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La vivienda en Galicia: Misión imposible

Cuando el PP de Galicia recuperó la Xunta en 2009, tras el cuatrienio del bipartito, se construían en el país 3.500 viviendas de protección oficial al año, en el 2022 apenas unas 200


El acceso a una vivienda en Galicia es una tarea cada vez más complicada para las clases populares. La vivienda turística ha distorsionado el mercado de alquiler, constriñendo la oferta de alquileres estables. Cuando la demanda es mucho más fuerte que la oferta, los precios se disparan; la subida del Euribor y la escasa oferta también han complicado sobremanera el optar por la opción de la compra. Nos encontramos ante un bien de primera necesidad, no hay nada más básico para un proyecto de vida que tener un techo propio. Cuando la mano invisible del mercado no funciona (que es lo que ocurre casi siempre, por mucho que los liberales digan lo contrario) la política debe intervenir.

El precio en Galicia de la vivienda de alquiler cerró el año 2023 con un incremento porcentual del 8.4% respecto al año anterior, situándose en una media de 8.63 euros por metro cuadrado, según datos del portal inmobiliario Fotocasa. Este incremento supone la subida más alta en Galicia desde 2019. Por provincias, en Pontevedra el precio del alquiler subió un 10.7%, hasta los 9.94 euros el metro cuadrado, en Ourense el coste del metro cuadrado subió un 8.8% el hasta los 6.91 euros, en A Coruña la subida fue de un 7.1% hasta los 8.41 euros y en Lugo un alza del 5.4% con un precio del metro cuadrado de 6.86 euros.

En un contexto en el que la oferta de vivienda turística en Galicia es ocho veces superior a la del alquiler (22.154 viviendas vacacionales frente a 2.700 dedicadas al alquiler tradicional, según datos del informe anual de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias) y hay 359.000 viviendas vacías en el país, de las que solo el 1.5% se encuentran en el circuito de la comercialización, la tendencia seguirá al alza de no existir una intervención de los poderes públicos. 

Cuando el PP de Galicia recuperó la Xunta en 2009, tras el cuatrienio del bipartito, se construían en el país 3.500 viviendas de protección oficial al año, en el 2022 apenas unas 200. En el período 2019-2022 el Instituto Galego de Vivenda e Solo dejó sin ejecutar más de la mitad del presupuesto disponible en los programas de vivienda. El gobierno de Rueda no parece por tanto muy interesado en remediar el problema del acceso a la vivienda, más bien parece alimentar los intereses especulativos de una minoría. Que la ministra de vivienda del gobierno de España dejara clara en su toma de posesión que su prioridad son los intereses de los propietarios tampoco parece la mejor noticia para quienes están desesperados por conseguir acceder una vivienda, ya sea mediante la compra o el alquiler.

Paliar el problema de la vivienda es una cuestión de voluntad política. El derecho a una vivienda digna está recogido en la Constitución, con la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias y las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Los constitucionalistas más fundamentalistas del régimen del 78, PP y PSOE, nunca se han atrevido a hacer políticas valientes en materia de vivienda y siempre se han puesto del lado de los grandes tenedores. Hacen falta fuerzas políticas osadas, que legislen para garantizar este derecho básico de la ciudadanía.


Madrid –

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