Opinión

Corrupción sistémica

La corrupción no es una mera patología, sino una consecuencia necesaria de un sistema económico injusto que antepone el lucro de una élite a las necesidades de las clases populares

La corrupción vuelve a ocupar portadas. El caso Koldo y el enésimo caso Ayuso han activado una lógica bipartidista que recuerda a tiempos pasados. ¿Cuáles son las causas de la corrupción? Seguramente muchas, pero aquí me voy a limitar a explorar algunos aspectos que suelen pasar desapercibidos en los análisis que reproducen tertulianos y supuestos expertos de los grandes medios de comunicación.

La corrupción implica un deterioro de los valores. Si buena parte de los actores políticos y mediáticos sostienen que el lucro debe ser el motor de la sociedad o, por ejemplo, que la vivienda es un bien de mercado, podríamos concluir que la corrupción no es un fallo del sistema, sino el sistema mismo. El propio marco de convivencia favorece las conductas de personas que están dispuestas a todo con tal de acumular riqueza.

Hay factores más concretos que también se obvian. La pandemia propició que las Administraciones públicas recurrieran a la contratación de emergencia, un régimen excepcional que reduce las garantías para supuestos de acontecimientos catastróficos o situaciones de grave peligro. Parece evidente que la relajación de los mecanismos de control incrementa la corrupción. Sería necesario reforzar los controles y garantías en la tramitación de emergencia, lo que no es sencillo. Ahora bien, conviene no olvidar que la contratación de emergencia implica especificidades en concretos aspectos de la tramitación, pero no es una excepción a los principios básicos del Estado de derecho.

Más allá de la tramitación de emergencia, la contratación pública es, con carácter general, un foco de corrupción. Las reformas para avanzar en la integridad de la contratación pública no son difíciles de llevar a cabo. El principal obstáculo al cambio es que los poderes económicos vienen capturando a los poderes públicos para que la contratación pública siga siendo una fuente de beneficio fácil. Dicho de otra forma: la corrupción en la contratación pública tiene alcance sistémico.

El mejor contrato público, el más pulcro, es el que no existe. La principal puerta de entrada a la corrupción consiste en la creación de falsas necesidades de contratación. Aunque la Ley de Contratos del Sector Público establece que la Administración solo puede celebrar los contratos que sean necesarios e idóneos, apenas existen garantías y controles en esta fase inicial de la contratación. Vale todo.

Un ejemplo paradigmático de adulteración de las necesidades de contratación lo encontramos en los procesos de privatización de los servicios públicos. La privatización no es una legítima alternativa de gestión, como muchas veces se dice, sino una burda estrategia de corrupción. En este sentido, los Ayuso de turno no son más que testaferros políticos de grandes empresas como Quirón. Dormíamos, despertamos y el tamayazo continuaba allí. Privatización y corrupción son sinónimos. Por eso a la corrupción de los Ayuso no se debe responder solo con reproches morales, sino fundamentalmente con la derogación de la Ley 15/1997.

A veces las necesidades de contratación son reales. Las transformaciones que ha experimentado el Estado en las últimas décadas tienen consecuencias en el ámbito de la contratación pública. El Estado ha llevado a cabo una progresiva retirada de su actividad prestacional que ha reducido sus capacidades operativas. Una manifestación menos evidente de la corrupción es la voluntad política dirigida a perpetuar necesidades públicas estructurales para que sean atendidas por empresas privadas.

Pero si tuviera que elegir la principal causa de la corrupción en la contratación pública sería la falta de control público de la ejecución de los contratos. Apenas existen mecanismos institucionalizados para el seguimiento y supervisión de lo que los contratistas hacen durante la ejecución de los contratos. Un contrato público puede adjudicarse desde el más escrupuloso respeto a la legalidad; pero, si el contratista no cumple adecuadamente su prestación y eso no tiene consecuencias, lo que está haciendo es falsear a posteriori los principios de publicidad, concurrencia e igualdad. La falta de control de la ejecución del contrato es un mecanismo generalizado de corrupción (recordemos el conocido problema de los sobrecostes).

Faltan muchos otros aspectos por analizar, pero lo dicho ya permite captar que la corrupción es consustancial al actual sistema político-económico. Por eso la izquierda debe actuar con inteligencia a la hora de criticar la corrupción. No basta con apuntar al elemento (bi)partidista, lo que podría activar peligrosos sentimientos antipolíticos, sino que hay que ir a la raíz. La corrupción no es una mera patología, sino una consecuencia necesaria de un sistema económico injusto que antepone el lucro de una élite a las necesidades de las clases populares. No se puede hacer frente a la corrupción si no se impugna la operativa de los poderes económicos y mediáticos que la hacen posible.