Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz en la presentación del libro del segundo en 2019 — Jesús Hellín / Europa Press
En el Ministerio del Interior se han creado las tramas de corrupción que más daño han hecho a nuestra democracia
Los medios que se han empleado todos estos años para perseguir a adversarios políticos lo han detraído para perseguir al crimen organizado, como la trata de personas o el narcotráfico en nuestro país, así como el terrorismo yihadista o los cientos de casos de corrupción del partido popular
Los nuevos datos que está desvelando Diario Red sobre la trama de corrupción que operaba desde el Ministerio de Interior durante el gobierno del PP de Rajoy, con la participación de políticos, policías, periodistas y jueces corruptos para atacar a adversarios políticos, especialmente de Podemos, con el objetivo de influir en los procesos electorales, son un ejemplo claro de lo que se conoce como un «golpe blando» a la democracia, un ataque directo a los principios democráticos y una de las mayores amenazas para un estado de derecho.
Me pregunto por qué, después de cuarenta años de gobierno del bipartidismo, no se han establecido los mecanismos necesarios para prevenir y evitar la participación del propio estado, a través de algunos de sus responsables, en casos de corrupción que ponen en riesgo la democracia. Un claro ejemplo es que esta es la segunda vez que el Ministerio del Interior se ve involucrado gravemente en actuaciones ilegales, precisamente el ministerio que tiene la mayor responsabilidad en la defensa del libre ejercicio de los derechos y las libertades de los ciudadanos.
La primera vez fue durante el gobierno de Felipe González con la «guerra sucia» de los GAL, en la que los máximos dirigentes del Ministerio del Interior fueron condenados, con José Barrionuevo que se convertía en 1998 en el primer ministro de la democracia en ingresar en prisión. Solo se escapó a lo que se denominó la «X» de los GAL, aunque desde diferentes ámbitos se apuntaba a que era Felipe González, esto todavía no se ha demostrado.
La segunda, recientemente durante el gobierno de M. Rajoy, con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, hoy imputado, al igual que su número dos y secretario de Estado Francisco Martínez, y para los que la fiscalía pide 15 años de prisión a cada uno de ellos, además de algunos policías de la cúpula de Interior. Hay que destacar que, en ambas tramas, la utilización de los fondos reservados fue una herramienta imprescindible.
En la parte policial, hay algo que pocas veces se dice y que es importante resaltar, y es que los medios que se han empleado todos estos años para perseguir a adversarios políticos lo han detraído para perseguir al crimen organizado como, la trata de personas o el narcotráfico en nuestro país, así como el terrorismo yihadista o los cientos de casos de corrupción del partido popular. El propio jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) llegó a denunciar públicamente la importante falta de medios.
En cualquier caso, el uso de las instituciones del Estado para fines partidistas y de corrupción es un abuso de poder que mina la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático
En cualquier caso, el uso de las instituciones del Estado para fines partidistas y de corrupción es un abuso de poder que mina la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático. La corrupción en el ámbito político y judicial es un cáncer que debe ser erradicado, no podemos permitir que la corrupción socave nuestra democracia.
La mayoría de los partidos han exigido siempre una investigación exhaustiva e imparcial en todos los ámbitos posibles, no solo en el judicial, sino también en el ámbito institucional para determinar las responsabilidades políticas con la máxima dureza. No solo el PP, sino que también el PSOE en ocasiones se han resistido a que algunos de los involucrados en estos casos de corrupción o los que tenían responsabilidades políticas en ese momento comparecieran en comisiones de investigación en el Congreso.
Por otro lado, la complicidad y el apoyo mediático de periodistas corruptos en estas tramas son igualmente preocupantes. A pesar de estar demostrada su participación en estas tramas corruptas, algunos de estos periodistas continúan trabajando en los mismos medios de comunicación como si nada, lo que deja claro que la participación va más allá del propio periodista.
La prensa libre y objetiva es un pilar fundamental de cualquier democracia, ya que desempeña un papel crucial en la supervisión del poder y en mantener a los ciudadanos informados.
Cuando hay periodistas que participan en prácticas corruptas que sirven a oscuros intereses políticos en lugar de informar con imparcialidad, traicionan la confianza de la sociedad y pervierten el propósito esencial de los medios de comunicación. En esto no cabe el silencio, ni mirar para otro lado, por parte del resto de medios y periodistas, porque entonces se corre el riesgo de convertirse en cómplices.
Además, la corrupción sistémica contra Podemos, no solo es un ataque a un partido en particular, sino un ataque a la misma esencia de la democracia. La utilización de las instituciones con la intención de aniquilar a la oposición política va en contra de los principios democráticos. Contra Podemos se han utilizado tanto unidades policiales como medios y procedimientos que se utilizan contra el terrorismo y el crimen organizado. Esta persecución representa un peligroso precedente y una clara amenaza para democracia.
Es indecente y el colmo de la desvergüenza tener que aguantar a algunos de estos políticos y periodistas corruptos y escucharlos decir que se está rompiendo España, pretendiendo dar lecciones al resto sobre la defensa de nuestra Constitución.
Madrid –
