La ministra Mónica García en un acto — Twitter Ministerio de Sanidad

El desafío de la desprivatización sanitaria

Llama la atención que en el reciente acuerdo programático de coalición suscrito entre el PSOE y Sumar no haya mención expresa al problema de la privatización sanitaria


Los servicios públicos son la esencia del Estado del bienestar: satisfacen necesidades vitales y contribuyen a crear ciudadanía, pues igualan a todas las personas en su condición de miembros de la comunidad política. No es de extrañar que los asaltantes neoliberales, desde hace décadas, hayan puesto todo su empeño en privatizar los servicios públicos. Primero, como fuente de negocio. Segundo, para colonizar las mentes: frente a una comunidad cohesionada, la lógica de la privatización impone una ley de la selva sustentada en el individualismo, la desigualdad y la falsa cultura del esfuerzo.

La sanidad española no es ajena a esta dinámica. Pese a las muchas virtudes de nuestro sistema sanitario, la tensión privatizadora siempre ha existido y, en los últimos lustros, se ha disparado. Algunas grietas por las que se filtran las privatizaciones ya estaban presentes en la mitificada Ley General de Sanidad de 1986, que contemplaba las privatizaciones con insuficientes cautelas.

Un punto de inflexión se produjo, sin duda, con la aprobación de la Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, promovida por el Gobierno de Aznar y que contó con el apoyo del PSOE. Esta ley venía a modificar el marco jurídico a fin de facilitar las privatizaciones en la gestión del servicio público sanitario, un debate que ya había alimentado el llamado Informe Abril de 1991.

La privatización del servicio público sanitario es un concepto muy amplio que da cuenta de diversos fenómenos formales y materiales: gestión directa mediante formas jurídicas privadas, concesiones, uso abusivo de la contratación pública, conciertos, mercantilización, etc. Las consecuencias son más conocidas: decisiones distorsionadas por el ánimo de lucro, inequidades, sobrecostes, opacidad, corrupción (recordemos el caso del Hospital Universitario de Burgos) o la progresiva precarización de las condiciones de trabajo del personal sanitario y sociosanitario.

En la pasada legislatura, el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos recogió expresamente un compromiso para solucionar el problema: “Se revisará la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y el conjunto de los mecanismos normativos que abren la puerta a privatizaciones del sistema”. El cumplimiento de este compromiso provocó un desacuerdo manifiesto entre el PSOE y Unidas Podemos. La pasividad del PSOE llevó a Unidas Podemos a elaborar una proposición de ley que derogaba la Ley 15/1997 y blindaba el carácter público del Sistema Nacional de Salud. La respuesta del PSOE, tardía (ya con la ministra Darias), fue el Proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, un texto descafeinado que en realidad no derogaba la Ley 15/1997 y que ni siquiera llegó a aprobarse.

Llama la atención que en el reciente acuerdo programático de coalición suscrito entre el PSOE y Sumar no haya mención expresa al problema de la privatización sanitaria y sí a la voluntad de retomar el mencionado Proyecto de Ley que impulsó el PSOE. Aunque en las grandes cuestiones sí tiene sentido respetar la tradición de otorgar cien días al Gobierno para que pueda desarrollar su proyecto político, el acuerdo de coalición sí puede tildarse de decepcionante en este punto. Como dato para el optimismo, la nueva ministra de Sanidad sí es consciente del destrozo que provocan las privatizaciones sanitarias, pues ha vivido de cerca el ejemplo paradigmático de la Comunidad de Madrid. Se ha dicho, con cierta razón, que las competencias en sanidad más relevantes están atribuidas a las comunidades autónomas, pero es innegable que el Gobierno de España sí tiene la capacidad de sentar las bases para desprivatizar la gestión del sistema sanitario público. El desafío de la desprivatización sanitaria será la prueba de fuego de la nueva ministra de Sanidad.


Madrid –

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