Opinión

Cognitariado, Precarius y un ministerio lampedusiano

La LOSU es una ley representativa del papel que ha jugado el Ministerio de Universidades durante la pasada legislatura: un evidente intento de cambiar todo para que todo permaneciera igual

La Universidad española tiene tres grandes problemas interrelacionados: la mercantilización, la endogamia y la precariedad. La mercantilización, en sentido amplio, se traduce en el incremento del número de universidades privadas y, de lo que se habla menos, en el desarrollo de todo tipo de procesos de privatización en el seno de las universidades públicas, sumidas en la perversa lógica de la competitividad. La endogamia consiste en la adulteración de los procedimientos de selección del profesorado y, en puridad, constituye una manifestación de corrupción estructural perpetuada. Y, por último, la precariedad laboral es especialmente intensa en el personal docente e investigador.

Pongamos ahora el foco en la precariedad del profesorado universitario. El deterioro de sus condiciones de trabajo se halla interconectado con los fenómenos de la mercantilización y la endogamia. La dinámica de la mercantilización de las universidades implica, entre otros muchos efectos, una nueva subjetividad neoliberal del profesorado, especialmente de las y los más jóvenes, quienes se explotan a sí mismos para maximizar su producción académica y amoldarse a un entorno institucional fragmentado. Es esta subjetividad neoliberal la que permite sostener que el precariado universitario también forma parte del cognitariado, concepto que sintetiza la idea de precarización laboral y otros elementos culturales y tecnológicos que cualifican a un segmento de la clase trabajadora del posfordismo.

La precariedad y la endogamia también se retroalimentan. Dado que el profesorado precario depende de profesores de facto jerárquicamente superiores para progresar en la carrera académica, teme que reclamar mejores condiciones de trabajo pueda poner en riesgo sus expectativas de estabilización. Así funcionan las cosas: la arbitrariedad de quienes manipulan los procedimientos selectivos alimenta la docilidad de quienes aspiran a conseguir una plaza.

Como he explicado en otro lugar, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que en el presente año logró aprobar el ministro Subirats, es una ley continuista en materia de personal docente e investigador. A pesar de algunas mejoras superficiales, lo cierto es que la LOSU, como en otros ámbitos, no conlleva modificaciones de calado y consagra la tendencia laboralizadora y la temporalidad de la carrera académica. La LOSU es una ley representativa del papel que ha jugado el Ministerio de Universidades durante la pasada legislatura: un evidente intento de cambiar todo para que todo permaneciera igual. Una estrategia lampedusiana que ha provocado críticas injustificadas de las derechas y los rectores conservadores, pues todo el mundo sabe que no ha cambiado nada, pero las reacciones críticas también han tratado de aparentar que ha cambiado todo.

Aunque es cierto que el Ministerio de Universidades no ha hecho sus deberes, no lo es menos que muchos Gobiernos autonómicos y autoridades académicas son cooperadores necesarios de la precariedad estructural que sufre el profesorado universitario. Para muestra, un botón. Recientemente, la plataforma Precarius, que agrupa a centenares de profesores, ha informado de que llevará a los juzgados a la Universidad de Sevilla por la particular situación de precariedad que sufren desde hace tiempo. Tras casi tres años de sequía a la hora de crear plazas de profesorado ayudante doctor, la Universidad convocó más de dos centenares de plazas de esta categoría (una figura laboral temporal) cuya resolución se ha demorado en el tiempo de forma completamente injustificada (casi un año), creando una insoportable incertidumbre laboral y vital a más de un millar de personas aspirantes. Ante esta legítima reivindicación, a los responsables académicos de la Universidad no se les ha ocurrido otra respuesta que arremeter públicamente contra el profesorado afectado, obviando que hay casos tan sangrantes como el de doctores acreditados a titular trabajando con falsas figuras contractuales y exiguos salarios. En no pocas ocasiones, en lugar de exigir los recursos necesarios a los gobernantes autonómicos, las universidades muestran una absoluta falta de empatía e incluso connivencia con los abusos laborales.

Algunas de las consecuencias de la precariedad del personal docente e investigador son fácilmente deducibles. La precariedad del profesorado lastra proyectos de vida, deteriora la salud física y mental de las personas y empeora la calidad del sistema universitario. Además, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas, la precariedad provoca que la academia sea cada vez más conservadora. La precariedad desincentiva la innovación en los procesos de construcción del conocimiento y contribuye a reducir el compromiso de la academia con las clases populares. Como el profesorado joven camina en la cuerda floja, es fácil que quien incomode al verdadero poder se arriesgue a quedarse sin estabilidad laboral. Sobran los motivos para tomarse en serio el lastre de la precariedad del profesorado universitario.