Salvador Puig Antich y flores en el lugar donde se instaló el garrote vil para ejecutarlo — Kike Rincón / Europa Press / ContactoPhoto
50 años después: La memoria de Salvador Puig Antich y la búsqueda de la justicia perduran
A pesar de medio siglo transcurrido desde su ejecución, Jordi Panyella cuenta como el caso de Salvador Puig Antich permanece sin resolver, destacando la persistente lucha por la verdad y la justicia en medio de un proceso judicial marcado por las manipulaciones política
Hoy, 2 de marzo de 2024, se conmemora el 50 aniversario de la ejecución de Salvador Puig Antich.
En esta fecha, hace medio siglo, en 1974, el régimen franquista llevó a cabo la ejecución mediante el garrote vil de Salvador Puig Antich y del ciudadano alemán Heinz Chez. Este acto fue el resultado de una conspiración policial y militar respaldada por la estructura política del régimen de Franco, diseñada para mostrar la firmeza de un gobierno que se encontraba en decadencia.
Salvador Puig Antich era miembro del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), una organización que luchaba contra la represión de la dictadura de Franco. El 25 de septiembre de 1973 lo que parecía una cita más entre dos militantes del MIL y a la que se une Puig Antich de forma casual, termina convirtiéndose en una operación policial en la calle Girona número 70 —Barcelona—. Uno de los antecedentes que marcó esta persecución fue el anterior robo a la sucursal del Banco Hispanoamericano. Es entonces cuando en el portal número 70 sucede un tiroteo confuso, que deja mal herido a Puig Antich y acaba con la vida del subinspector Francisco Anguas. Fue tan confuso que hace imposible saber a la autoría la muerte exacta del subinspector. Pero tampoco se realizaron las pruebas balísticas para aclarar su muerte, puesto que los militares se negaron porque supuestamente ellos conocían muy bien los impactos de bala.
Inicialmente a Puig Antich se le enjuicia por la vía ordinaria, hasta que se decide pasar el caso a un juzgado militar y con esta operación se aseguraban poderlo acusar de un delito de terrorismo, como así sucedió, solo que terminó siendo acusado de dos delitos de terrorismo, por lo que el fiscal pidió dos penas de muerte, y al final se le condena a 30 años de prisión por el primer delito —atraco del Banco Hispanoamericano— y pena de muerte por el segundo —supuesto asesino del subinspector Francisco Anguas—.
En un momento en el que el régimen franquista estaba en declive y enfrentaba una creciente presión interna y externa, la ejecución pública de Salvador Puig Antich fue un intento desesperado por parte de los dirigentes del régimen de demostrar su autoridad y resistencia. Este acto, llevado a cabo a plena luz del día, fue un símbolo de la brutalidad y la represión que caracterizaban al régimen franquista en sus últimos días.
Una persecución por ser un opositor al régimen, un intento de acabar con su vida en un tiroteo, acusado por “terrorismo”, dos penas de muerte y finalmente ejecutado mediante el garrote vil, este fue el trágico desenlace de Salvador Puig Antich.
En medio de este desafiante escenario, numerosos expertos han dedicado una gran parte de sus vidas para adentrarse en este caso, luchando por la verdad y la justicia. Uno de estos expertos es el periodista Jordi Panyella, quien ha llevado a cabo una minuciosa investigación plasmada en su libro «Salvador Puig Antich, caso abierto». En esta obra, Panyella se esfuerza por demostrar cómo el proceso judicial que rodea al joven miembro del MIL vulneró de manera flagrante cada uno de los derechos más fundamentales de Salvador Puig.
El libro comienza con un análisis del recurso de revisión presentado ante la Sala Militar del Tribunal Supremo en 2005. Panyella interpreta el desenlace de ese recurso como algo «no judicial, sino político». El autor del libro argumenta que «el caso de Salvador Judicialmente es un caso viciado desde el minuto cero».
El periodista sostiene que «Cuando los hechos ocurrieron, está claro que la muerte del inspector se habría evitado de manera clara y evidente si la policía hubiera actuado con diligencia y un dispositivo policial bien organizado». Panyella ofrece un ejemplo concreto al señalar que, en la persecución del 25 de septiembre de 1973, los policías ni siquiera llevaban esposas. “Esto da a entender que la actuación judicial fue muy controvertida” apunta Jordi Panyella.
En el fuego cruzado que se da en el tiroteo la policía no lo quiere aclarar porque Panyella asegura que “es evidente que ellos también intervienen y le carga el muerto —y nunca mejor dicho— a Salvador Puig y solo a él”.
