Memoria

Aniversario franquista de la Audiencia Nacional

10 de los 16 jueces franquistas del Tribunal de Orden Público pasarían a seguir su carrera en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo

Hace 60 años se creó la Audiencia Nacional. Tal afirmación podría parecer incierta, pero tiene una base histórica. En diciembre de 1963 se creó durante la dictadura, el Tribunal de Orden Público, que en 1977 daría lugar a la Audiencia Nacional. ¿Cómo puede ser que un órgano jurisdiccional de tal relevancia por tratarse de facto en juzgado central para todo el estado, tenga su base en la Dictadura Franquista? Precisamente la herencia franquista y el uso interesado de la justicia con fines políticos, son dos temas de gran actualidad. ¿Cómo vamos a poder analizar nuestra realidad, si no conoces de donde proviene, ya no sólo nuestra Historia como estado y sociedad, si no el origen mismo de nuestras instituciones? En este caso la Audiencia Nacional, tribunal de delitos como lo son el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico, delitos contra la Corona, …  De total actualidad por el  intento de imputar por terrorismo a Carles Puigdemont  y Marta Rovira, en la causa de Tsunami Democràtic.

Tras la visita de Eisenhower a España en diciembre de 1959 el régimen franquista marcó un antes y un después en su existencia, en el contexto internacional de la Guerra Fría. Pero ese camino a la Europa occidental del Tratado de Roma de 1957, chocaba con la realidad española. El Tribunal de Orden Público (TOP) y el Juzgado de Orden Público (JOP) fueron creados 2 de diciembre de 1963, Ley 154/1963 . Tras las oleadas de Huelgas de 1962 y 1963 , que tuvieron su epicentro en Asturias, que se extendieron con cientos de miles de huelguistas por todo España y que tuvieron una gran repercusión internacional. Las huelgas de los mineros asturianos habían demostrado, aun no siendo  las primeras pero sí las más reconocidas, que España era una dictadura donde se perseguía, no solo a la oposición política si no cualquier reclamación de índole laboral o social. Un estado donde la huelga era ilegal y hacerla era juzgado militarmente. Eso, junto a la detención, tortura y fusilamiento del dirigente comunista Julián Grimau en aquel año, rompía la imagen de apertura. Por mucho que Manuel Fraga Iribarne, como ministro de  información y turismo, intentara vender internacionalmente, dicha apertura, eso no era muy creíble con lo que estaba sucediendo. La creación del TOP, parecía fundamental para dar una imagen más legal de una régimen, que no era otra cosa que una dictadura fascista y no sólo, un sistema autoritario, como aun hoy algunos intentan justificar.  La justicia militar, no dejo de funcionar para muchos casos, a pesar de la existencia del TOP. Quien quiera saber más sobre el tema puede leer las publicaciones de Juan José del Águila, el mejor especialista sobre este tribunal y que nos ha permitido recuperar la memoria en este ámbito con sus libros. Sin duda alguna, el juicio más famoso del TOP, fue el Proceso 1001, a los dirigentes de las Comisiones Obreras, detenidos en junio de 1972 y juzgados, el mismo día del atentado a Carrero Blanco, en diciembre de 1973. Los diez de Carabanchel fueron condenados a penas que sumaban 163 años de cárcel, en un juicio contra el movimiento obrero y el antifranquismo.  Marcelino Camacho y sus compañeros contaban con abogados y abogadas, como el madrileño Manolo López , referentes de la abogacía antifranquistas, de la clandestinidad a los juzgados, defendiendo a los oprimidos por un régimen dictatorial.

Tras 22.660 procedimientos, el TOP sería suprimido en pleno proceso del final de la dictadura, en el camino a la reforma política y la convocatoria de elecciones. El Real Decreto Ley 1/1977 (BOE de 5 de enero de 1977) crearía la Audiencia Nacional, heredera del TOP, hasta el punto que 10 de los 16 jueces franquistas del mismo pasarían a seguir su carrera en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. Debemos suponer que este 2 de diciembre nadie en la Audiencia Nacional celebró el 60 aniversario del TOP. Pero podemos dudar al menos, de que existen  algunos y algunas, capaces de tal celebración en una mundo jurídico donde la herencia de la dictadura  parece intocable. Como se demuestra cada vez que se intenta abrir una vida jurídica en España a los delitos de lesa humanidad producidos durante la dictadura.