Teresa Ribera (PSOE) y Juanma Moreno Bonilla (PP) en Doñana — Francisco J. Olmo / Europa Press

Lluvia de millones para los terratenientes piratas que han secado Doñana

El acuerdo, que tiene puntos positivos a valorar porque el bien mayor es la protección del Parque Natural, no puede convertirse en un premio a los culpables 


El Gobierno de España ha llegado a un acuerdo con la Junta de Andalucía por el que, a cambio de 1.400 millones para medidas de desarrollo socioeconómico y obras hidráulicas en la provincia de Huelva y en el municipio de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), PP y Vox se comprometen a retirar la ley de regadíos que iba a regularizar pozos ilegales que llevan años regando cultivos de frutos rojos con agua del Parque Nacional de Doñana. 

España se enfrentaba a multas multimillonarias de la UE si salía adelante la norma. La Unesco llegó a amenazar con incluir a Doñana en la lista de patrimonio natural en peligro si el Gobierno andaluz sacaba adelante la normativa que habría secado para siempre el pulmón verde del sur de Europa.

Más allá de que Doñana sea un espacio de enorme valor por su biodiversidad, su riqueza paisajística o por ser el hogar de cientos de aves autóctonas o migratorias, no es menos destacable que forma parte del patrimonio emocional de Andalucía porque en el espacio protegido se encuentra El Rocío que, más allá del credo que cada uno profese, tiene un significado especial para un pueblo andaluz que vive de una manera particular la religiosidad popular.

Doñana, que se encuentra en la actualidad en una situación de especial gravedad por la ausencia de agua, no ha llegado hasta este punto solamente por la sequía, ni tampoco por el PP que, ciertamente, ha despreciado el espacio protegido desde que llegó a la Junta en 2019, siendo la prueba más evidente la ley que ahora la derecha se compromete a retirar tras llevar años prometiendo un agua que no existe.

En 2014 se aprobó por el Parlamento andaluz, durante el cogobierno PSOE-IU, el Plan Especial de Regadíos de la Corona Forestal de Doñana, más conocido como Plan de la Fresa, donde se marca qué fincas eran regables y cuáles no. Sin embargo, cientos de agricultores piratas han ido abriendo pozos ilegales y aumentando las hectáreas de cultivos de los frutos rojos sin que la administración autonómica tomara medidas y haciendo la vista gorda a cambio de votos al PSOE en los municipios de la comarca del Condado de Huelva.

Este mismo mal, el de buscar votos antes que la preservación de Doñana, es lo que pretendía el PP y Vox con esta ley que ahora se comprometen a retirar. El presidente andaluz sabía desde el principio que no había agua para regar las casi 2.000 hectáreas de superficie fuera de la categoría oficial de suelos agrícolas regables. Resumiendo, el PSOE amnistió a los agricultores piratas por la calle del medio, haciendo la vista gorda, y el PP y Vox pensaron en hacer una ley para legalizar el delito. 

Durante todos estos años se ha despreciado la opinión de los colectivos ecologistas, de los científicos y también la de los agricultores que honradamente cultivan sus tierras de regadío, a los que los empresarios piratas de los frutos rojos les han estado robando el agua y haciéndole competencia desleal. Uno de los casos más hirientes de esta práctica se ha visto en las últimas semanas en Aznalcázar, un pueblo de la provincia de Sevilla donde los herederos de la Duquesa de Alba riegan una finca de 200 hectáreas de naranjos con agua procedente de ocho pozos ilegales de los acuíferos de Doñana. 

No estamos hablando de pequeños agricultores, sino de terratenientes que se han permitido actuar como señores feudales en pleno siglo XXI con la aquiescencia del PSOE y PP y a los que, a cambio de votos, se les ha permitido destrozar Doñana. El acuerdo entre la Junta y el Ministerio de Transición Ecológica es una buena noticia, como así lo celebran las entidades ecologistas y la Plataforma Salvemos Doñana que llevan años alertando de la muerte cerebral del mayor humedal de Europa.

No estamos hablando de pequeños agricultores, sino de terratenientes que se han permitido actuar como señores feudales en pleno siglo XXI con la aquiescencia del PSOE y PP 

Sin embargo, no es una buena noticia que los terratenientes piratas, que de forma ilegal han abierto pozos en las 2.000 hectáreas fuera del Plan de la Fresa de 2014, vayan a recibir 100.000 euros por hectárea cuando el precio de mercado de las fincas de secano no supera los 30.000 euros por hectárea. Aunque la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, haya dicho que “no hemos comprado terrenos de regadío ni derechos de agua que no existen”, la realidad es que el Estado se va a gastar una millonada en indemnizaciones a los empresarios que supriman sus invernadores de frutos rojos, sean legales o ilegales. 

No hace falta ser ingeniero agrónomo para adivinar que ningún terrateniente de los que han ocupado las 2.000 hectáreas fuera del Plan de la Fresa va a continuar cultivando frutos rojos si se corta el agua de los pozos ilegales y se aumenta la vigilancia para cerrarlos todos. No hace falta ser un experto en agricultura sostenible para saber que una hectárea de secano no vale 100.000 euros. 

El acuerdo, que tiene puntos positivos a valorar porque el bien mayor es la protección de Doñana, no puede convertirse en un premio a los culpables de haber llevado a la situación de crisis hídrica actual al Parque Natural de Doñana y a los agricultores que viven honrada y legamente de sus tierras y que también van a sufrir unas consecuencias de sequía que no han generado. Uno de los puntos más positivos del acuerdo es el compromiso para construir albergues y viviendas para las familias temporeras provenientes de Marruecos y de otros países de la África subsahariana, sin las cuales la provincia de Huelva no sería una potencia exportadora de frutos rojos. 

No falta agua porque no llueva, que también, sino porque se ha permitido un modelo de agricultura extensiva que consume agua por encima de las posibilidades de un territorio de clima mediterráneo. En Andalucía llueve poco desde siempre, no desde ahora. El agua es un bien que preservar, más ahora con la situación de emergencia climática, por eso es un mensaje peligroso el que se manda regando con dinero público a los terratenientes que llevan años robando un bien común que escasea. No es casualidad la alegría que desbordaba el presidente andaluz en la rueda de prensa junto con la ministra Teresa Ribera. Al fin y al cabo, han ganado los suyos, los terratenientes que llevan años incumpliendo la ley. 


Madrid –

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