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José Luis Escrivá, ex ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones — Twitter (X)

La Administración en disputa

La Administración pública es una organización instrumental por definición y el bloque de poder de la derecha la ha capturado para que sirva a sus intereses


Hace unos días se conocía el interesante informe de Oxfam Intermón y Future Policy Lab sobre el ingreso mínimo vital, que concluye que solo está llegando al 16% de los hogares que cumplen los requisitos económicos para recibir esta prestación. Según el informe, algunos obstáculos para que haya más personas beneficiarias son las insuficiencias en su diseño, el desconocimiento de la prestación o los costes directos e indirectos de realizar la solicitud, como la brecha digital o las trabas burocráticas.

Sin perjuicio de los problemas de diseño del ingreso mínimo vital (por los que habría que preguntar al ministro Escrivá), sus resultados insuficientes son un ejemplo más de que la Administración pública no siempre logra implementar con eficacia las políticas sociales. Ante estas deficiencias de gestión, la derecha aprovecha para recortar los derechos sociales o llevar a cabo procesos de privatización, mientras que algunos sectores progresistas optan por reivindicar la universalidad de las prestaciones (ej.: renta básica universal), alternativa que habría de estudiarse con atención. Sin embargo, también desde una perspectiva democratizadora debe priorizarse la necesidad de reformar la Administración.

La escritora Sara Mesa, con su impactante libro Silencio administrativo: la pobreza en el laberinto burocrático (2019), logró dar visibilidad a un fenómeno que no recibe la atención que merece. Son los colectivos vulnerables los que más sufren las fallas de la Administración, pero las deficiencias administrativas también afectan a la mayoría social. Como ha sostenido en un reciente artículo académico Alba Nogueira, la especialista que mejor ha explicado el verdadero alcance del problema, necesitamos una reforma estructural de la Administración para garantizar los derechos del 99%.

No es sencillo para la izquierda abordar los problemas de eficacia de la Administración pública. No pocas veces la derecha ha abanderado la reforma —en realidad, contrarreforma— de la Administración poniendo el énfasis en la rigidez y el exceso de cargas burocráticas como coartada para privatizar lo público de muy diversas formas, eliminar controles (huida del Derecho administrativo) e incluso articular redes clientelares. Por eso hay que hilar fino a la hora de formular la crítica a la rigidez: los mecanismos de control garantizan el interés general y previenen la corrupción. Ahora bien, aspectos como la brecha digital, las excesivas exigencias documentales en los procedimientos que dirimen los derechos sociales, la complejidad del lenguaje administrativo o los servicios de información y atención a la ciudadanía son claramente mejorables.

En realidad, buena parte de los problemas que atribuimos a la Administración pública en tanto que aparato organizativo traen causa de decisiones regulatorias. La Administración pública es una organización instrumental por definición y el bloque de poder de la derecha la ha capturado para que sirva a sus intereses. No es casual que los movimientos de reforma de la Administración se hayan orientado siempre hacia la “facilidad para hacer negocios”, como se denominaba un índice del Banco Mundial (por cierto, el índice dejó de elaborarse por un escándalo que señalaba su manipulación). Un buen ejemplo es la llamada Directiva europea relativa a los servicios en el mercado interior (2006), cuya transposición supuso un mastodóntico proceso de simplificación administrativa. ¿Alguien se imagina un movimiento simplificador tan ambicioso dirigido a garantizar los derechos sociales en lugar de a favorecer la actividad de las empresas?

Pongamos un ejemplo más concreto (siempre hay que sospechar de los análisis que carecen de ejemplos). Desde hace décadas, las empresas se han movilizado contra los retrasos de la Administración en los pagos de la contratación pública. Como respuesta a esas presiones, la Unión Europea aprobó dos directivas sobre morosidad y España innovó sofisticados mecanismos de control de la deuda comercial. En cambio, las reformas para agilizar las prestaciones sociales brillan por su ausencia.

La Administración pública ha sido capturada por los intereses empresariales. Para lograr que la Administración sea eficaz en la implementación de las políticas que protegen a la mayoría social, la izquierda debería prestar más atención en el plano discursivo a la reforma de la Administración, abogar por el mantenimiento y perfeccionamiento de los mecanismos de control y abanderar una propuesta de reforma estructural de la Administración que priorice la mejora regulatoria y la simplificación administrativa al objeto de garantizar los derechos sociales. El Estado es siempre un terreno de disputa.


Madrid –

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