Tribunal Constitucional — Eduardo Parra / Europa Press / ContactoPhoto
El Tribunal Constitucional se enfrenta a una nueva oportunidad para abordar la memoria democrática y brindar una respuesta justa
El Tribunal Constitucional español enfrenta el desafío de abordar la impunidad de crímenes de la dictadura y la Transición. Con la prescripción de delitos como principal obstáculo, debe decidir sobre los recursos presentados por las víctimas, en un momento crucial para la justicia histórica
El debate sobre la impunidad de los crímenes de la dictadura y la Transición en España vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda del Tribunal Constitucional. En las próximas semanas, el Pleno de este máximo órgano de garantías deberá pronunciarse sobre la admisión a trámite de los recursos de dos víctimas cuyas querellas han sido archivadas por los tribunales debido a la prescripción de los delitos. Estos casos, los de Francisco Ventura y Ángel Almazán, serán examinados por todos los magistrados que conforman el Tribunal Constitucional, tras pasar por la Sala Segunda. Este tribunal había rechazado abordar esta cuestión en profundidad hace tres años en el caso de las torturas sufridas por el sindicalista Gerardo Iglesias, cuando predominaba una mayoría conservadora en el órgano y aún no estaba vigente la nueva Ley de Memoria Democrática.
Francisco Ventura fue detenido durante la manifestación del Primero de Mayo de 1967 en Valencia y posteriormente torturado por la Brigada de Investigación Social, conocida como la Político-Social. Por su parte, Ángel Almazán murió en diciembre de 1976 tras recibir una brutal paliza por parte de agentes de la Policía Armada durante una manifestación en Madrid contra la Ley para la Reforma Política. Ambos casos fueron objeto de querellas a fines de 2021 y principios de 2022, pero fueron archivados por los juzgados de instrucción y confirmados en instancias superiores. La familia de Almazán se querelló contra cuatro agentes y contra el exministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, por un delito de lesa humanidad en relación con homicidio. Sin embargo, la justicia consideró que el delito de lesa humanidad no podía aplicarse retroactivamente, ya que no entró en vigor en el Código Penal hasta 2004, mucho después de la muerte del joven, y que el homicidio estaba prescrito.
Este es el principal obstáculo al que se enfrentan las víctimas de la dictadura y la Transición: la prescripción de los delitos y la imposibilidad de aplicar leyes posteriores de manera retroactiva. Este dilema también afectó a la familia de Ramón Reboiras, dirigente de Unión do Povo Galego, y a otras víctimas de torturas como María Concepción Edo, Vicent Alminyana y Carles Vallejo.
Los casos de Almazán y Ventura ofrecen al Tribunal Constitucional una nueva oportunidad para abordar esta cuestión. Los recursos fueron estudiados por la Sección Cuarta del Tribunal, donde dos magistrados se inclinaban por la admisión y uno por el rechazo. Ante la falta de unanimidad, los casos se elevaron a la Sala Segunda, que decidió dejar la decisión final en manos del Pleno debido a la importancia de la cuestión. La decisión del Pleno será crucial, ya que determinará si se tratan estos amparos y si se profundiza en el debate sobre los límites de la lesa humanidad y el alcance de la Ley de Amnistía. Algunos magistrados ya habían solicitado un análisis en profundidad sobre esta materia, destacando la importancia de proporcionar una respuesta adecuada y justa, independientemente del resultado final.
Es importante tener en cuenta que el Tribunal Constitucional ha experimentado cambios en su composición desde el último debate sobre este tema. Ahora, con una mayoría progresista, se espera que el enfoque sea diferente. Sin embargo, no se puede descartar que existan divisiones dentro de este bloque. Además, estos recursos se analizarán en el contexto de la nueva Ley de Memoria Democrática, que establece que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no amnistiables según el derecho internacional. Aunque esta ley podría influir en la interpretación de los casos, algunos tribunales han rechazado que tenga efectos retroactivos.
Madrid –