Es evidente que en el año 1974 el franquismo había entrado en declive, e inmersos en su propio fracaso, el caso de Puig Antich les sirvió para alzar la voz. Panyella explica que “Lo que hacen Arias Navarro y Franco con la confirmación de la pena de muerte, hacen un uso político de la persona de Salvador, para mandar un mensaje a la población, a la oposición y al extranjero que el régimen todavía era fuerte”. En ese año el debate político está entre “la apertura y la apretura” señala el periodista. Es decir, entre los aperturistas al régimen y los que preferían mantener el régimen denominados los “inmovilistas”. Además, Panyella apunta que “el episodio del asesinato de Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973, causó el endurecimiento de pena a Puig Antich”. El atentado contra el que era Presidente Luis Carrero Blanco, había sucedido apenas hacía dos meses, por lo que el régimen franquista estaba muy resentido.
Pero Jordi Panyella hace hincapié en ese año 2005, cuando se hace el estudio del proceso de revisión del caso en la Sala Militar, Sala V del Tribunal Supremo con un ajustadísimo 3 a 2 —tres magistrados contra dos magistrados— deniegan la revisión, aun habiendo presentado “la prueba nueva” —requisito para que se revise el caso—. “Esta prueba nueva basada en un informe infográfico en movimiento que demuestran que la versión policial y el tiroteo fue un embrollo imposible de resolver, aportan testigos de médicos que contradicen la autopsia —hecha de tal forma para culpar a Salvador—, un testigo que detienen junto a Salvador y que explica lo que realmente pasó y no lo que le hizo de declarar la policía en su día bajo tortura” explica Panyella. Tras un recurso muy bien presentado, con prueba nueva, un recurso que pone en evidencia la seguridad de 1974. Panyella añade “Pero los tres Magistrados que mandan deciden, que no se revise el caso, pero es que ellos mismos se contradicen, puesto que, en el texto de la resolución, que dictan para no aceptar la admisión a trámite, hay un momento que dicen: hemos visto prueba en parte nueva, pero no admitimos revisión.
¿Por quién están movidos estos magistrados?
Es la pregunta que se hace Jordi Panyella y es por ello que, una parte de su libro la dedica a analizar los currículums de estos magistrados, sus afinidades políticas, familiares, los vínculos directos con el franquismo y llega a la conclusión y dice que “si en algún estamento del Estado español es evidente que la Transición —que todo el mundo dice que fue modélica— no lo ha sido, en estamento judicial y sobre todo en estamento de alto rango, de poder real, cuando la justicia entra ya en ámbito de poder, la política manda para intereses colectivos que aunque parezca mentira, han seguido mandado en nuestro país, y caso de Puig es la prueba más evidente” expresa el periodista. Panyella reconoce que hubo dos votos particulares muy buenos a favor de la revisión: El de Ángel Juanes, que había sido presidente de la Audiencia Nacional, —este hombre escribió en mayúsculas que Puig Antich no tuvo un proceso judicial justo—. El otro Magistrado Calvo Cabello, que llega a insinuar que sus compañeros dictando la resolución entraban en plena prevaricación.
Panyella explica que todos los intentos de hacer justicia se han visto frenados por una triple justificación legal. En primer lugar, la Ley de Amnistía, ley que se pensaba que estaba motivada para que salieran a la calle en presos reprimidos por el franquismo, pero que según el periodista “ahora vemos que es una ley en doble dirección, o sea, es una ley de punto y final que pide pasar cuenta con los que fueron verdugos entonces por cuestiones políticas”. En segundo lugar, la prescripción de delito y por último la irretroactividad de las leyes —no se puede aplicar una ley hecha después de haber cometido un delito, que te perjudique, aunque si te beneficia sí—. Con estas tres justificaciones no hay ninguna manera de que se dé un intento de revisión o de hacer justicia con los verdugos de la dictadura.
¿Hay esperanza aún de hacer justicia?
Panyella cree que sí. “Porque si no, para que se hace una ley, que quiere ser tan importante como la ley de Memoria Democrática, que crea una figura específica, que es la Fiscal de Sala” asegura el periodista. Por lo tanto, la fiscalía podría tomar cartas en el asunto si quisiera.
El caso de Salvador Puig Antich, aún abierto como señala Jordi Panyella, se suma a una lista de situaciones sin resolver en la era democrática. Solo aquellos que vivieron el tiroteo saben con certeza qué sucedió aquel día de septiembre. En la actualidad, el único testigo es el impacto de una bala en el tercer escalón del número 70 de la calle Girona.
“La justicia presente requiere abordar las injusticias del pasado”.
Madrid –
