Opinión

La gran estafa de los derechos fundamentales

El discurso de los derechos es una construcción ideológica que contribuye a reproducir las injusticias, pero, a diferencia de mitos pasados, puede rearticularse con fines emancipadores

Todos los regímenes políticos necesitan de instrumentos ideológicos legitimadores que faciliten su reproducción. Ni la dictadura más cruenta sobreviviría si la represión fuese la única herramienta de dominación. En los sistemas políticos del capitalismo occidental —las mal llamadas democracias o, peor aún, democracias liberales—, junto a los procesos electorales, los artefactos ideológicos más eficaces son las ideas de Estado de derecho, separación de poderes y derechos fundamentales. Estas construcciones sirven para todo: para que sobrellevemos mejor la desigualdad y la pérdida de bienestar, para deslegitimar alternativas pasadas o utopías futuras, para confrontar con los enemigos exteriores del momento.

Quizás los derechos fundamentales sean el dispositivo legitimador más resolutivo. No deja de ser curioso que, en estos tiempos en los que se mide todo, incluso la calidad de la democracia, prácticamente no haya instrumentos conocidos que permitan evaluar y comparar el cumplimiento de los derechos fundamentales. Pero, a poco que profundicemos, veremos la recóndita realidad.

Para empezar, no todos los derechos que aparecen recogidos en la Constitución española son derechos fundamentales, esto es, derechos que gozan del máximo nivel de protección. En España, el único derecho social que puede considerarse un derecho fundamental es la educación (probablemente para blindar su dimensión moral-religiosa y el consecuente negocio). Conviene recordar que derechos como la sanidad, la vivienda o el medio ambiente no son derechos fundamentales. Un ejemplo paradójico: tenemos el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, pero no el de disfrutar de un domicilio digno.

Tampoco es que los derechos fundamentales sean la panacea para el común de los mortales. Quizás la principal garantía de un derecho fundamental sea la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pues bien, la inmensa mayoría de estos recursos son inadmitidos a trámite —mediante resoluciones-formulario que no acreditan siquiera la lectura del recurso— debido a que carecen de “especial trascendencia constitucional” (así se llama el requisito legal y así lo explican las memorias anuales del guardián de la Constitución). Podríamos añadir también la cifra negra de recursos (y reclamaciones en general) que no se presentan por los conocidos problemas de falta de capital cultural o barreras económicas y de otro tipo que tenemos las personas de a pie. Puede que el Tribunal Constitucional sirva para algo, pero desde luego no para defender los derechos fundamentales.

Más aún, ni el poder judicial ni la Administración pública se preocupan por proteger los derechos, en particular los de las clases populares. La mayoría de las personas que tienen capacidad decisoria carece de la sensibilidad social necesaria para llevar a cabo actuaciones proactivas que contrarresten las fuertes inercias institucionales. Es verdad que muchas veces faltan medios materiales y personales suficientes, pero el principal problema de la judicatura y del alto funcionariado es su imperante conservadurismo: quienes deben velar por los derechos niegan la existencia de desigualdades estructurales (clase, género) o no creen que deban ser removidas.

En los niveles políticos, las familias conservadora y reaccionaria, si es que pueden distinguirse, comparten el proyecto de mantener el statu quo y, en función de la coyuntura, ampliar los privilegios de la clase dominante. Por su parte, la familia progresista, cuando no se ha mimetizado con las anteriores, hace tiempo que ha normalizado la resignación (incluso en la izquierda transformadora se ha pretendido colar el discurso de que es mejor no hacer ruido). Quienes defienden los derechos en los contextos más difíciles, en el mejor de los casos, son tildados de ingenuos o temerarios, y se exponen a todo tipo de represalias.

El discurso propagandístico de los derechos fundamentales (y de los derechos en general) también oculta que quien ejerce un derecho suele confrontar siempre con otra persona (física o jurídica) que es titular de otro derecho. En puridad, casi todas las relaciones sociales se articulan como conflictos de derechos, ya sean potenciales o reales. Lo que sucede es que el mundo de los derechos es asimétrico: los derechos de los de arriba son derechos duros, mientras que los derechos de los de abajo son derechos débiles. En el plano internacional las asimetrías son del todo evidentes: más de dos millares de tratados bilaterales de inversión blindan los derechos de las grandes empresas, mientras que los derechos de las personas de a pie en la esfera económica suelen recogerse en instrumentos programáticos o de soft law (Derecho blando).

Y es que no podemos olvidar que un derecho vale lo que valen sus garantías. Todos los derechos, para que sean efectivos, dependen del cumplimiento de obligaciones ajenas. Sin embargo, la atractiva retórica de los derechos provoca que las conquistas sociales enfaticen la proclamación de los derechos y no tanto la atribución de obligaciones correlativas. Además, los derechos fundamentales sirven para legitimar las más flagrantes injusticias: unas pocas personas acaparan los medios de comunicación o las viviendas en ejercicio del derecho fundamental a la libertad de empresa. ¿Qué hacer? El discurso de los derechos es una construcción ideológica que contribuye a reproducir las injusticias, pero, a diferencia de mitos pasados, puede rearticularse con fines emancipadores si llevamos a cabo las correcciones necesarias. Lo primero es tomar conciencia y denunciar la farsa. ¿Acaso se respetan los derechos fundamentales de los activistas ambientales represaliados, las víctimas de las cloacas policiales-mediáticas o el periodista Pablo González? Después, los movimientos emancipadores deben asumir que no basta con canalizar discursivamente los avances sociales en la idea de derechos, sino que es imprescindible desarrollar estrategias institucionales para tutelarlos que incluyan garantías jurídicas y, también, cambios estructurales en los aparatos organizativos de la cosa pública.