como razones generales  que responden exclusivamente a normas más sagradas que las tablas de Moisés. La parte contra el todo, el egoísmo de unos pocos contra el interés colectivo.

Las derechas entienden la importancia de «ocupar» estos puestos y, de hecho, en junio nombró a los cinco expertos que componen la «Comisión de garantía de la aplicación de la Ley de Huelga». Y casualmente al menos tres de los cinco tienen estrechos vínculos con el gobierno de ultraderecha. Si luego sus dictámenes están plenamente de acuerdo con Salvini, ¿hay motivos para la sorpresa?

De momento, la CGIL y la UIL han declarado que no cederán al chantaje de Salvini y de la Comisión de garantía de huelga. Una condición necesaria para poder afrontar este asalto. El choque, sin embargo, no termina el 17 de noviembre, y frente a la voluntad de la ultraderecha de volver inofensivas las armas de los trabajadores por miedo a una reanudación del conflicto, el movimiento obrero estará a la altura si hace que la palabra «conflicto» vuelva no solo a su vocabulario, sino también a sus prácticas y a su horizonte estratégico


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