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¿Campos de concentración en EEUU? 82 años de la infame Orden Ejecutiva 9066

La orden afectó a cerca de 120.000 personas de ascendencia japonesa, dos tercios de las cuales habían nacido en Estados Unidos, mientras muchos de los demás llevaban ya décadas viviendo en el país


El 7 de diciembre de 1941 ocurrió algo que cambió la historia. 353 aviones japoneses despegaron de seis portaaviones y atacaron Pearl Harbour por sorpresa, asestando un duro golpe a las fuerzas navales de Estados Unidos y matando a 2403 personas, la inmensa mayoría militares. 1177 de esas muertes se produjeron en la explosión y hundimiento del acorazado USS Arizona. El Congreso de los EEUU declaró la guerra a Japón al día siguiente.

Para los japoneses o descendientes de japoneses que vivían en EEUU, sin embargo, los problemas habían comenzado mucho antes. Los inmigrantes japoneses que llegaban al país tuvieron que hacer frente a racistas que les expulsaron de algunos municipios e incluso a ataques con bombas, pero también a un racismo institucionalizado que les impedía comprar tierras en California o acceder a arrendamientos de largo plazo. El acercamiento de Japón a Italia y Alemania hizo que aumentase la discriminación, así como el control por parte de agencias como el FBI, a pesar de que los nacidos en Estados Unidos eran ya mayoría en la comunidad. Un editorial de Los Angeles Times de principios de 1942 se sumaba a ese resentimiento diciendo que “Una víbora no deja de ser víbora dondequiera que eclosione el huevo. Los japoneses americanos nacidos de padres japoneses crecerán y se convertirán en japoneses, no en americanos”.

Tras el devastador ataque japonés contra Pearl Harbour las medidas se recrudecieron. Con la entrada de EEUU en la guerra algunos alemanes e italianos residentes en el país fueron llevados a campos de internamiento, pero eso no fue nada comparado con lo que sucedió a los inmigrantes japoneses y sus descendientes. La Orden Ejecutiva 9066 firmada por Franklin Delano Roosevelt el 19 de febrero de 1942 autorizó el traslado forzoso de todas las personas de la costa oeste consideradas una “amenaza a la seguridad nacional” a “centros de reubicación” en el interior del país. El documento no hacía una referencia explícita a inmigrantes japoneses o a ciudadanos estadounidenses hijos de japoneses, pero la intención era clara.

La orden afectó a cerca de 120.000 personas de ascendencia japonesa, dos tercios de las cuales habían nacido en Estados Unidos, mientras muchos de los demás llevaban ya décadas viviendo en el país. Recibieron la orden de trasladarse a lugares de internamiento en distintos puntos de California mientras se construían campos de concentración de carácter más permanente en Arkansas, Arizona o Colorado. Los granjeros y comerciantes tuvieron muy poco tiempo para malvender sus granjas o negocios, logrando los más afortunados dejarlos en manos de vecinos que más tarde se los devolvieron, y muchos de sus hijos se perdieron su graduación del instituto al verse obligados a marcharse antes de final de curso.

Decenas de miles de personas, de las que aproximadamente la mitad eran niñas y niños, fueron hacinadas con muy pocas de sus pertenencias en lugares de reclusión improvisados en California, en los que sufrieron condiciones terribles, antes de soportar largos viajes hacia el interior en trenes o camiones. A su llegada se encontraron enormes campos de concentración con capacidad para hasta 18.000 prisioneros, vigilados por soldados armados y rodeados por alambre de espino. El diseño de los campos se había hecho desde un punto de vista militar, por lo que había comedores comunes que complicaban tener comidas familiares normales, baños sin separaciones que impedían un mínimo de privacidad y, en muchos campos, fueron los propios prisioneros quienes tuvieron que hacerse cargo de algunos servicios. Todo esto, en ocasiones, en zonas del país mucho más frías de lo que estaban acostumbradas personas llegadas de California.

Casi un año después del internamiento de estas personas se dio una situación paradójica: Franklin Delano Roosevelt autorizó la formación del Regimiento de Infantería 442, que sería formado por japoneses-americanos de segunda generación, nacidos en EEUU (con mayoría, eso sí, de oficiales “blancos”). Se presentaron voluntarios 12.000 y más de 4.000 pasaron a servicio activo (llegando con el tiempo a ser 10.000). La mayor parte de los reclutas eran de Hawái, pero alrededor de 1.500 de ellos procedían de los campos de concentración, donde sus familias permanecerían mientras los jóvenes luchaban por el país en el extranjero. El regimiento combatió en Europa, fundamentalmente en Italia, Francia y Alemania y terminaría con convertirse en el más condecorado de la historia militar estadounidense, con un total de 18.143 medallas. En menos de dos años acumularon más de 4.000 Corazones Púrpuras, 4.000  Estrellas de Bronce, siete Presidential Unit Citations y, ya en 2010, la Congressional Gold Medal. A los miembros del 442 supervivientes también les fue concedida la Legión de Honor francesa por sus acciones para la liberación de Francia. Llegó a darse la irónica situación de que soldados de ascendencia japonesa participaron en la liberación del campo de concentración de Dachau mientras sus familias se encontraban recluidas en campos de concentración en su propio país.

Los ciudadanos que estaban privados de libertad sin juicio tuvieron que soportar esa situación hasta que, en diciembre de 1944, la Orden Ejecutiva 9066 fue suspendida por Franklin Delano Roosevelt. El 19 de febrero de 1976, 34 años después de la firma de la 9066, esta fue formalmente derogada por el presidente Gerald Ford. En 2022 el presidente Biden firmó una proclamación declarando el 19 de febrero como Día nacional en memoria del encarcelamiento de japoneses estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Ningún gesto presidencial ha podido, por supuesto, borrar la injusticia cometida y que hizo que, además de ser encarceladas, decenas de miles de personas perdiesen sus hogares, sus tierras y sus puestos de trabajo.

Durante aquel periodo el número de actos de sabotaje o espionaje cometidos por ciudadanos de ascendencia japonesa en Estados Unidos, la presunta excusa que impulsó la 9066, ascendió a cero.


Madrid –

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