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Manuel Rico: “Ayuso quiere que no se sepa lo que vio la policía municipal en las residencias”

Entrevistado por Jesús Cintora, el periodista analiza la maniobra de la presidenta madrileña de ir los tribunales para ocultar su responsabilidad en las muertes de millares de ancianos en las residencias

Manuel Rico, periodista en diversos medios y uno de los fundadores de infoLibre, ha sido entrevistado en No te calles,  formato de entrevista online del conocido presentador Jesús Cintora acerca de la polémica de Díaz Ayuso y las residencias durante las primeras olas de contagio en las residencias de Madrid.

La polémica, que lleva desde 2020 candente con ciertas decisiones en materia sanitaria por parte del gobierno de Ayuso, ha vuelto a desatarse tras el establecimiento del Comité de Transparencia, al que la presidenta ha reaccionado negándose a entregar las actas levantadas por la Policía Municipal sobre la realidad de las residencias durante los meses de confinamiento, en las que se recogieron testimonios de condiciones deplorables.

En concreto, el establecimiento del Comité de transparencia y buen gobierno tuvo lugar tras la petición de un particular, que acabó desembocando en la solicitud al gobierno de Ayuso de entregar las actas en cuestión. La comunidad de Madrid, como respuesta, ha preferido acudir a los tribunales como último recurso para no entregarlas, actitud que Rico ha calificado como “maniobras para ocultar lo ocurrido”: «lo que está haciendo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso es ir a los Tribunales para ocultar y que no se sepa qué vio la policía municipal en las residencias durante los primeros meses de la pandemia».

Uno de los motivos que ha utilizado la Comunidad de Madrid para argumentar que prefiere no publicar las actas es el volumen incontrolable de información recogida en más de 1000 ejemplares, interpretado por Rico como «ocultar la verdad».

A lo largo de la entrevista se abordan temas como si es necesario o no que los dirigentes entonces a cargo de la toma de decisiones sanitarias asuman responsabilidades de aquellas resoluciones, que aun a pesar de ser tomadas en un contexto de excepción, deben repasarse para aprender de los errores y otorgar a las familias el derecho a saber lo que pasó con sus familiares: «en comunidades como Castilla y León y Castilla la Mancha se deberían haber abierto investigaciones para ver que decisiones se tomaron y haber llamado a declarar a los responsables. Se ha discriminado a personas que no podían ser autónomas. Dentro de cuarenta o cincuenta años, cuando quienes estén en este país miren hacia atrás y vean lo que hemos hecho con las personas mayores, sentirán verdadera vergüenza por quienes tomaron esas decisiones».

Tanto Cintora como Rico coinciden en que la presidenta tiene que responder por las decisiones que tomó su gobierno, para bien o para mal. En concreto, el entrevistado resalta 4 decisiones que vulneran, a sus ojos, derechos fundamentales como el derecho a la atención sanitaria y a la información: se impidió la derivación de pacientes de las residencias a los hospitales, no se medicalizaron las residencias ni se asignó personal a estos centros, las personas mayores no fueron aceptadas en el hospital de IFEMA y aquellos que no tuvieran seguro privado no serían atendidos en centros de sanidad privada, aun a pesar de la gravedad de su salud.

Y es que «no es cuestión de colores o partidos; es cuestión de coherencia». El entrevistado recalca que, aun a pesar de la excepcionalidad de la situación, hubo comunidades en las que se actuó correctamente, y que la única forma de aprender de ello es «analizar las medidas que se tomaron y el impacto de estas, para que, si vuelve a suceder alguna vez una situación de emergencia sanitaria como esta, puedan anticiparse a las decisiones».

Los dos sostienen que siempre que un partido o decisión no haya sido coherente, debe ser denunciable, y que para reclamar responsabilidades debería haberse creado a nivel estatal «una comisión por conocer la verdad y por mejorar y aprender. Es lo mínimo que se debería esperar y lo mínimo que se debería hacer».

Para cerrar la entrevista, ambos hacen referencia a las empresas que desde el comienzo de la pandemia abarcaban la mayoría del negocio residencial. Coinciden en que «deberíamos abrir un debate sobre el modelo residencial y otras cuestiones como el desguazado de la sanidad pública» y en que, en los últimos años, se ha acentuado la privatización de centros residenciales, dirigida principalmente por 8 principales empresas nacionales e internacionales.