Memoria

La ONU insta al Gobierno español a preservar la memoria histórica frente a las leyes de ‘concordia’ de PP y Vox

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica celebra que Naciones Unidas recuerde a España “sus obligaciones con respecto a las víctimas de la represión franquista”

La ONU ha instado al Gobierno español a que “tome las medidas necesarias” para preservar la memoria histórica frente a las leyes de ‘concordia’ aprobadas o tramitadas por PP y Vox en tres comunidades autónomas —Aragón, Castilla y León y Comunitat Valenciana—, advirtiendo de que dichas normas pueden “invisibilizar” las “graves violaciones de los derechos humanos” llevadas a cabo durante el “régimen dictatorial franquista”.

Así lo han expresado tres relatores de la ONU —Fabián Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y Aua Baldé, presidenta del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias— en su informe de respuesta a la denuncia presentada ante Naciones Unidas por el Gobierno español contra las leyes de ‘concordia’ tramitadas en las tres CCAA citadas, al considerar el Ejecutivo que dichas normas son “contrarias” a los valores recogidos en la estatal Ley de Memoria Democrática de 2022.

“Las llamadas leyes de ‘concordia’ aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria” en Aragón (aprobada), Castilla y León y Comunitat Valenciana (tramitadas) “podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de derechos humanos, en particular a la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos”, advierte el documento de la ONU.

Así, el argentino Salvioli, el chileno Tidball-Binz y la portuguesa Baldé instan al Gobierno español a adoptar “todas las medidas necesarias” para garantizar “el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos” y advierten de que las leyes de ‘concordia’ de PP y Vox, que “ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica”, pueden “acarrear límites al acceso a la verdad” sobre el paradero de “víctimas de graves violaciones de derechos humanos”, así como “invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista”, al que, por otra parte, dichas normas “omiten nombrar o condenar”.

Los tres relatores de la ONU recuerdan asimismo que “todos los poderes del Estado” —incluidos el legislativo, el ejecutivo y el judicial— y “todas las entidades de gobierno” —de nivel estatal, autonómico y local— deben “cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos”, que incluye “la obligación de garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humanos”. Dichas medidas “deben estar encaminadas a preservar del olvido a la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas”, añade el informe.

Por su parte, la ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica) ha celebrado en un comunicado que la ONU denuncie “la amenaza para las víctimas que suponen las leyes de ‘concordia’” y recuerde a España “sus obligaciones con respecto a las víctimas de la represión franquista” y “las obligaciones que todavía no cumple el Estado de garantizar a las víctimas de la dictadura franquista su acceso a la justicia, a una indemnización y a las garantías de no repetición”. Además, el presidente de la asociación, Emilio Silva, ha insistido en que “la mejor forma de combatir las leyes de falsa concordia es abrir las puertas de los juzgados” para que estos “cumplan con sus deberes”, pues “la justicia es la mejor política de memoria”.