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Rubén Sánchez

Garzón y la presión social

El Ministerio de Consumo ha negado a FACUA financiación para investigar y denunciar fraudes porque le provoca «presión social»


«Ahora salid ahí fuera y obligadme a hacerlo». Cuentan que en los años 30 del siglo XX, el cuatro veces presidente de los EEUU, el demócrata Franklin Delano Roosevelt, recibía las reivindicaciones de sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil con esa frase. «Ahora salid ahí fuera y obligadme a hacerlo». En definitiva, Roosevelt les pedía presión social.

Los políticos se ven sometidos a presiones en dos direcciones. Unas que reclaman avances en derechos sociales y otras que piden lo contrario. Unas que exigen leyes que protejan más a los ciudadanos ante los abusos de los empresarios y otras que abogan por dejar que el mercado se regule solo. Unas que instan a controlar y actuar ante el incumplimiento de las regulaciones existentes y otras que intentan persuadir de ello a los cargos públicos con el argumento de que existen cosas más importantes que hacer que vigilar sus negocios y de que si se les castiga por saltarse la ley acabarán en la ruina, tendrán que echar a sus trabajadores, los consumidores no podrán disfrutar de sus productos y servicios y llegará el apocalipsis zombi.

Para que las reivindicaciones que reclaman avances sociales tengan éxito es fundamental que impacten en el conjunto de la sociedad. Y en eso juegan un papel primordial las movilizaciones en la calle, la repercusión en los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales. Presión social.

Pero también es fundamental que el político en cuestión tenga cierto nivel de interés en llevar a cabo esas medidas. A veces, la ausencia de interés del político por llevar a cabo actuaciones que perjudiquen a determinados grupos económicos está influido por cuestiones tan espurias como las puertas giratorias que pueden regalarle si no les molesta. A veces, por cosas tan banales como la falta de ganas de hacer el trabajo para el que le pagamos con nuestros impuestos.

Curiosamente, las ayudas que Consumo niega ahora a FACUA por considerar «improcedente» e incluso «imposible» otorgárselas, nos habían sido concedidas para proyectos similares durante las dos últimas décadas por el ministerio competente en la protección de los consumidores

Tras pedirle que actúe ante los fraudes contra los consumidores cometidos por una larga lista de grandes empresas, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, acaba de darnos una contundente respuesta. Pero no ha sido nada parecido “ahora salid ahí fuera y obligadme a hacerlo”.

Por primera vez en la historia, el ministerio responsable de las políticas de protección de los consumidores ha negado a FACUA financiación para investigar y denunciar fraudes con el argumento de que le provoca «presión social». La resolución de la convocatoria de subvenciones a las asociaciones de consumidores de este año veta esas actividades, como también veta el control de la evolución de los precios de la luz y el gas.

Curiosamente, las ayudas que Consumo niega ahora a FACUA por considerar «improcedente» e incluso «imposible» otorgárselas, nos habían sido concedidas para proyectos similares durante las dos últimas décadas por el ministerio competente en la protección de los consumidores. De hecho, en los tres años en los que Garzón ha sido ministro de Consumo, su departamento había destinado a FACUA financiación para programas prácticamente idénticos a los que ahora nos rechaza. Programas con los que ejercíamos presión social.

Como trasfondo de la decisión están las denuncias contra más de 600 empresas presentadas por FACUA ante el Ministerio de Consumo durante la legislatura, casi ninguna de las cuales ha recibido respuesta. Algunas de esas denuncias, una pequeñísima parte, fueron fruto de estudios que realizamos en el marco de programas financiados por el ministerio. En la resolución donde nos niega ahora ayudas para ese tipo de actividades viene a decirnos que de controlar el mercado y actuar contra los abusos ya se encarga el Ministerio. Ya te digo…

Se ve que a Garzón no le gusta la presión social. No le gusta que le pidamos una y otra vez que haga su trabajo. Y no le gusta que utilicemos el dinero público para investigar, denunciar e intentar frenar los abusos y fraudes que cometen las grandes empresas.


Madrid –

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