Internacional

Victoria para los menores migrantes en Estados Unidos

Una jueza federal ha determinado que los menores que esperan a la presentación de sus solicitudes de asilo están sujetos a un acuerdo de tratos mínimos y bajo custodia de la Administración fronteriza

El pasado miércoles la Jueza del Distrito Central de California, Dolly Gee, tomo esta decisión asegurando, en un cambio de criterio, que los menores se encuentran sujetos al Flores Settlement Agreement de 1997. Este acuerdo procedente del caso Reno contra Flores de 1993 donde los Tribunales fallaron en contra de la Administración en aquel entonces de Bill Clinton propiciaron el acuerdo que fijaba soluciones temporales a los menores migrantes sujetos a custodia federal sin importar su posible situación legal futura, sin embargo, lo que pretendía ser una solución temporal se convirtió en el estándar de la Administración fronteriza hasta que en 2019, Donald Trump anulo el acuerdo ocasionando un proceso de apelación por parte de la propia Corte Federal de Distrito contra la directiva presidencial.

A pesar de que el Flores Settlement Agreement se ha seguido aplicando por estar pendiente su proceso de apelación, la situación de los menores migrantes era precaria, ya que la Administración fronteriza aseguraba que no podían estar bajo su custodia hasta que eran arrestados, esto ocasionaba que los migrantes se agruparan en campamentos improvisados cerca de la frontera a la espera de ser detenidos y procesados. Irónicamente, cuando alguno de estos migrantes intentaban abandonar la zona a la que llegaban, inmediatamente, la patrulla fronteriza los atrapaba para devolverlos a la zona, con lo que a efectos prácticos se encontraban en una zona de detención.

Estos campamentos improvisados se encuentran expuestos al aire libre, viven en tiendas o en casas improvisadas, sin acceso a comida o agua corriente. La Administración nunca negó las condiciones pésimas en las que viven, pero si el hecho de que se considerarán bajo su custodia, este giro de tuerca implica entre otras cosas que la Administración tiene un límite de 72 horas bajo el cual a los menores deberán garantizárseles servicios médicos, así como el acceso a estándares mínimos y el derecho a estar en centros de detención únicamente el tiempo imprescindible hasta que algún familiar o entidad esté dispuesta a acogerlos. Se estima que hasta 7 de estos campamentos a lo largo de la frontera entre el Estado de California y México pasarían a estar sujetos a la vigilancia de la Administración Fronteriza.

— “¿Son libres de irse?”

— “Siempre y cuando no continúen hacia los Estados Unidos.”

Uno de los argumentos usado por la jueza para tomar la decisión se basó en que, a veces, las patrullas fronterizas dirigían a los migrantes a estos campamentos cerca de la frontera, implicando un control físico sobre los mismos y, hasta en ocasiones, facilitaban pulseras con el fin de organizar sus llegadas. Ante la pregunta hecha por la jueza: “¿Son libres de irse?”, la abogada del Departamento de Justicia respondió: “Siempre y cuando no continúen hacia Estados Unidos.”.