Opinión

Atada y concertada

La enseñanza concertada es uno de los grandes candados del sistema constitucional de 1978, una de las principales anomalías institucionales que permiten ver la huella del franquismo en nuestra débil democracia

El pasado martes, Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior con Aznar, impartió una charla en un colegio concertado de Madrid en la que vertió todo tipo de majaderías ultraderechistas. En horario lectivo, para qué disimular, pensarían los organizadores. ¿Noticia? Más bien un ejercicio de transparencia: la enseñanza concertada no es sino un rentable negocio que convierte la educación en un dispositivo cultural de adoctrinamiento regado con ingentes cantidades de dinero público. El bloque de poder de la derecha sabe lo que hace para moldear la sociedad: junto al control de la práctica totalidad de los medios de comunicación, ha logrado la financiación pública de miles de centros educativos de titularidad privada, en su mayoría propiedad de la Iglesia.

En España, en torno a un 30% del alumnado se halla matriculado en centros privados sostenidos con fondos públicos, lo que provoca la quiebra del principio de equidad del sistema educativo y, sin duda, constituye una clara anomalía respecto de lo que ocurre en los países de nuestro entorno. Las motivaciones ideológicas de este entramado educativo, el sinsentido de su financiación pública y la desigualdad socioeconómica que provoca son elementos conocidos por cualquier persona mínimamente informada. Por ello, merece la pena poner el foco en algunos aspectos más ocultos.

En fechas cercanas al 45.º aniversario de la Constitución, conviene recordar que la educación fue una de las principales batallas ideológicas que se libraron en su proceso de elaboración. Una batalla que, como ya puede atisbarse, perdió la izquierda. La inmensa presión que hizo la Iglesia, a través de todos sus instrumentos políticos y comunicativos, fue decisiva para que se terminara blindando en el artículo 27 de la Constitución la libertad de creación de centros docentes y el deber de los poderes públicos de ayudar “a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca” (apartados 6 y 9). Es verdad que la Constitución no obliga a mantener el statu quo de la educación concertada, pero sí contiene una caja de herramientas muy útil para los intereses del bloque de poder de la derecha.

Sobre la cuestión de la concertada se ha implantado un relato asumido por sectores progresistas que no se corresponde con la realidad. Según esta falsa narrativa, el Gobierno de Felipe González habría tratado de extender la educación pública y solo recurrió a la concertada por necesidades coyunturales, de tal forma que la actual expansión de la concertada sería la mera perpetuación de una situación provisional. Estamos ante un falso mito porque del examen de las leyes educativas de la época lo único que se puede concluir es la consagración de un mecanismo estructural de financiación pública de los centros educativos privados.

Existe otro falso relato enormemente ventajoso para los intereses del entramado educativo de la concertada. Un relato mucho más poderoso que el anterior en tanto que forma parte del sentido común que reproducen los medios de comunicación y las víctimas mediáticas en Nochebuena. Todo el mundo lo habrá oído alguna vez: “El problema es que cada Gobierno aprueba una nueva ley educativa”. Esto no es cierto ni cuantitativa ni cualitativamente. Más aún, esta falsa apariencia de exceso de cambios normativos sirve para ocultar que lo esencial nunca ha cambiado, como es el caso de la concertada: el sistema de conciertos, con esa misma denominación y funcionamiento análogo, ya estaba presente en la franquista Ley General de Educación de 1970.

Aun siendo insuficiente, la única norma que permitiría adoptar un cierto cambio de rumbo para desprivatizar la educación española es la LOMLOE, de 2020, gracias a una serie de modificaciones del texto inicial que provocó la presión negociadora de Ione Belarra y Javier Sánchez Serna. Además de lograr que no se subvencione a los centros que segregan por sexo, Belarra y Sánchez Serna introdujeron algunas conquistas de calado. Como se afirma en su preámbulo, “la educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo” (tesis verdaderamente novedosa). Y, por primera vez desde la recuperación de la democracia, la LOMLOE impone un deber a las Administraciones educativas de promover un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública.

La enseñanza concertada es uno de los grandes candados del sistema constitucional de 1978, una de las principales anomalías institucionales que permiten ver la huella del franquismo en nuestra débil democracia. Sin poner fin al sistema de conciertos, cualquier política educativa carecerá de la más mínima eficacia en términos de equidad y calidad del sistema. ¿Acaso no es necesario hablar de las cosas de las que no se puede hablar?