Barbate: Desafíos y Esperanzas
Hoy sobra postureo y faltan propuestas y soluciones valientes para Barbate por parte de todas las administraciones
En el año 2002 llegué destinado a Barbate como agente de la Guardia Civil. Todavía resonaba con fuerza la tragedia del cabo Diego Pérez, un policía local del municipio que dos años antes perdió la vida después de ser agredido por un conductor que huía de un control policial. Su memoria perdura en las instalaciones de la Policía Local de Barbate con un busto que recuerda su valentía y sacrificio.
En los días siguientes a la muerte del Cabo Pérez, el pueblo de Barbate se echó a la calle como pocas veces se recuerdan para, además de condenar lo ocurrido, exigir soluciones reales para su pueblo en el que, ya por entonces, las mafias del narcotráfico le disputaban el poder al Estado.
En consecuencia, se tomaron decisiones durísimas para proteger la seguridad del municipio. La unidad de los GRS de la Guardia Civil (antidisturbios), unidad para situaciones en las que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pierden el control sobre la seguridad ciudadana, tomó el pueblo durante seis meses. El resultado de la operación se saldó con miles de denuncias, detenciones, operaciones contra el narcotráfico, recuperación del control de la seguridad y vuelta del pueblo a la normalidad. Al menos en apariencia.
Sin embargo, el buen trabajo que se realizó en materia de seguridad ciudadana no fue acompañado de otras políticas necesarias para el desarrollo social y fortalecimiento económico de la zona. Con la marcha de la unidad de los GRS de la Guardia Civil se acabó todo por parte del Estado.
24 años después de la muerte violenta del Cabo Pérez, Barbate sigue teniendo los niveles más altos de desempleo, de pobreza, desigualdad, abandono escolar y faltas de perspectivas vitales para los jóvenes. Todos los planes de empleo han pasado de largo por Barbate y el abandono institucional, tanto de la Junta como del Estado, es la única política social que se ha llevado a cabo en todos estos años.
Barbate ha tenido alcaldes del PP, del PSOE y ahora de Andalucía Por Sí -ex Partido Andalucista- y todos ellos con mayorías absolutas. En la Junta ha gobernado el PSOE y el PP, al igual que en el Estado, pero la realidad es que Barbate tiene datos de esperanza de vida, de desempleo, de pobreza, de desigualdad, de abandono escolar y de precariedad vital impropios de un país que es la cuarta economía de la Eurozona y la undécima potencia economía del mundo.
Fruto de este abandono institucional nos encontramos hoy con un Barbate, y otros pueblos de la provincia de Cádiz, con un futuro complicado y con graves problemas de seguridad ciudadana porque, literalmente, el Estado ha perdido el control sobre las mafias del narcotráfico. De la Policía y la Guardia Civil depende la gestión de la seguridad ciudadana, pero sus agentes no pueden solucionar las causas de la situación de especial gravedad que vive la provincia y que las instituciones llevan décadas ignorando.
El viernes se repitió la tragedia y el recuerdo del Cabo Pérez se hizo de nuevo presente. Estremece ver las imágenes en las que unos cuantos desalmados jalean a los narcos para que hundiesen la embarcación de la Guardia Civil. Estamos ante uno de los episodios más graves en el seno de la Guardia Civil desde que ETA dejó de matar.
Conmueven igualmente las palabras llenas de dolor e indignación de la fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, una de las personas que más sabe sobre narcotráfico en la provincia: “Que no vengan mañana al funeral si no nos dan los medios”.
Hoy sobra postureo y faltan propuestas y soluciones valientes para Barbate por parte de todas las administraciones. Cuando fui diputado en el Congreso por la provincia de Cádiz intenté que la lucha contra el narcotráfico fuera una cuestión de Estado. Llevé a la Comisión de Interior del Congreso a Paco Mena, presidente de las Asociaciones contra la Droga del Campo de Gibraltar, una de las personas más comprometidas por evitar que las mafias del narcotráfico sigan arruinando las esperanzas de los jóvenes de la provincia.
Delante de Paco Mena, que tiene por escrito todos los planes sociales, de empleo, de vivienda y de reactivación económica que necesita la provincia, todos los grupos parlamentarios se comprometieron a dar prioridad a la situación de narcotráfico en Cádiz. Sin embargo, la situación no está mejor que hace 20 años, sino peor.
Los agentes reivindican algo tan básico como más y mejores medios para proteger el libre ejercicio de los derechos y las libertades de los ciudadanos y poder hacerlo en condiciones de seguridad y la sociedad barbateña y de otros pueblos gaditanos esperan que alguna administración se tome en serio el polvorín social del que se nutren las mafias del narcotráfico antes de que sea demasiado tarde y cueste más vidas humanas. Lo que está en juego es, nada más y nada menos, si gana el Estado o la narcocracia.
Cádiz –
